Resumamos el caso Petro: él fue elegido en octubre del 2011 por una minoría del electorado bogotano, debido a la infame división de los candidatos democráticos en esta elección, como Alcalde de la ciudad. De inmediato Petro llevó a cabo una gestión disparatada, ineficiente, ideologizada, radical y conflictiva. El clímax de la ideologización ineficiente de su gestión fue el pasado Diciembre del 2012, cuando llevado por el fanatismo y la improvisación radical y temperamental característica de su gestión, inició un programa de recolección de basura bajo la figura del monopolio público, sin haber planificado la implementación de esa gestión, llevando a Bogotá al caos, teniendo como consecuencia de esto peligrosísimos daños ambientales, económicos y sanitarios. Esta ineficiencia no tenía justificación alguna, aún más fue en múltiples ocasiones advertido de la catástrofe que se avecinaba, tanto por los organismos públicos de control, tanto como por el Concejo y entidades privadas.
Dado que la catástrofe anunciada se cumplió, la Procuraduría General de la Nación, en uso de sus atribuciones estipuladas en el artículo 277 numeral 6 de la Constitución e igualmente el artículo 278, numeral 1, destituyó e inhabilitó al Alcalde Petro, tal como lo ha hecho desde 1991 con miles de funcionarios.
Se critica al Procurador Ordoñez de extralimitarse con Petro por razones ideológicas, pero la denuncia está desvirtuada porque el Procurador Ordoñez no ha tenido miramientos en destituir funcionarios de todo el espectro político, como en toda acción humana, se puede diferir de la actuación del funcionario, como en particular difiero de la destitución de Andrés Felipe Arias (por cierto precandidato del Conservatismo, la tolda del Procurador, ¿entonces donde están los prejuicios ideológicos de éste?). En todo caso lo que sí está demasiado claro es que en todas las sanciones del Procurador, él ha actuado bajo el estricto ordenamiento constitucional y legal.
Entonces ¿Qué es lo que sucede en el caso particular de Petro? Muy sencillo: los miles de funcionarios destituidos por los diversos procuradores en 22 años TODOS acataron la ley. Pero resulta que Petro, en un proceso de desestabilización del sistema democrático, en el que están involucrados los narcoterroristas de las Farc y sus secuaces, como el perverso Fiscal General de la Nación y el Ministro samperista de Justicia (que contradicción ésta), quiere poner como pretexto para no acatarla, el que él es desmovilizado del M-19 y que supuestamente por eso tiene prerrogativas especiales, porque dizque se perjudicaría el proceso de paz.
En la típica posición alcahueta colombiana que pide que la policía agarre al ladrón y cuando ésta lo hace grita que lo suelten, la generalidad de la opinión pública que por toda la gestión de Petro ha estado denunciado su conflictividad e ineficiencia, ahora lo acompaña en su estrategia de victimización. Petro ha salido con la insolencia de izar la bandera del movimiento subversivo del cual formó parte en la Plaza de Bolívar, de señalar que se la ha dado un golpe y que el dárselo a él es lo mismo que a la democracia, de vindicar lo más abyecto de las estratagemas del Socialismo del Siglo XXI explotando las miserias de la población dependiente de sus programas populistas, pero fundamentalmente de intentar poner en jaque mate la legalidad democrática, es ésta la significación del caso Petro, o se respeta una sanción ejercida dentro del marco constitucional y legal, o los cómplices nacionales e internacionales del proceso desestabilizador, imponen un orden inconstitucional. En definitiva estamos en la misma posición que cuando la toma del Palacio de Justicia, en ese evento el M-19, en alianza con Escobar, quiso imponer su ley; ahora, algunos de los miembros de ese movimiento, que siguen en la lucha antidemocrática, quieren hacer lo mismo pero por medios pseudolegales. Del resultado final entre la lucha legalidad democrática o subversión por la toma de la justicia mediante su penetración, depende nada más y nada menos que la estabilidad de la democracia colombiana, he allí la significación del caso Petro.
Director Blog Debate Nacional
