El Gobierno no ha querido entender que la Administración de Justicia es un servicio público, que como tal, deber ser: permanente, eficaz y transparente.
Un País con ínfulas democráticas, jamás debe permitir que un paro judicial se realice en forma indefinida. Si los señores de Asonal Judicial, tienen razón para realizarlo y continuarlo indefinidamente, el Gobierno debe tener una solución a la mano, pero, jamás permitir, que este circo de irresponsabilidad, continúe afectando los intereses sociales y económicos de millones de ciudadanos y profesionales del derecho, que claman por una justicia pronta y ejemplar.
Caer en manos de la justica de nuestro País, en calidad de demandante o demandado, es la peor desgracia, no existe la más mínima garantía para que sea honesta, pronta y cumplida. Si se cae en la jurisdicción penal, y toca ir a un establecimiento carcelario, es como estar muerto en vida, allí se llega, pero no se sabe cuándo, ni cómo se sale.
Con raras excepciones, ninguna de las instancias judiciales se salva: la morosidad y la corrupción están a la orden del día, es vergonzoso ver cómo en las Altas Cortes, se demoran hasta quince años para resolver un recurso, cuando se falla en pro o en contra de uno de los actores del proceso, en muchos casos ya han fallecido, llevando en su alma el dolor y la angustia de no haber visto brillar en la tierra la justicia de los hombres, para exponerla ante el tribunal de la justicia divina, y que el todo poderoso vaya profiriendo el fallo en contra de jueces y magistrados corruptos de Colombia, país ubicado en el planeta tierra, donde ocurren las cosas más inverosímiles del universo, entre ellas, la huelga indefinida de la Justicia.
En casi todas las instancias judiciales, cunde la compra de testigos falsos, y los documentos fraudulentos; lo más grave, es cuando ocurre la pérdida de expedientes y documentos claves en las piezas procesales, la mayoría de las veces con la complicidad de funcionarios y abogados corruptos. Son cientos los ciudadanos que se encuentran en las cárceles condenados injustamente, porque un juez de la República se dejó comprar para dictar sentencia condenatoria, bajo el rugir de los estertores de su propia conciencia.
El paro judicial que ya va a completar dos meses, tiene con los pelos de punta a más de uno: los abogados litigantes que ven cómo la huelga va a empatar con las vacaciones judiciales; los ciudadanos, que tienen procesos pendientes de resolver en los diferentes estrados judiciales, ven pasar los años, meses, días y horas sin que se muevan, con el grave peligro del vencimiento de términos.
Pero qué decir de la justicia penal, con las mismas connotaciones de las anteriores, pero con el agravante del temible hacinamiento carcelario, donde los internos están pasando enormes dificultades y las autoridades encargadas de resolver el problema, no encuentran solución alguna, ya se han gastado miles de millones de pesos en investigaciones inocuas y los resultados no se ven por ninguna parte.
Vamos a completar tres años viviendo el drama del hacinamiento carcelario, con saldos de víctimas por diferentes hechos: riñas entre los internos, provocados por la difícil situación de hacinamiento en que viven, bajo la amenaza continua de sus guardianes, de relegarlos a peores lugares de hacinamiento.
Hemos presenciado cómo se vienen presentando amotinamientos, pero, no es que los internos quieran promoverlos, es el instinto de conservación y de difícil convivencia que los está volviendo violentos, no se justifica que existan establecimientos carcelarios con una sobrepoblación del doscientos por ciento de internos.
Qué decir de las Unidades de Reacción Inmediata URI, es tanto el hacinamiento en que se vive, que a la Defensoría del Pueblo le ha tocado que intervenir varias veces, pero, las soluciones tampoco se ven por ningún lado, en los últimos días hemos presenciado cómo varios parques aledaños a las URI, han tenido que ser habilitados como centros de reclusión, puesto que estos lugares de paso, están hasta el tope.
Pero, hay algo más grave y es la huelga de los guardianes de INPEC, decretada por los más de cuarenta sindicatos que existen, todo lo anterior debido a que no quieren ser responsables de una catástrofe de mayores proporciones con el temible hacinamiento carcelario, situación que choca con la administración de la justicia penal, donde los mayores perjudicados son los propios internos y sus familias.
No se justifica que en tiempos de paz, estemos viviendo un panorama tan incierto con la Administración de Justicia, si este problema no se soluciona a la mayor brevedad posible, sería el peor bofetón para el proceso de paz de nuestro País. No podemos hablar de paz cuando los escenarios de la justicia en todas sus modalidades están seriamente averiados y cuestionados, que no ameritan ninguna credibilidad para el ciudadano y la comunidad internacional.
Para poder empezar a construir un País en paz, tenemos que empezar por moralizar la justicia. Lamentablemente será un proceso largo y dispendioso, ya vemos cómo las diferentes reformas que se han intentado, fracasan en el Congreso de la República, perecería que existieran intereses ocultos, desde donde se mueve el tráfico de influencias para hacerla torticera y marrullera a favor de intereses oscuros.
El intento de reforma a la justicia de finales del año del 2012, donde doce congresistas, hoy llamados los doce del patíbulo, en calidad de comisionados para enmendarla, se convirtieron en toda una manguala a favor de apetitos personalistas, y que se encuentran próximos a perder su investidura; es señal inequívoca, que la justicia de nuestro País, requiere de toda una cirugía de alto valor jurídico y científico.
