Ante la crisis por la que atraviesa la justicia, vuelve a hablarse de la necesidad de una constituyente. Es, aseguran, la fórmula salvadora. No es la primera vez que plantean ese mecanismo de enmienda para hacer que la justicia funcione.

Desde los inicios de la república se ha pensado que los problemas del país se resuelven con constituyentes y a ellas se acudía para establecer en una nueva Carta el pensamiento político del grupo triunfador en una guerra civil. En el siglo XX también se propusieron y convocaron constituyentes. Fue así como en 1953 el gobierno de Gómez y Urdaneta convocó una Constituyente, que luego legitimó la dictadura de Rojas Pinillla. Al final del Frente Nacional el presidente López Michelsen, ante la crisis que entonces también afrontaba la justicia, propuso una pequeña constituyente que se ocupara únicamente de ese tema y del régimen departamental y municipal. La Corte Suprema de Justicia, que en esos tiempos era la que velaba por la guarda de la integridad de la Constitución, y de pronto pensando lo que le venía encima, declaró inexequible el acto de convocatoria.

El gobierno de Turbay no propuso constituyente, sino acudió ante el Congreso para reformar la justicia, pero fracasó. Después vino la Constitución del 91, resultado de una constituyente limitada que se extralimitó, como toda constituyente. El resultado: Corte Constitucional, Consejo de la Judicatura, Fiscalía. Eran fórmulas para mejorar la justicia, pero hoy vemos los resultados.

En conclusión, está demostrado que los problemas de la justicia colombiana no se resuelven ni con constituyentes, ni con códigos, ni con leyes, ni con tutelas —todo eso es paloquemao—, la solución está en las personas, en quienes la administran. Lo que se requiere es encontrar unos mecanismos de selección que surjan de las propias facultades de derecho de donde egresen personas conocedoras de las leyes que las apliquen con responsabilidad y con ética. En vez de constituyentes, lo mejor son reconstituyentes.