En las últimas semanas las FARC parecen haber comenzado a sabotear el proceso de paz colombiano iniciado en noviembre de 2012. Cual oleada, la violencia ha regresado de la mano de esa organización terrorista. Con emboscadas mortales perpetradas contra las fuerzas armadas del gobierno constitucional, en Cauca y contra la policía, en Córdoba; atentados contra la red eléctrica, en Caquetá, y contra los acueductos en Huila; y con los clásicos derrames petroleros, vaciando camiones y contaminando los ríos, ahora cerca de la frontera con Ecuador. Así como generando apagones en las ciudades de Buenaventura y Tumaco, en el litoral del Pacífico. De ese modo, de pronto, las FARC han reavivado el sangriento conflicto armado interno que azota a Colombia desde hace cinco décadas y se resiste a terminar.

Ante esa escalada, el Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas, António Guterres, acaba de advertirnos que los incidentes ponen en riesgo al proceso de paz. Y es efectivamente así.

Mientras esto sucede, el presidente Juan Manuel Santos sigue empeñado en su ciclópeo esfuerzo por alcanzar la paz. La semana pasada, aprovechando la Cumbre "CELAC-Unión Europea", Santos estuvo de gira por el Viejo Continente en procura de obtener fondos para la etapa del post-conflicto, asumiendo naturalmente que las tratativas de paz seguirán adelante. Los logró, desde que la Unión Europea, a su pedido, se comprometió a realizar un aporte cercano a los 30 millones de dólares. Coincidiendo con el mencionado António Guterres, Santos también denunció ante la Unión Europea los recientes actos terroristas coincidiendo en que ellos amenazan al proceso de paz en que su gobierno está empeñado.

En paralelo, el ex presidente uruguayo, José Mujica -alguna vez alto líder guerrillero en su propio país- clausuró en la ciudad de Montevideo el II Foro por la Paz de Colombia, auspiciado por la Universidad de la República del país vecino. Las jornadas tuvieron por objeto apoyar el diálogo de paz que se desarrolla en La Habana con la asistencia de los gobiernos del país anfitrión y de la incansable Noruega. Allí se admitió que el escollo aún no superado tiene que ver con el deber de llevar a la justicia a los líderes guerrilleros por las responsabilidades que les caben en los aberrantes crímenes cometidos todo a lo largo del conflicto colombiano.

El derecho humanitario internacional es muy claro al respecto: los crímenes de la guerrilla son delitos de lesa humanidad cometidos en el conflicto armado interno colombiano y, como tales, son imprescriptibles e imposibles de ser amnistiados.

El derecho humanitario internacional es muy claro al respecto: los crímenes de la guerrilla son delitos de lesa humanidad cometidos en el conflicto armado interno colombiano y, como tales, son imprescriptibles e imposibles de ser amnistiados. Esto es lo que surge de las normas específicas que contienen las llamadas "Convenciones de Ginebra" de 1949 que -pese a conformar la columna vertebral del derecho humanitario internacional- algunos han preferido ignorar, como si no existieran.

Por eso Mujica propone para Colombia la adopción de una alternativa "a la sudafricana". Para tratar de salir del difícil entuerto. Pero la opinión pública colombiana -y las numerosas víctimas de la guerrilla- están muy alertas sobre esta cuestión y esperan que los líderes guerrilleros se hagan finalmente cargo de sus graves responsabilidades. Las encuestas colombianas más recientes sugieren que nada menos que el 87% de los colombianos está hoy en contra de conceder impunidad a los líderes de la guerrilla y que tan sólo el 33% de ellos apuestan al diálogo como fórmula para edificar una paz duradera.

Cabe recordar que, además de los miles de muertos por la guerrilla, hay todavía unos seis millones de personas, en su mayoría campesinos, que, desplazadas que fueran por la violencia, siguen tratando de normalizar sus vidas luego del trauma generado por la violencia.

Además de los miles de muertos por la guerrilla, hay todavía unos seis millones de personas, en su mayoría campesinos, que, desplazadas que fueran por la violencia, siguen tratando de normalizar sus vidas luego del trauma generado por la violencia.

Mujica, motu propio trabaja enfervorizadamente para encontrar una salida que evite a los líderes guerrilleros ir a la cárcel. Pero el presidente de Colombia, agradeciendo sus buenos oficios ha aclarado, con la precisión necesaria, que Colombia no lo ha nombrado mediador.

El ex presidente Mujica no podría serlo. Después de todo, es nada menos que el autor de aquella imperdonable frase con la que pretendió justificar la ilegal suspensión de Paraguay de Mercosur y Unasur, cuando dijo: "Lo político tiene prioridad por sobre lo jurídico", que sintetiza todo lo contrario al Estado de Derecho. Si aplicamos esa misma caprichosa filosofía a las tratativas de paz en Colombia, la presunta solución al conflicto sería seguramente arbitraria y, por ende, la paz podría resultar efímera. Y, como si eso fuera poco, la justicia sería burlada y reemplazada por la impunidad. Por esto seguramente la Cancillería oriental se mantiene prudentemente al margen de las gestiones de Mujica.

Mientras tanto, las sugerencias que pretenden encontrar una vía para asegurar impunidad a los líderes de la guerrilla siguen apareciendo. La última de ellas, disparatada, es la que aparentemente propone Daniel Ortega desde Nicaragua, que supone conferir a todos esos líderes la ciudadanía nicaragüense de modo de permitirles residir allí, sin que su extradición sea jamás posible.

Las negociaciones de paz, pese a todo, siguen adelante aunque la guerrilla haya regresado a la violencia.

Las negociaciones de paz, pese a todo, siguen adelante aunque la guerrilla haya regresado a la violencia. Idas y venidas previsibles en un proceso que pretende avanzar -y cerrarse- sin que las partes acuerden un "cese el fuego". Esto es, sin dejar de lado a la violencia. No es nada fácil.

Lo cierto es que se ha recorrido camino y avanzado mucho. El último acuerdo trascendente es el logrado respecto de la creación de una Comisión de la Verdad encargada de esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades que corresponden a todos sus actores.

Desde todos los rincones de la comunidad internacional hay un fuerte apoyo al proceso de paz en curso. Es el camino hacia la paz que ha sido abierto y que debe siempre transitarse con la esperanza de poder completarlo para asegurar la posibilidad de reconciliación entre todos los colombianos, más allá de los obstáculos que existen y que, uno a uno, deberán ser superados. Ese es el gran desafío. Aunque sin violar el derecho humanitario internacional.