La mayoría de análisis sobre el Estado se hacen desde las grandes categorías políticas: la legitimidad, la representatividad, el monopolio de la violencia, y poco nos detenemos a analizar el funcionamiento del aparato estatal desde el recurso humano, de quien depende en últimas la eficacia de la acción pública, la garantía de los derechos y la relación con los ciudadanos.
Hace unas semanas pasó desapercibida una historia publicada en el portal digital La Silla Vacía http://lasillavacia.com/queridodiario/la-muerte-que-tiene-consternado-al-ministerio-de-agricultura-49803 sobre la muerte de Diana Milena Carrillo, una contratista del ministerio de Agricultura que no recibió tratamiento a tiempo de parte de su EPS, pues su contrato no había sido renovado, no estaba al día en su pago en salud, razón por la cual, su servicio estaba suspendido, lo que contribuyó a su fatal desenlace.
Las cifras sobre la relación entre empleados de planta y contratistas no están disponibles ni consolidadas en el Ministerio de Trabajo o el Departamento Administrativo de la Función Pública. En el 2011 se conoció en medios de comunicación un forme del Ministerio en el que se decía que en el sector central por cada 100 trabajadores de planta había 132 contratistas, y en las entidades territoriales, por cada 100 de planta había 170 contratistas. De ser aproximada esta información, puede decirse que el Estado vive de las llamadas nóminas paralelas, una precarización laboral que la Corte Constitucional ha rechazado en sentencias como la C-614 de 2009 o la C-171 de 2012.
Poco se ha reflexionado sobre el impacto que tienen estas nóminas paralelas en el principio de continuidad del servicio público y, en general, sobre la eficacia del aparato estatal. Como consecuencia de las reformas de ajuste estructural de los años 80, la idea de adelgazamiento del Estado se tomó la agenda pública. El Estado, se decía, era un aparato muy grande, costoso en términos fiscales, e ineficiente, la mayoría de las veces cooptado por los sindicatos de empleados públicos. En Colombia, la profesionalización del servicio civil y la consolidación de la carrera administrativa es una tarea pendiente, siempre subordinada a la dinámica política de coyuntura.
La vida del contratista estatal es bien difícil, salvo el círculo de confianza del ministro o director de entidad, que gozan de privilegios en honorarios y continuidad de los contratos, los demás, que son la mayoría, viven pedaleando en las oficinas jurídicas sus contratos y sus prórrogas trimestrales o semestrales, haciendo informes que nadie lee para justificar los pagos, endeudándose para pagar las pólizas, los parafiscales y demás costos de transacción de la contratación. No reciben los beneficios de los empleados, en términos de vacaciones, licencias de maternidad, permisos, bienestar social, horarios de trabajo, afiliación sindical, salud ocupacional, entre otros, y en la práctica, sobre los contratistas descansan los grandes procesos misionales de las entidades con muy poco reconocimiento institucional.
Rafael Pardo desarrolló una importante labor en el ministerio de Trabajo para enfrentar esta realidad, pero hoy este tema no tiene doliente, ni en esa cartera, ni en otras entidades del Estado que deberían ocuparse del asunto, mucho menos en tiempos donde es necesario pagar los favores políticos de la reelección, y donde en época pre electoral en las entidades territoriales, es usual pedirle a los contratistas número de votos para asegurar la continuidad de sus contratos. Esa es la realidad de nuestro Estado.
