Martes 24 de Octubre del 2017

‘La verdadera paz empieza con el No’
 

Carlos Holmes Trujillo, Óscar Iván Zuluaga y el senador Iván Duque, precandidatos a la Presidencia de la República y voceros de la campaña del NO del partido Centro Democrático. - Foto: Archivo particular FCPPC

Por:  IVÁN DUQUE MÁRQUEZ, CARLOS HOLMES TRUJILLO, ÓSCAR IVÁN ZULUAGA. Publicado en El Tiempo 
A Colombia le llegó la hora de aprender a decir ‘No’. Lo pactado en La Habana entre el Gobierno y las Farc tiene todos los elementos para que la paz que se pretende no sea estable ni duradera.

Colombia merece una verdadera paz, con bases sólidas de justicia, reparación y garantías de sostenibilidad. Sin embargo, los acuerdos de La Habana son la antítesis de estos propósitos. Son generadores de nuevas violencias y mal ejemplo, porque el mensaje que se envía es que si usted quiere tener las mejores condiciones sociales, económicas, judiciales y políticas, la opción es atentar contra la institucionalidad, extorsionar, secuestrar, asesinar y ser narcotraficante.

Siempre alertamos –durante estos cinco años de negociaciones– sobre los riesgos de lo que se estaba pactando, pero los oídos fueron sordos. Hoy, ante unos acuerdos ya firmados y que, según el Gobierno, son inmodificables, y ante un plebiscito tramposo con una sola pregunta y con umbral reducido al 13 %, nos vemos obligados a decir ‘No’. 

Bien lo dijo el presidente Álvaro Uribe: “La agenda nacional no es la agenda del terrorismo; la democracia se defiende con coraje”. En este ejercicio para defender la patria, el Centro Democrático y millones de ciudadanos tenemos fuertes razones para votar ‘No’ en el plebiscito.

No habrá cárcel

El artículo 60 del acuerdo de justicia no contempla penas privativas de la libertad en condiciones carcelarias para los jefes guerrilleros que hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Así las cosas, el Gobierno permitirá que los responsables de secuestros, torturas, masacres, carros bomba, reclutamiento y violación de niños no vayan ni un solo día a la cárcel.

Además, se violaría el Estatuto de Roma, que en el artículo 77 exige “reclusión” para estos delitos; tampoco se cumpliría la Convención Americana de Derechos Humanos, que exige sanciones severas.

Con el simple hecho de que los cabecillas culpables de atrocidades confiesen sus crímenes y acepten sus responsabilidades, se libran de pasar un solo día en la cárcel. Habrá amnistía de hecho para delitos de lesa humanidad porque la sanción será restricción y no cárcel, en un país que tiene más de 100.000 presos por delitos menores que los de las Farc. ¡Qué mal ejemplo! 

El Centro Democrático ha aceptado que los guerrilleros rasos, que son la gran mayoría, no sean llevados a la cárcel. Sin embargo, cree que concederles total impunidad a los responsables de atrocidades es mal ejemplo que promueve nuevas violencias.

Todos estos vacíos pueden traer en el futuro la acción de la Corte Penal Internacional, poniendo en riesgo la sostenibilidad de los acuerdos.

Premiados con curules

Queremos una paz en la que los responsables de delitos atroces no sean elegibles. No obstante, en el artículo 36 del acuerdo de justicia, el Gobierno aceptó que quienes cometieron estos delitos tengan todas las posibilidades de participación en política, al imponer que cualquier sanción “no inhabilitará ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política”.

Con estos acuerdos de La Habana, los cabecillas pasarán de ser los victimarios de una comunidad a ser sus autoridades: Presidente, congresistas, gobernadores, alcaldes, concejales, diputados.

¿Cuáles son los argumentos para decirle a Colombia que un criminal de lesa humanidad merece llegar al Congreso de la República? Esto es contrario a lo que establece la Constitución, que no permite la participación de nadie que haya sido condenado, salvo que sea por delitos políticos.

A las 10 curules que el Gobierno concedió a las Farc, sin importar que sean responsables de atrocidades, se suman otras 16 que surgirán de circunscripciones exclusivas para candidatos de las Farc o afines a ellos en lugares donde han sido los promotores de violencia; es decir, 26 en total.

Este proceso premia al terrorismo con elegibilidad política. Elegibilidad a la que no tienen derecho los presos del país, ni los paramilitares, ni los políticos que han perdido la investidura. Nada justifica la elección de ‘Timochenko’ al Senado o a la Presidencia; o de ‘Iván Márquez’ a la Gobernación del Caquetá.

Sustituyen Constitución

El Acto Legislativo para la Paz, aprobado por las mayorías del gobierno Santos en el Congreso, rompe el ordenamiento jurídico y sustituye la Carta Política. Y no es para menos. Al pretender incorporar los acuerdos de impunidad de La Habana en el Bloque de Constitucionalidad, se está convirtiendo a las Farc en constituyentes. El país terminará en una expedición de enmiendas exprés, alterando el espíritu de la Constituyente de 1991 y limitando el poder al Congreso al discutir y reformar solo aquello que el Gobierno le permita.

Además, le dan al presidente Santos facultades extraordinarias que exceden los límites que ya tienen la Constitución y la ley.

Y peor aún, quienes han respaldado estos acuerdos son los mismos que destruyeron y llevaron a la tragedia a Cuba y Venezuela.

Justicia disfrazada

Mediante esos acuerdos, las Farc crearon su propia justicia especial también aplicable a civiles y militares.

No se puede admitir que en lugar de reformar la justicia colombiana, se cree –en su reemplazo– un tribunal de las Farc, mediante el cual se busca la absolución de los responsables de atrocidades, y a manera de venganza, el encarcelamiento de policías, soldados y civiles, quienes han sido considerados por el grupo ilegal como ‘un estorbo’ en el propósito de destruir al país.

Esto se convertirá en una ‘cacería de brujas’ a través de un tribunal integrado por jueces escogidos por un mecanismo definido por Santos y las Farc. Todo ciudadano que hubiera participado, directa o indirectamente, en el supuesto conflicto tendrá que ir al tribunal.

Además, los militares y policías, quienes se han sacrificado por recobrar la seguridad del país, quedarán expuestos a ser igualados con la guerrilla y a reconocer un delito, incluso no cometido, para evitar el riesgo de ir a la cárcel. Los artículos 44 y 59 de los acuerdos de justicia conducen a la Fuerza Pública a su homologación operativa y cadena de mando frente a las Farc.

El Tribunal Especial de Paz sustituirá las facultades de revisión de todo lo actuado por la Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, las cortes, Comisión de Acusaciones y la Justicia Penal Militar. En últimas, le entregan todas las herramientas de juzgamiento existentes. Un supratribunal.

Humillación a víctimas

Se firmaron los acuerdos y las Farc no pidieron perdón a sus víctimas y tampoco van a repararlas. Así lo confirmó ‘Timochenko’: “Cuando uno pide perdón es porque se arrepiente de haber hecho algo, y yo no me arrepiento”.

En los acuerdos no se contempla un proceso de reparación verdadera, no se obliga a las Farc a entregar el dinero ni los bienes. Desconcierta que el gobierno Santos busque legitimar esa mentira al expresar que no ha encontrado sus recursos y que esas fortunas ilegales las Farc se las gastaron en sus actividades de terror y muerte.

Esa reparación finalmente recaerá en los colombianos honrados y trabajadores a través de impuestos, que serán incrementados por la reforma tributaria que será radicada un día después de la votación del plebiscito.
Además, el aberrante reclutamiento de menores es un tema ‘pendiente’ ante el cual no hubo exigencia por parte del Gobierno; tampoco es un tema que haya quedado vigente dentro de los acuerdos, situación que se evidenció el pasado 25 de agosto, cuando el Alto Comisionado para la Paz afirmó: “El Gobierno está a la espera de que las Farc tomen la decisión de entregar a los niños reclutados”.

Legalizan el narcotráfico

El primer cartel de cocaína en el mundo hizo de esos acuerdos con el Gobierno el mayor concierto delictivo para blanquear su fortuna. En el artículo 39 se abre la puerta para que el lavado de activos, la minería ilegal, la extorsión e incluso el narcotráfico entren por la puerta de la conexidad con el delito político al dulce camino de la amnistía.

Los miembros de las Farc tampoco estarán obligados a entregar la información relacionada con las rutas del narcotráfico que han manejado para enriquecerse y financiar así el terrorismo, punto que viola la Convención de Viena. Adicionalmente, en el artículo 72 se elimina la extradición que ha sido, por años, una herramienta fundamental en el combate al narcotráfico.

Los acuerdos del Gobierno y Farc dejan impunes esos delitos que le han costado terror y miles de víctimas al país. Pero aún, quienes han sido los capos de la droga son los que, junto con el Gobierno, definirán la lucha contra el narcotráfico. ¡Qué ironía! Tierras y milicias

El Gobierno negoció la política agraria con quienes han sido los verdugos del campo. Quedó establecido que se podrá hacer una expropiación administrativa a quienes han adquirido sus tierras legalmente.
No hubo claridad sobre la desmovilización de las estructuras de milicias que equivalen a casi el doble de guerrilleros en armas.

Entre las páginas 72 y 77 del acuerdo final, el Gobierno vincula a las Farc a unidades de inteligencia del Estado, a cuerpos de Policía, a organismos oficiales para supervisar las empresas de vigilancia privada y para vigilar a quienes voten por el ‘No’ en el plebiscito. Por otra parte, aceptan armar a alrededor de 600 guerrilleros para ser incorporados a las fuerzas de seguridad del Estado con el pretexto de proteger a los cabecillas. ¿No es esto la unión del Estado con criminales para perseguir a los ciudadanos?

Mientras tanto, nos quieren dividir frente a un posible acuerdo, que en realidad es un contrato por adhesión: todo o nada.

La paz que queremos

Votar a favor del plebiscito es aceptar el triunfo de los criminales sobre el Estado de Derecho y legitimar la violencia como una forma de hacer política.
Votaremos ‘No’ en el plebiscito porque esa decisión no representa un llamado a la guerra, sino a reorientar los acuerdos ante tantos argumentos, legitimados incluso por la comunidad internacional, sobre el riesgo que representan para la democracia.

Votaremos ‘No’ en el plebiscito porque no existen garantías para nadie, ni siquiera para los campesinos y habitantes de regiones alejadas, que llegarán a las urnas amedrentados por una guerrilla que, para la campaña de esta consulta, no ha entregado siquiera una sola pistola.

Votaremos ‘No’ para que haya paz digna, que implique castigo a los crímenes de lesa humanidad, entrega verificada de armas, reparación económica de las víctimas por sus victimarios, no elegibilidad política de criminales atroces, y desmovilización y reinserción generosa para la base guerrillera.

Defendemos una paz de verdad, con justicia y sin impunidad. Un mal acuerdo es la fuente de nuevas violencias.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ, CARLOS HOLMES TRUJILLO, ÓSCAR IVÁN ZULUAGA
Precandidatos presidenciales del Centro Democrático

 

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