Durante su existencia, esa guerrilla consolidó un aparato financiero dedicado a sustentar la guerra contra la sociedad y el Estado colombianos. Más de 50 años recaudando dinero a fuerza de delitos.

Las Farc no solo fueron una máquina de guerra irregular capaz de producir daños profundos y lentos de cicatrizar y olvidar para el conjunto de los ciudadanos nacionales y extranjeros radicados en el territorio, sino que fueron también una de las mayores y más funestas empresas de la ilegalidad y del crimen que haya conocido la historia de Colombia.

Lo acaba de corroborar un informe más de la Fiscalía respecto de los delitos y actividades del grupo subversivo ya desmovilizado: a lo largo de su historia, las Farc vieron pasar por sus manos y cuentas 11,39 billones de pesos, valor cercano, por ejemplo, al hueco fiscal que debe subsanar el país en 2019 mediante la llamada Ley de Financiamiento.

Pero esta cifra, basada en el análisis de contexto de 300 fiscales que debieron examinar e interpretar 15.000 testimonios y 13 millones de archivos digitales, se pierde en las zonas grises y bastante impenetrables que rodean una organización clandestina con altísimos niveles de compartimentación que recibió apoyo de expertos, mafias e incluso algunos agentes de gobiernos para ocultar bienes y recursos dentro y fuera de Colombia.

Las rentas de los cultivos ilícitos, de su asociación con narcos para traficar cocaína y los dividendos de la minería criminal son tan copiosos y enmarañados que resulta imposible hablar de “cuentas definitivas y exactas” sobre la fortuna que amasó esa guerrilla, caracterizada por una dura disciplina militar y mano de hierro para controlar sus botines y rentas regionales.

Hablar de esta empresa delictiva es también poner sobre la mesa un “portafolio delincuencial” tan variado como deshumanizante: secuestro, extorsiones, expropiaciones y otra serie de asociaciones con la delincuencia organizada que, por ejemplo, convirtió a Caquetá y Meta en depósito de un gigantesco parque de vehículos robados en todo el país, en especial de camionetas de alta gama lucidas por las Farc en la zona de distensión del Caguán, 1999-2002.

Solo el secuestro, estima la Fiscalía, les significó a los guerrilleros “recaudos” por 3,6 billones de pesos, aunque hubo plagios de importantes ejecutivos de multinacionales que nunca fueron reportados o ante los cuales hubo total hermetismo en los montos entregados por las liberaciones.

Más allá de estas “cuentas oscuras y humillantes” de las Farc, está el influjo cultural que ello trajo consigo: la justificación de aterradoras violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH amparadas en “la lucha revolucionaria”, la proliferación de la economía coquera como industria mafiosa desprovista de cualquier rasgo ancestral de las comunidades, el afán de lucro y el estilo de vida chabacano de los pueblos insertos en ese circuito y el arrasamiento de ecosistemas por la minería ilegal emergente.

Se miran las zonas del informe presentado por la Fiscalía y “casan” con exactitud las regiones y los fenómenos de ilegalidad: coca dominante en el suroriente, con el bloque oriental a la cabeza. Y minería criminal en manos del bloque noroccidental, en Antioquia, Córdoba y Chocó.

La ironía es que a octubre de 2018, de los bienes y recursos tasados por las mismas Farc en 995.917 millones, para la reparación, solo habían entregado al Estado 35.417 millones, apenas el 3,55%.

Una empresa criminal que tuvo gran ingenio para lucrarse de la guerra, pero con muy pobre iniciativa para reparar sus daños en tiempos de paz.