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Lunes 16 de Septiembre del 2019

LAS FARC DESEAN IMPONER LA SALIDA DEL EJERCITO DE LAS AREAS COCALERAS

Publicado en:

Fcppc  | 

Autor(a): Mayor General G Luis Hernando Barbosa Hernández  |

Fecha: 21/02/2014

 

Un vez más los comunicados de las FARC dejan dudas sobre la realidad y sinceridad por parte de ese grupo terroristas en los diálogos que se desarrollan en la Habana, esta vez me voy a referir al comunicado publicado el 14 de enero de 2014 y titulado ‘’PROGRAMA NACIONAL DE SUSTITUCION DE USOS ILICITOS DE LOS CULTIVOS DE HOJA DE COCA, AMAPOLA O MARIHUANA’’.

La Constitución Política de Colombia en su Artículo 217.- dice ‘’La nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes, constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio Nacional y del orden constitucional’’.

Bajo este mandato constitucional el Ejército de Colombia debe estar en todo el territorio Nacional, para poder cumplir con sus funciones, ahora bien lo expuesto en el mencionado documento de las FARC, no solo atentan contra los principios constitucionales, sino que hace una afrenta muy grave hacia la institución castrense.

Desde luego que el léxico empleado por dicho grupo además de confundir al lector, conlleva una serie de objetivos que aparentemente buscan transformaciones de la sociedad rural, superar las condiciones de miseria, de las comunidades campesinas, promover la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos y algo para analizar con detenimiento, regular con el Estado la producción de Coca, amapola y marihuana, en otras palabras legalizar la producción y desde luego el consumo.

Para implementar o mejor implantar dicho programa exigen condiciones algunas de las cuales podemos tratar. Manifiestan que este programa debe tener un capítulo especial en el proceso de reforma rural y agraria integral, acordada en el primer punto de la Agenda, que ese programa debe darle derecho a la tierra a los que están cultivando coca, amapola o marihuana y hacerlo de acuerdo a lo que estipulen las FARC, así como también que son las comunidades y ese grupo los que deben seleccionar las zonas donde se lleve a cabo el programa y que debe dársele especial importancia a las zonas de reserva campesina.

Luego imponen que dichas aéreas deben ser excluidas de explotación de hidrocarburos o minería, para luego imponer lo que encierra el título del presente artículo o sea la salida del Ejército de dichas aéreas, con el siguiente argumento. Como el programa tiene connotaciones políticas, económicas, sociales ambientales y de cultura y que dicho programa exige la provisión de garantías y condiciones de seguridad para la población campesina, se hace necesario el inicio inmediato de la desmilitarización de dichos territorios, proponiendo la creación de consejos participativos de coordinación y dirección del programa en diferentes niveles así:

a.- Un nivel de Asambleas y consejos comunitarios del programa, que son la base de lo propuesto y que sería conformado por los integrantes de las comunidades campesinas productores de coca, amapola y marihuana, miembros de las FARC y son los que elaboran el programa a seguir, nombran sus representantes, definen políticas, para posteriormente coordinar los apoyos con el Gobierno Nacional.

b.- Consejos locales de programa que serán integrados por representantes del Gobierno a nivel municipal, las FARC y los consejos comunitarios, con las mismas tareas de los consejos comunitarios pero a un nivel superior.

c.- Consejos territoriales de programa, conformado por representantes del Gobierno a nivel Departamental, delegados de los gobiernos municipales, las FARC, las funciones son las mismas pero a nivel departamento.

d.- Consejo Nacional del programa, conformado por representantes del Gobierno Nacional, delegados de los gobiernos Departamentales, las FARC y las comunidades campesinas organizadas, su función diseñar el programa a nivel Nacional, definir políticas para su implementación y verificar el cumplimiento en los diferentes niveles.

Para poder imponer su programa de legalización de la droga y desde luego, apoderarse de todo el territorio Nacional proponen la “DESMILITARIZACION DE LOS TERRITORIOS Y ZONAS OBJETO DEL PROGRAMA” que en otras palabra implica la salida del Ejército de todo el sector rural del País, argumentando que estas zonas deben ser excluidas como de guerra y planes de consolidación, y se deben denominar zonas de construcción de paz con justicia social. La presencia del Estado solo será para dar los aportes que ellos requieran, apoyar la infraestructura, y el impulso de las economías campesinas, es decir solo proveedores de dinero sin ninguna capacidad de supervisión ni control.

Exigen otras prebendas como la suspensión de las aspersiones aéreas, la erradicación forzada, la revisión de lo que ellos llaman la política criminal del Estado, otras medidas de carácter político, social y económico, la conformación de un mercado legal de coca, amapola y marihuana, todo auspiciado por el Estado Colombiano, crear unos mecanismos de financiación del programa donde los recursos deben venir de asignaciones directas del presupuesto, de las regalías, de los sobrantes por la reducción del pie de fuerza Militar, de los recursos provenientes de la desmilitarización de las zonas de cultivo, de las incautaciones hechas a .los narcotraficantes, claro ellos no se incluyen en este delito, además de todos los aportes a nivel municipal y departamental.

Para verificación de dichos programas proponen a la ONU con la oficina contra la droga y el delito (UNODC) y Unasur muy claro en el caso de este último organismo seria los mismos con las mismas.

Desde luego que sería un poco aventurado siquiera pensar que el Estado Colombiano, llegue a aceptar estas imposiciones, pero es necesario tener presente que estamos en una negociación, que mientras los del equipo de gobierno algunos por primera vez se enfrascan en una actividad tan complicada, los terroristas en su mayoría han estado en los diálogos del Caguan, de Tlaxcala México, de Venezuela, además de otros escenarios que les dan experiencia y facilidad para engañar a sus oponentes.

¿Pero cuál es la finalidad real de este proyecto? Muy sencillo acceder al control rural y de ahí sentar las bases para llegar a la Presidencia de la República en el 2018, para que esto suceda podemos afirmar que se conjugan varias tesis sobre el actual conflicto, primero lo expuesto y acordado en el primer punto del ACUERDO GENERAL, es simplemente lo que le ha servido a las FARC para justificar su lucha terrorista durante más de cincuenta años, es decir el abandono del campo por parte del Estado, por otro lado el cambio en su plan estratégico de llegar por la vía de las armas, que reemplazaron por llegar al poder pero por la vía política les está dando excelentes resultados, reforzando el control rural, municipal, departamental llegarán a ocupar una buena cantidad de curules en los consejos municipales, en La Cámara y en el Senado, que se verán reforzadas, con lo acordado de la circunscripción electoral que le otorgarán a ciertas zonas especiales, por ahora son ocho pero ellos piden más de cincuenta y con solo uno o dos candidatos que sean elegidos podrán contar con una  buena mayoría en dichas corporaciones, además como aseguraba el doctor SERGIO JARAMILLO cuando expuso la visión futura del proceso, se debía conseguir una PAZ TERRITORIAL, y la FARC lo está aceptando, control territorial donde ellos materialicen la paz territorial, sin presencia de Fuerza Pública, el Estado solo como a portante en la solución de sus requerimientos, y sus cabecillas ejerciendo las funciones de autoridad con la facilidad que ya tienen experiencia porque lo hicieron en la época del Caguan. Para reforzar mi percepción, ya está casi acordado y es casi una súplica permanente del Gobierno a la guerrilla, que se conviertan en un partido político que como analizamos anteriormente tendrán una militancia participativa bastante numerosa con el potencial humano que conformen las zonas especiales de producción de coca, las zonas de reserva campesina y las diferentes asociaciones que se creen para facilitar la circunscripción especial.

No es inapropiado traer al tema, lo sentenciado por el consejo de Estado cuando ordenó que el Ministerio de Defensa indemnizara a los pobladores y la Curia de Cravo Norte- Arauca por las tomas guerrilleras en el año 1999, aclarando que el error fue de la Policía, por tener los cuarteles en el casco urbano, aunque en forma muy sutil manifestaron que ellos no ordenaban que la Fuerza Pública saliera de los cascos urbanos, solo que sus cuarteles no podían estar cerca de población civil que pusieran en riesgo.

Una vez más traigo a colación lo acordado y firmado en el ACUERDO GENERAL, punto 3 FIN DEL CONFLICTO.- Numeral dos. DEJACION DE LAS ARMAS. REINCORPORACION DE LAS FARC EP A LA VIDA CIVIL- EN LO ECONOMICO, LO SOCIAL Y LO POLITICO.- DE ACUERDO CON SUS INTERESES. Esta desmilitarización de las zonas donde se cultivan Coca, Amapola y Marihuana fácilmente puede estar enmarcada, dentro de los intereses del Grupo terrorista.

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