“Aquí no se escapa nadie mano, eso aquí vacunan por todo”, responde sin vacilar un líder comunitario de San Vicente del Caguán, Caquetá, cuando le pregunto por las extorsiones de las Farc.

Dos hechos: el cinco de febrero el alcalde de San Vicente, Humberto Sánchez, envió una carta al presidente Santos pidiéndole ayuda para detener las extorsiones que sufren diariamente “ganaderos, campesinos, comerciantes, contratistas o proveedores del Estado”. Luego, sin mayores preámbulos, sentencia: “La extorsión nos tiene desesperados”. Y es que en el municipio se ha vuelto famosa la frase “Usted sabe que hay que colaborarle al movimiento”. Eso sí, aquel que se niegue a “colaborar”, campesino, ganadero o comerciante, mejor que empaque lo que pueda en un par de cajas de cartón y se vaya del pueblo. Al final de la carta, una tabla: en la zona se producen 600.000 litros de leche diaria, el valor de la extorsión que cobran las Farc es de 30, 40 o 50 pesos litro al día, el monto diario es de 30 millones y el total al final del año es de casi 11.000 millones de pesos. Lo mismo, con distintas cantidades, para la producción de queso, novillo, ventas de fincas, comercio, contratos de obra. Sume todo eso, al año por extorsiones las Farc se ganan 89.000 millones de pesos.

Segundo hecho: el Centro de Recursos para Análisis del Conflicto, CERAC, cuenta en su monitoreo de febrero que según el comandante del Grupo Gaula del Ejército en Caquetá, mayor Giovany Otala, las Farc subcontratan a grupos criminales para que cobren extorsiones a comerciantes y contratistas del Estado. La guerrilla le da a estos grupos el 10% de dichas extorsiones. También, en su reporte, mencionan la cifra de 89.000 millones que da el alcalde Sánchez. Consulto sobre el tema al director del CERAC y analista de RCN Radio, Jorge Restrepo, y su respuesta es clara: las extorsiones suponen un riesgo enorme porque el Estado y la sociedad no tienen capacidad para reducir el problema a sus justas proporciones, no estamos preparados para combatir la extorsión. Incluso, dice Restrepo, la extorsión continuada (todos los días, todo el tiempo, a todos los negocios) es el principal reto del posconflicto, y esto tiene que ver con otro problema: el de la reincorporación de los milicianos a la vida civil. En efecto, no son hombres armados los que cobran estas vacunas, son milicianos vestidos de civil que hacen parte de las estructuras urbanas de las Farc. ¿Qué ocurre si estos milicianos no se reincorporan? ¿Terminaremos con otras Bacrim en zonas antes manejadas por las Farc?

Pero, ¿cómo opera la extorsión? El líder comunitario, que llamaremos Antonio, explica que a la gente del municipio le mandan un papel para que se presente en algún punto “bien sea para llevar lo que les cobran o a negociar la extorsión, incluso se puede negociar, se comenta que la situación de los negocios es dura y que no se puede dar todo lo que ellos han pedido y a veces se sacan rebajas”. Luego anota que a quien trata de buscar rebaja pueden responderle con datos sobre la rentabilidad del negocio y una amenaza: “ahora le salimos a deber, usted gana tanto y puede colaborar con tanto”. Muchos críticos del proceso de paz alegan que si bien es cierto que los homicidios, secuestros, atentados han bajado significativamente desde que están sentados en La Habana, otros delitos como la extorsión se han disparado. Le pregunto a Antonio si está de acuerdo con esa afirmación, contesta que de cuatro años para acá sí ha habido una reducción de homicidios, secuestros e incluso retenes armados, pero la extorsión aumenta y aumenta. Reconoce Antonio, igual que el alcalde Sánchez, que después de la carta ha llegado más fuerza pública, Gaula, Ejército, Fiscalía, y que algunos sí denuncian, pero las cartas y llamadas extorsivas siguen llegando.

Incluso, cuenta Antonio, a la gente la están citando a dos horas de camino de San Vicente del Caguán. Antes, la citaban en municipios cercanos, pero desde que el alcalde mandó la carta, parecen estar cambiando la estrategia. Percepciones. Cuando pregunto a Antonio si él cree que después de firmarse la paz en La Habana, la extorsión se acabará, me dice “no, eso seguirá porque el Gobierno no hace nada, nada, nada por combatir a las milicias urbanas, las células políticas que tienen las Farc en el casco urbano, uno sabe quiénes son, pero nadie las denuncia, nadie las combate, en fin…”.

Antonio, antes de colgar, me cuenta cómo hay algunos grupos civiles que también están preparando cartas para enviar al presidente Santos. Ganaderos, campesinos e incluso docentes de la zona. Y es que a los profesores, me dice, les llegó hace unos días una carta pidiéndoles “colaboración al movimiento” porque se enteraron que pronto les pagarían la prima y les toca aportar. El alcalde Sánchez, desde que empezó su mandato, ha hecho campañas para que la gente deje de pagar, “pero les da mucho miedo”. ¿Quién puede culparlos?