Al tiempo que cita a comerciantes para “hablar del proceso”, por ejemplo en Ituango, esa guerrilla les plantea una “cuota voluntaria”. Y la Fiscalía denuncia sus ingresos millonarios del narcotráfico.

No se trata de denuncias de años pasados. Son actuales y corroboradas a este diario por fuentes diversas. El pasado 25 de mayo, el frente 18 de las Farc, en Ituango, citó a más de cien comerciantes para “contarles” cómo va el proceso de negociación con el Gobierno, en Cuba. Los guerrilleros aprovecharon la “reunión” para aclarar que en el posconflicto se pasará de la “colaboración económica tradicional” (léase extorsión) a una “cuota voluntaria”.

Aún sin desmovilizarse, sin dejar las armas, sin que medie ninguna refrendación popular de los acuerdos, las Farc están citando a las comunidades en varias regiones del país, como lo confirman investigadores sociales independientes, y se atribuyen la autoridad para aclararles asuntos de seguridad y convivencia. Aún ocurre: los pájaros les disparan a las escopetas.

Al tiempo, la Fiscalía General de la Nación reconfirma lo que hace rato se viene demostrando: “Tenemos evidencia concreta de la participación de las Farc en toda la cadena del narcotráfico”. No lejos están las declaraciones de jefes de esa guerrilla, como los abatidos alias “Raúl Reyes” e “Iván Ríos”, quienes se indignaban ante los micrófonos cuando se les preguntaba por la relación de las Farc con los cultivos ilícitos, la producción de coca y el tráfico de cocaína.

Hace 20 días El Colombiano publicó un estremecedor reportaje sobre la inseguridad y los atropellos que sufren los habitantes de Briceño, en medio de la guerra que sostienen el frente 36 de las Farc y el “clan Úsuga David” por el control de los cultivos ilícitos y la producción de pasta de coca, precisamente en el municipio que se considera piloto en el desminado y ahora, según un comunicado conjunto Gobierno-Farc desde La Habana, en los planes de erradicación de las plantaciones coqueras.

Allí, sostienen los mismos labriegos, “la situación está delicada”. Claro que lo está. Narraba el reportaje citado (Briceño vive entre dos infiernos), por ejemplo, cómo a mediados de abril a la señora Marleny de Jesús Martínez Areiza le cortaron el labio inferior y parte de la lengua antes de dispararle en la cabeza.

Las Farc controlan el costado sur del municipio, “los Urabeños” el sector norte. La zozobra es tal que la gente sufre el conflicto con la misma intensidad de hace 20 años. En El Hoyo, un campesino contó que “las Farc dieron la orden de que si alguno erradica el tajo (cultivo) para sembrar otra cosa, lo tiene que volver a cultivar con coca”.

Es esa distancia entre los discursos de las Farc y la realidad la que plantea numerosos interrogantes sobre la determinación y la transparencia de la guerrilla para cumplir los compromisos que adquiera tras la firma de los acuerdos en Cuba. Con estos testimonios de civiles e informes judiciales y de prensa, cabe preguntar: ¿cuándo será que las Farc dejan sus “negocios” ilegales, tan dañinos y enquistados en zonas marginales?

Así como los comerciantes y campesinos de Ituango y de Briceño, igual que los pobladores del Pacífico y Putumayo, del Catatumbo y Arauca, los colombianos se sienten entre la espada y la pared: de un lado está el interés generoso en que se firme el fin del conflicto con las Farc, pero del otro están las reservas y las dudas sobre lo que viene, además por la reocupación de territorios de donde saldrán las Farc, que advierte la OEA, por parte de otros grupos ilegales.

Esa guerrilla tiene que demostrar al país que su desaparición es cierta y definitiva, cosa que por ahora no corroboran las voces de las comunidades que la padecen.