Mientras la ola de protestas pacíficas contra el gobierno de Maduro desemboca en detenciones masivas, muchos esperan que el clamor juvenil concite el apoyo internacional para rescatar a la democracia en Venezuela.

"Se llevaron al hijo de Sandra!", decía un mensaje que me llegó el 26 de abril por WhatsApp , a través del grupo de mis compañeras de secundaria en Venezuela. A partir de entonces, la cantidad de mensajes diarios no baja de cien.

El hijo de Sandra tiene 17 años. La Guardia Nacional Bolivariana lo detuvo, junto con otros diez chicos, tras disolver una manifestación pacífica en Caracas. Durante 24 horas, ninguno de sus familiares supo adónde lo habían trasladado. Al segundo día, dieron con él: estaba preso en una cárcel de delincuentes comunes. Fue puesto en libertad 13 días después. Mientras tanto, llegaron muchos otros mensajes al WhatsApp: "mi hija está con broncoespasmo porque la GN lanzó bombas lacrimógenas al lado del colegio"; "el sobrino de María Eugenia está detenido"; "tengo cuatro alumnos en la cárcel".

La prensa habla de 3000 manifestantes detenidos ilegalmente e imputados de delitos penales en los últimos dos meses. El gobierno chavista de Nicolás Maduro desmiente la cifra. ¿Cómo saber la verdad? De lo único que puede dar fe cualquier persona es de aquello que vive en carne propia. Bien: mis cuarenta y cinco compañeras de secundaria y yo damos fe de que detuvieron ilegalmente al hijo de Sandra, al sobrino de María Eugenia y a cuatro alumnos de Giannina. También damos fe de que cayeron bombas lacrimógenas en la misma cuadra donde todavía funciona nuestra escuela y de que es frecuente ver automóviles sin placa rondando los lugares próximos a las universidades y las plazas donde suelen congregarse los estudiantes.

En pocos meses, Venezuela parece otro país. La ola de protestas estudiantiles empezó en febrero, en Táchira, y se extendió por todo el territorio nacional. Caracas está inundada de Guardias Nacionales que van por las calles, siempre de a dos, pertrechados de escudos antimotines y armas largas. "Tortugas Ninjas", los llaman los jóvenes. Los estudiantes salen a manifestar y, ya acostumbrados a distintos tipos de bombas, van con los rostros cubiertos por máscaras antigás o las cabezas envueltas con trapos. La asistencia a clases ha dejado de ser obligatoria. ¿Cómo exigir a las madres que manden a sus hijos al colegio, si hay barricadas por todos lados y se corre el peligro de que ese día haya enfrentamientos callejeros y que la ciudad se parezca a la de un país en guerra?

"El 12 de febrero se inició una ola de represión que ha llegado a un nivel que no habíamos vivido desde que recuperamos la democracia en 1958", me dijo Nizar El Fakih, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Sólo en Caracas y zonas aledañas, ese Centro ha constatado mil casos de personas detenidas por manifestar pacíficamente. "Al revisar los expedientes, comprobamos que no existe ningún elemento que las incrimine", dice El Fakih. "Se trata de una violación generalizada y sistemática de la libertad personal y del derecho universal a no ser apresado a menos que uno sea sorprendido en el acto de cometer un delito o que haya una orden judicial que ordene la detención."

A partir del momento en que se detiene a un estudiante, empieza a funcionar un mecanismo que suele repetirse. Durante varias horas, los chicos son "ruleteados" (llevados de un lado a otro sin destino fijo, despojados de sus teléfonos celulares, amenazados) antes de llegar a una cárcel. Desde que son detenidos hasta que se los presenta en tribunales suelen transcurrir 48 horas. Durante ese lapso, muchos permanecen incomunicados, se impide a abogados y familiares acceder a ellos y se les prohíbe a los defensores acceder a las actas policiales para conocer qué hechos se les imputa. La mayoría de las detenciones son de jóvenes de entre 18 y 25 años.

Las condiciones para que sean liberados son cada vez más complicadas. Desde hace pocas semanas, se exige una fianza y varios fiadores que se comprometan al buen comportamiento de los jóvenes. Los fiadores no pueden ser familiares directos, nadie puede ser fiador más de una vez y, para serlo, hay que demostrar ingresos mensuales superiores a 100 unidades tributarias (al menos cuatro salarios mínimos). El tiempo que transcurre mientras los detenidos encuentran fiadores, los fiadores consignan los requisitos legales y el tribunal revisa la documentación, suele ser de entre dos semanas y un mes. Recién entonces se ordena la liberación de la persona.

Uno de los chicos que se llevaron el mismo día que al hijo de Sandra aún está preso. Se llama Neomar Enrique DiSalle, tiene 15 años y pertenece a una familia de escasos recursos. De esto también damos fe: una de mis compañeras está abocada a ayudarlo a encontrar tres fiadores y a recaudar los 36.100 bolívares que piden para dejarlo salir.

Las autoridades dicen que la mayoría de los jóvenes sale en libertad, pero El Fakih lo desmiente. "Salen con libertad condicional, con un expediente penal abierto y un régimen de presentación periódica mientras dure el proceso en su contra. A eso no puede llamársele libertad plena", afirma.

También hay denuncias de agresiones graves, como la de Moisés David del Valle Guánchez Villes, de 19 años, que fue detenido por la Guardia Nacional Bolivariana en marzo. Una vez sometido, le dispararon un perdigón en un testículo. Él empezó a desangrarse y la GN lo llevó a un hospital. En el camino lo despojaron de su ropa y, al llegar, lo obligaron a ir desnudo desde el estacionamiento hasta la sala de emergencia donde le hicieron tres transfusiones y fue intervenido quirúrgicamente. "No es un rumor de pasillo -dice El Fakih-. Esto consta en el expediente que está en el Tribunal 4 de Control Penal de Los Teques."

Padres que ignoran el paradero de sus hijos. Miles de jóvenes que entran a la adultez con antecedentes penales. Miedo a dar nombres propios. Una espiral de desconocimiento, de especulación y rumores difícil de controlar. Ése es el clima que se vive en las principales ciudades de Venezuela. Y, sin embargo, puestos en la disyuntiva de permanecer en la lucha o desistir, los jóvenes demuestran un ímpetu sin precedente. Si para algo han servido las detenciones masivas es para que ellos renueven sus protestas.

"La presencia de los estudiantes en las calles siembra una esperanza en Venezuela", dice Giannina Olivieri, directora de la Escuela de Letras de la UCAB. "Los jóvenes que han crecido en este régimen levantan la voz en la defensa de la libertad y de la democracia. Esta lucha en las calles tarde o temprano dará sus frutos." Ya los está dando: la comunidad internacional, hasta ahora bastante indiferente a lo que sucede en ese país, empieza a abrir los ojos. Ojalá las autoridades argentinas también lo hagan.