La administración de la justicia en Colombia no funciona. Todo el mundo lo sabe y lo sufren quienes deben acudir a los jueces para reclamar sus derechos. A nivel de juzgados, los procesos son lentos, principalmente porque los jueces están desbordados, como lo están los llamados Juzgados de descongestión, mil de ellos, que se crearon para tratar de mejorar las cosas y que, según dice la prensa, tienen un promedio de dos mil procesos cada uno.
La justicia penal es kafkiana, comenzando por la Fiscalía que no ha podido sacudirse, en sus altas esferas, de la acusación de intervención en temas políticos (en las negociaciones de La Habana) y de contratación excesiva (con Natalia Springer). Si se quieren ejemplos, allí están los procesos por el asesinato de Álvaro Gómez hace 20 años, el de Samuel Moreno, acusado de cohecho, peculado, concierto para delinquir y otros delitos (con seis aplazamientos hasta ahora) o el del asesinato de Luis Andrés Colmenares (en el que hasta se ha ordenado investigar penalmente a dos exfiscales). El cierre del proceso por vencimiento de términos es pan de cada día. Las altas cortes, que deberían ser paradigma de rectitud y sabiduría jurídica, no escapan a las críticas y baste mencionar el caso en la Corte Constitucional en el que están envueltos el magistrado Jorge Pretelt, el exmagistrado Rodrigo Escobar Gil y el abogado Víctor Pacheco. Un fallo del Consejo de Estado tarda unos diez años y uno de casación en la Corte Suprema de Justicia unos cinco, todo esto sin incluir el tiempo que ya ha demorado el proceso ante jueces y tribunales. No es raro el caso en el que ha trascurrido tanto tiempo desde cuando se inicia una acción que cuando se falla definitivamente una o las dos partes han ya fallecido.
Volviendo a los juzgados de descongestión judicial, el Consejo Superior de la Judicatura, antes de terminar sus funciones para ser remplazado por el Consejo de Gobierno Judicial, no prorrogó su existencia, aparentemente por falta de recursos y el martes 3 los juzgados amanecieron cerrados, con el consiguiente caos. Los acaban de prorrogar hasta el 30 de noviembre. La Judicatura sí creó cargos permanentes adicionales en los juzgados pero no hizo los nombramientos, ni reglamentó cómo se haría el traslado de expedientes de los juzgados de descongestión. Esta situación demuestra la improvisación con que se gobierna todo lo que respecta a la administración de justicia, la falta de interés de los gobiernos en esta esencial función del Estado. La “mermelada” no deja nada para la justicia. Donde no hay justicia no hay Estado, hay violencia, hay guerrilla. Esto nos lleva a preguntar dónde ha estado el ministro de Justicia durante todo este proceso.
