La semana pasada el país se cubrió de luto y lloró sus muertos de una manera que creíamos sepultada en el pasado para siempre. Los mismos crímenes que afligían el alma de la nación antes del 2002 y que la seguridad democrática había desterrado, regresaron para desgracia nuestra: Las FARC atacan la población de Balboa en el Cauca con cilindros y destruyen 100 viviendas, en Pradera explota una bomba en plena fiesta de Halloween que deja dos muertos y treinta heridos, entre ellos varios niños, en Maicao secuestran a un comerciante, mientras en Santa Rosa de Osos, una BACRIM socia de las FARC masacra a 10 campesinos porque el dueño de la empresa agrícola se negó a pagar una extorsión, y en Medellin y Villavicencio respectivamente caen asesinados dos ibaguereños, el teniente Freyte y el doctor Jaime Triana. 

¿Qué ocurrió con esa Colombia que en el pasado gobierno había logrado tranquilidad y confianza gracias a la seguridad? Si tenemos las mismas fuerzas armadas de antes, o quizá más grandes, ¿por qué se enseñorea otra vez la violencia entre nosotros? La respuesta está en la política.

El presidente Uribe en sus ocho años de gobierno mantuvo la decisión política de combatir todas las formas del crimen sin tregua y con firmeza. Ejerció como comandante supremo de unas fuerzas armadas que siempre recibieron el mismo mensaje; cero tolerancia con los violentos y magnanimidad con el vencido desmovilizado. Una red de cooperantes inmensa potenció la labor de las fuerzas armadas arrojando unos resultados demoledores para los violentos. Alcaldes y gobernadores en su gran mayoría atendieron el ejemplo presidencial y asumieron el liderazgo político de la seguridad a nivel local y regional.  Por primera vez la política se sintonizaba con nuestras fuerzas armadas y con la comunidad para derrotar a los violentos. Y lo logramos. Masacres, tomas de pueblos y en gran medida los secuestros nunca se volvieron a ver en los espacios noticiosos, por el contrario, para resarcimiento de las víctimas, veíamos frecuentemente como caían los verdugos abatidos o extraditados. 

Para el gobierno Uribe no había criminales de mejor familia ni violencias altruistas, todos debían someterse al ordenamiento jurídico.

Pero la política cambió. El presidente Santos empezó a dar señales tempranas de que la seguridad ya no ocupaba un lugar importante en la agenda política, y empezó a tener gestos amigables con los violentos para ganar su confianza: proclamó a Chávez como su nuevo mejor amigo ignorando su complicidad con los narcoterroristas, se olvidó de las bases norteamericanas para la intercepción de vuelos ilícitos, declaró el conflicto interno armado, e hizo aprobar en el congreso el marco jurídico para la paz que les otorgó impunidad. Todo ello con el fin de negociar una “paz” con el terrorismo. 

La seguridad se quedó sin liderazgo político, las fuerzas armadas quedaron desorientadas ante la orfandad política y los mensajes contradictorios, y  las redes de apoyo ciudadano fueron desmanteladas. Desde la rama judicial se agudizó la guerra jurídica y el Fiscal General, cuyo deber es meter a los criminales a la cárcel, remató diciendo que en el caso de Timochenko preferiría meterlo más bien al congreso. Los resultados de tan absurdo viraje en la política contra el crimen y de seguridad del Estado los estamos viendo hoy, y como siempre, son los más vulnerables los que pagan, en este caso con sus vidas, los desaciertos de los políticos.  

No sabemos qué le disgustó a Santos de la paz que se logra con la seguridad, puede ser que ella no sea crédito suficiente para aspirar al Nobel, o a la secretaria de la ONU, o quizá en un acto de soberbia extremo la repudió solo porque su artífice había sido el presidente Uribe. Lo cierto es la seguridad se quedó sin liderazgo político desde las tres ramas del poder público.

La doctora Patricia Conley de la Universidad de Northwestern ha definido unos criterios para determinar cuándo un presidente ha recibido un mandato en las urnas. Entre ellos los más importantes es haber ganado por amplia mayoría y que la mayoría de los votantes se identificara con la preferencia por una política. De acuerdo con esto, el presidente Santos recibió un mandato claro de continuar la política de seguridad democrática, y al derogarla, ha defraudado a sus electores, por eso, a pesar de toda la mermelada que va a esparcir, las urnas le pasarán la cuenta en el 2014.