El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, lanzó en julio de 2014 la Universidad de la Fiscalía definiéndola como la apuesta más ambiciosa de su administración.
En el evento de lanzamiento el Fiscal nombró al abogado Cesar Augusto Solanilla Chavarro como director de la Institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ), y dijo que con esta entidad “la historia de la Fiscalía se dividía en dos”. (Ver Inicia con paso firme la Universidad de la Fiscalía).
La historia se dividió en dos pero no para beneficio de Montealegre, ni de la Fiscalía, ni de los estudiantes de la CIJ y menos para las arcas públicas.
Según el Plan de Desarrollo 2015-2018 de la institución titulado: “La justicia presente en el corazón de cada ciudadano”, la CIJ contó en el 2015 con $23.653.784.364 de recursos de funcionamiento e inversión. Nada mal. (Ver página 21 del Plan de Desarrollo de la CIJ).
De ese total los aportes de la Nación ascendieron a $20.131.284.364, mientras que los recursos propios de la Fiscalía para esto eran de $3.522.500.000, es decir casi lo mismo que invierten en un contrato con la firma de Natalia Springer. (Ver tabla de Recursos Apropiados para 2015 CIJ).
Dentro del presupuesto de adquisiciones de más de 15.000 millones de pesos para gastar en el 2015 presentado por la CIJ, llaman la atención varios rubros como 800 millones de pesos para la compra del sistema de gestión documental tipo web-móvil bajo la política de cero papel, 500 millones de pesos para la adquisición de materiales radiactivos para el Laboratorio 1, o 600 millones de pesos para revistas. (Ver Plan Anual de Adquisiciones 2015).
Una universidad a todo dar.
Ahora bien, un año y medio después de ser inaugurada con bombos y platillos la CIJ será cerrada. Todo comenzó por una serie de peleas entre el fiscal Montealegre y el rector que él nombró, pasando por allanamientos a las instalaciones realizados por el CTI, acusaciones por supuestas irregularidades, e incluso una investigación penal por un copy/paste en uno de los informes de gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones.
En un comunicado de prensa del 25 de noviembre la Fiscalía, para defender sus acciones en contra de la CIJ, estableció que “se constató que cada estudiante le costaría al Estado un promedio de 700 millones de pesos anuales, lo cual evidenciaba su inviabilidad financiera. La planta de la Institución Universitaria no creció ni fue gerenciada de forma proporcional y razonable al número de estudiantes previstos y efectivamente matriculados: en la actualidad existen 80 funcionarios para 39 estudiantes.” (Ver Comunicado de prensa 119).
En su defensa, el rector Solanilla precisó que todo comenzó por negarse a contratar como profesores a dos personas que venían como recomendadas por Montealegre y que desde entonces la Fiscalía ha incumplido con los compromisos queriendo transgredir la autonomía que debía tener la institución.
“La universidad, dentro de su autonomía, estableció un estatuto para la selección de sus funcionarios”, dijo Solanilla, quien aclaró que los perfiles de los recomendados de Montealegre no encajaban en los puestos de docentes que necesitaban. (Oír Crisis en universidad inició porque no contraté a recomendados de fiscal: rector).
Un tierrero.
Ahora bien, sea responsabilidad de quien sea, lo que es claro es que esta institución es, o era, la Universidad de la Fiscalía, y por eso si falló, el Fiscal Montealegre como cabeza de la entidad no puede, simplemente, culpar de la debacle y de la pérdida de los dineros a quien él mismo nombró para el cargo, sin asumir una responsabilidad, por acción u omisión, de este contundente fracaso. Así de claro y así de sencillo.
