Una guerrilla casi derrotada sin capacidad de tomarse el poder y sin apoyo popular recibió trato de contraparte del Estado.

Las Farc, ni tontas que fueran, han sabido sacar jugosas ventajas económicas, políticas y jurídicas de la posición blandengue del gobierno Santos.

El presidente Santos contará con poderes especiales –estilo Chávez- en una ley habilitante con la que llevará a cabo los compromisos asumidos en La Habana.

Eso significa torcer el espíritu y el contenido de la Constitución Nacional. Serán irrespetados los acuerdos, pactos y organismos de justicia internacional que hacen parte de nuestra legislación.

Las Farc no entregarán las armas, tendrán bajo su control vastas áreas agrarias o Zonas de Reserva Campesina, se creará una nueva jurisdicción electoral a su exclusivo servicio, se les asignarán puestos en el Congreso y demás organismos de elección popular de nivel departamental y municipal.

Los jefes guerrilleros responsables de crímenes de lesa humanidad no comparecerán ante un juez de la república sino ante tribunal especial de paz conformado entre las partes. No pagarán cárcel, no pedirán perdón pues según alias Timochenko ellos no tienen nada de qué arrepentirse pues sus acciones fueron motivadas por el altruismo.

Para las Farc, es posible que haya una sola verdad, la de ellos. Como no pudieron obtenerla de la comisión de especialistas, tendrán una Comisión de la Verdad conformada por las partes que dirá, al fin de cuentas, que las Farc son producto de las injusticias sociales y de la persecución política. El relato sobre el conflicto versará sobre la justeza de “su levantamiento” mientras los voceros del gobierno y la intelectualidad obsecuente reniegan de la guerra, consideran que la respuesta del Estado fue militarista y violenta.

Este gobierno y sus plumas embadurnadas de mermelada con jugosos contratos sufren del síndrome de Estocolmo, piensan que no hay nada que defender de este Estado, no creen en nuestra democracia y repiten como loros el mismo discurso descalificador que las guerrillas sostienen sobre las instituciones y el Estado colombiano.

El presidente Santos, sus ministros y sus escribanos incondicionales así como las elites centralistas padecen de baja autoestima pues actúan como si no valiera la pena pararse firmes en la defensa de principios de justicia.

Por eso piensan que la lucha armada tuvo justificación, por eso le hacen concesiones a placer a las guerrillas.

Y aceptaron crear la Jurisdicción Especial de Paz que desconoce a la Justicia colombiana y en esencia es un golpe de estado.

Las Farc han renegado toda su existencia de la democracia, pero, es claro que la van a utilizar para acercarse a la población y tratar de ganar el respaldo que no lograron por la vía armada.

Para los impúdicos ingenuos, ahí está el nefasto ensayo del chavismo en Venezuela: aprovechó el exceso de confianza de los gobernantes y de la candidez de sus dirigentes.

Los pazólogos no ven problema en que la guerrilla mantenga su ideología marxista-leninista, como si esta no fuese la inspiradora de los grandes crímenes de la humanidad en el siglo XX cometidos por Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot, la dinastía Kim, el presidente Gonzalo, el Ché, dirigentes que sostenían que cualquier sacrificio era válido para liberar a la humanidad del yugo capitalista.

Santos y sus áulicos creen, contra toda evidencia, que las guerrillas representan la justicia social y los intereses del campesinado y que las elites dirigentes tienen una deuda histórica, deuda que no pagarán a los campesinos pobres sino a sus presuntos representantes.

Santos dictará una ley que permite a criminales de guerra ser elegidos y competir por la presidencia como si no hubiesen cometido delitos atroces.

Santos vendió a Isagen, incrementará el IVA y aprobará una nueva reforma tributaria para cubrir los costos del posconflicto ya que aceptó, en aras de la paz, que la guerrilla no tiene dinero para resarcir o reparar a sus miles de víctimas y para financiar las incontables comisiones que se instalarán de forma paralela al Estado, su soñado poder dual.

Santos puso en marcha una política de debilitamiento de las Fuerzas Armadas descabezándola de sus mejores y más combativos oficiales, impulsando la condena de militares por parte de su fiscal de bolsillo y comprometiéndose a rediseñar su doctrina militar.

Santos ha mentido de manera flagrante pues todo aquello que prometió no hacer ni ceder lo ha hecho y ha cedido a una guerrilla empoderada que está a punto de ser borrada de su prontuario terrorista sin pagar un peso ni un día de cárcel.

Las Farc no serán responsables de secuestros, narcotráfico, reclutamiento de menores, destrucción de pueblos, sembrados de minas antipersonal, masacres de civiles, y otros crímenes de lesa humanidad, porque el presidente Santos y las altas Cortes por él controladas consideran estos estropicios como conexos al delito de rebelión.

Santos dividió el país, persigue a la oposición y estimuló la corrupción para darle poder a una minoría violenta y atrabiliaria.