Descargó en hombros de la Policía el control del problema, lo que provocó enfrentamientos que se saldaron con cuatro muertos y más de 50 heridos.
La crisis del Catatumbo es la demostración fehaciente de la impericia y del desgano del presente gobierno en el manejo de los conflictos sociales. Es también una de las pruebas más dramáticas de su distanciamiento con respecto a las necesidades de las regiones y de los campesinos del país. Y es igual un ejemplo adicional de su incapacidad para prevenir los problemas de orden público y para actuar oportunamente y evitar su desbordamiento.
El problema estalló hace cerca de un mes, aunque ya se venía gestando con anterioridad, pero apenas ahora el Gobierno balbucea una interlocución con los campesinos. Primero estalló en Tibú, donde una marcha campesina se tomó el pueblo y recurriendo a las vías de hecho causó serios traumatismos en la población. Pero el Gobierno se hizo el de la vista gorda, miró para otra parte y optó por ignorar el problema. Muy pronto la revuelta se extendió a otros ocho municipios y llegó hasta Ocaña, una ciudad clave en el área. Las principales vías fueron bloqueadas durante semanas y el Gobierno permaneció sordo y ausente.
Cuando decidió actuar, ya era demasiado tarde. Y lo hizo demasiado mal. Descargó en hombros de la Policía el control del problema, lo que provocó enfrentamientos que se saldaron con cuatro muertos y más de 50 heridos. Después envió a su flamante ministro Consejero, Lucho Garzón, quien tuvo una actuación tan desafortunada e improvisada que fue tildado de “loco” por los dirigentes de la revuelta, quienes vetaron su presencia en la interlocución con el Gobierno. Tardíamente trata ahora de recomponer la confianza nombrando otros dos mediadores para acordar una “metodología” para procesar las peticiones de los protestantes.
Tres características ha tenido este gobierno en su manejo de la protesta social. La primera es la demora en su respuesta, la inoportunidad de su intervención, la falta de prevención, la carencia de capacidad de anticipación. Esto sucedió con el paro cafetero, que fue anunciado con meses de anticipación, y también con la crisis del Catatumbo, que los habitantes de la región veían venir y la advirtieron de mil maneras.
La segunda es la subestimación de los problemas cuando estallan y su autoengaño al creer que unos cuantos anuncios públicos de miles de millones de inversión van a desarmar las revueltas. Así ocurrió en la crisis de Cauca y del paro cafetero. La tercera es amenazar con que no responderá ante las vías de hecho, para al final, cuando por su impericia las cosas se desbordan y se hacen inmanejables, terminar cediendo ante esos procedimientos. Sucedió de manera patética con el paro de los camioneros, que muy temprano les midieron el aceite a la debilidad y la torpeza gubernamental, y también con las movilizaciones estudiantiles que obligaron al Gobierno a engavetar para siempre la reforma educativa, de la que nunca se volvió a hablar siquiera.
Todos esos casos han marcado pésimos antecedentes que inducen y premian la utilización de las vías de hecho y que obligan a pensar en que en el último año de su mandato el Gobierno tendría que soportar una avalancha de protestas y de movilizaciones sociales que desbordarían muy fácilmente su renqueante capacidad de prevención, manejo y solución de los reclamos sociales. Ya se advierten gritos por los lados de Nariño y Putumayo, los cafeteros han puesto fecha a un nuevo paro, varios gremios agrarios anticipan que se unirán a la protesta, los camioneros amenazan que también lo harán. Pero el Gobierno no tiene tiempo sino para los diálogos prematura y advertidamente fracasados de La Habana, y, eso sí, para darse bombo internacional en cuanto foro y escenario le proponen o se hace invitar.
Detrás de este escenario sombrío, las FARC permanecen al acecho. En el momento su prioridad es aprovechar los diálogos de La Habana para aglutinar y movilizar sus bases de apoyo en ciertas regiones. Obviamente las banderas de esas movilizaciones serán las que han anunciado en Cuba: creación de nueve millones de hectáreas de Zonas de Reserva Campesina bajo su control, con total autonomía política, administrativa, fiscal y judicial, donde se suspenda la erradicación de cultivos de coca, marihuana y amapola, y se saque la fuerza pública; revisión de la política minero-energética; revisión de los TLC; además, obviamente, de la convocatoria de una Asamblea Constituyente integrada por los dirigentes de las protestas manipuladas por las FARC.
Porque aunque el Catatumbo es una región que padece de grandes necesidades, como muchas regiones rurales del país, que obligan al Gobierno a prestarles más atención a sus justos reclamos, también es innegable que esa protesta está siendo manipulada y atizada por las FARC. Basta ver la artificial coincidencia de muchas de sus peticiones con las mencionadas banderas de las FARC; basta ver las denuncias sobre César Jerez, su principal vocero: no es campesino, no es de la región, sus artículos son publicados en los órganos de las FARC como la página Anncol, la revista Resistencia y la emisora Café Estéreo; basta ver las amenazas y los atropellos contra habitantes de la región por no apoyar la protesta; basta verificar la apabullante presencia de la guerrilla y el narcotráfico en la zona. Y el Gobierno con su incapacidad sirviéndoles a las FARC la protesta social para su provecho, en bandeja de plata.
