Es grande el daño que les hace a las conversaciones de paz la renuencia de los guerrilleros a aceptar que son victimarios.

Malas noticias para las negociaciones de La Habana. Mientras las Farc no hagan un reconocimiento categórico y sin matices de su responsabilidad como victimarios, sus declaraciones –y sus actos– solo van a contribuir a reforzar la incredulidad, el escepticismo y la desconfianza, ya muy amplios, en el proceso. Y la negociación seguirá como está hace tres meses: estancada.

Allá en la isla deberían preguntarse qué afecta más la salud del proceso, si los infinitos cuidados con los que le dan rodeos y le buscan justificaciones históricas, circunstanciales y semánticas a reconocer lo que han hecho, o acciones como el asesinato, el miércoles, en el norte del Cauca, de los guardias indígenas Manuel Antonio Tumiñá y Daniel Coicué, atribuido al sexto frente, del bloque que comanda Pablo Catatumbo, uno de los negociadores.

Al paso que va, el punto de víctimas puede convertirse en el más largo y tortuoso de la negociación. Empezó bien, con el anuncio clave de un acuerdo en torno a diez principios para tratar el tema. Pero eso fue en junio. Y, aunque las víctimas han ido a Cuba y se conformaron comisiones para tratar en paralelo otros asuntos sensibles, desde agosto no hay avances.

El estancamiento se debe a que las Farc se encuentran, probablemente, en la encrucijada de su vida.

Para que el proceso avance de modo creíble, tienen que dar el paso de reconocer que han victimizado a miles de civiles de manera sistemática. Eso les implica asumir la responsabilidad judicial, pedir perdón, contar verdades escabrosas. Si no lo hacen (y también el Estado, sus agentes y sus aliados), la viabilidad del proceso aquí y ante la comunidad (y la justicia) internacional estará en veremos.

Hasta ahora, lo que admiten es tan parcial, matizado y lleno de excusas que ni convence ni da para un acuerdo serio. Reconocieron que “de alguna manera (han) afectado a la población civil”. Todo por “exceso de fuerza, error involuntario o consecuencias no previstas” y sin tomarla como blanco. “En el ejercicio de nuestro accionar se han producido errores, imponderables que lamentamos profundamente”, dijo ‘Timochenko’, y culpó al Estado, por empujarlos a la rebelión. Catatumbo dijo que nunca han cometido “crímenes de guerra o de lesa humanidad” ni perpetrado “ataques intencionados contra la población civil”.

A las Farc se les atribuyen más de 20.000 secuestros, al menos 3.000 eventos de reclutamiento infantil, la mayoría de las 4.200 víctimas civiles de minas antipersonales (1.100 son niños), miles de homicidios como los de los dos guardias indígenas de Toribío y gran responsabilidad en el desplazamiento forzado. Sin hablar de hechos como la masacre de 11 diputados del Valle, en el 2007, o la de 34 raspachines en La Gabarra, en el 2004.

Con semejante carga de ‘errores’ e ‘imponderables’, tarde o temprano tendrán que tomar la decisión. Al Estado le pasó. Por años negó que generaba víctimas y hasta que había conflicto armado. Con la Ley de Víctimas y actos como el perdón por la masacre de El Salado, empezó, por fin, a aceptar que es victimario. Aún le falta. Pero a las Farc les falta ese paso esencial.

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En una columna en este espacio, el Procurador las incriminó de que cometen de manera sistemática y generalizada los crímenes de secuestro, reclutamiento y atentados y asesinatos de civiles. Pero, contra toda expectativa, no lo dijo para descalificar el proceso, sino para ofrecer una salida: “Solo con un auténtico reconocimiento y arrepentimiento de las Farc la sociedad colombiana podrá perdonar e iniciar la construcción de una paz estable y duradera”.

Las Farc deberían cogerle la caña.