La terna marcada

Luego de una convocatoria engañosa para aparentar transparencia, el presidente presentó los tres nombres que ya tenía escogidos de antemano. ¿También la Corte tendrá su carta marcada?

La terna más previsible, anunciada hasta la saciedad desde hace meses por los medios, fue confirmada ayer por el presidente Juan Manuel Santos, quien la remitió a la Corte Suprema de Justicia para que esta elija al próximo fiscal general de la Nación.

El experto penalista de la terna es el actual ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado. Pasa de ser miembro del gabinete a candidato al más poderoso cargo de la Rama Judicial colombiana. Aunque no rige ninguna inhabilidad legal, lo procedente es que se retire de su cargo ministerial para que, por lo menos formalmente, se preserve cierta igualdad de condiciones.

La doctora Mónica Cifuentes es presentada como quien ha dirigido toda la estrategia jurídica del proceso de paz con las Farc. Actual asesora del Alto Comisionado para la Paz, de ser elegida fiscal general pasaría de la confección de todo el entramado legal que permitirá a las Farc su reincorporación a la vida civil sin mayores apremios judiciales ni amenaza de penas de prisión, a dirigir el ente de investigación y acusación penal cuya misión fundamental es atajar la impunidad que carcome al país.

Néstor Humberto Martínez, por su parte, es un abogado y político cuya capacidad de adaptación a las corrientes de poder lo han llevado a ser el único con capacidad de pasar de ser ministro de Justicia de Ernesto Samper a ministro del Interior de Andrés Pastrana, y luego secretario general de la Presidencia con Juan Manuel Santos. Todo ello sin perjuicio de dirigir un gran despacho jurídico, desempeñándose, entre otras, como asesor de cabecera del sector financiero nacional. Como abogado comercialista y experto en derecho societario, no serían pocos los casos en que tendría que declararse impedido.

La terna, obviamente, tiene un norte común y con seguridad una instrucción precisa, y es no añadir ninguna dificultad a las negociaciones con la guerrilla, sea en el actual proceso con las Farc, sin fecha final cierta, sea en el indefinido con el Eln. Bien se sabe que el fiscal anterior, Eduardo Montealegre, llegó a tal punto de activismo con la paz negociada que claudicó por completo el valor de la justicia y de la igualdad ante la ley.

Los tres juristas ahora ternados tendrían como misión frente a quien los escogió seguir en la misma línea, pero en lo posible sin convertirse en actores políticos ni en jefes de debate de la paz.

Los tres son abogados con preparación académica y experiencia práctica. En la Corte Suprema hay que hacer campaña, y en eso juega la política. Ahí parte con ventaja Martínez Neira. La garantía de adhesión a los términos negociados con las Farc y su aplicación posterior la aporta la doctora Cifuentes. Así como algún margen de objetividad y algo de independencia, además de experticia penal, ofrecería el ministro Reyes.

Los tres saben que asumen un ente gigantesco en crisis financiera, desprestigiada y con poca credibilidad, con objetivos difusos y prioridades perdidas. Donde hay que reinstalar el principio de igualdad ante la ley y girar hacia la despolitización de la persecución penal, que debe dirigirse a atacar la criminalidad y no a los disidentes de las políticas oficiales.

Queda, finalmente, señalar una vez más la pantomima inoficiosa de haber convocado una inscripción abierta de aspirantes al cargo sabiendo de antemano que ya había cartas marcadas, proceso cuya seriedad quedó desvirtuada por completo y que solo vino a ratificar que el presidente considera que no hay ningún problema en minimizar su credibilidad.

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