La ciudadanía medellinense está a reventar con el sistema de las fotomultas que aplican, cámara en postes, las autoridades municipales y una empresa privada, concesionaria y superexitosa en romperle el bolsillo a los conductores de vehículos automotores.
Este es un caso de argumentos ficticios y de intereses económicos compartidos entre un ente público y otro privado. Estas alianzas son comunes porque la administración pública abdica de sus responsabilidades, a veces con razones de ineficiencia y corrupción, y traslada a los particulares la presunta eficiencia, pero también los riesgos de la corrupción, comenzando por las dudas que genera el funcionario que la negoció.
Otra cosa sucede cuando el estado crece como en el caso de Medellín. No hay que pensar en que el Estado central es el único que multiplica sus áreas y el número de funcionarios o burócratas. Mientras máscreceel estado, en este caso el municipal, más pierde el ciudadano, no solo por el aumento de los impuestos, sino en términos de libertad y autonomía. El estado tiende a ser un monstruo de mil cabezas que vigila, interviene, amenaza, ordena, desordena, y castiga con el argumento dela defensa del bien común.
El sistema electrónico de vigilancia y sanción que opera en Medellín, en manos de particulares, nació bajo el bondadoso discurso de educar a la fuerza a los conductores. Si los sancionados y no sancionados aprendieran con la aplicación de los fotocomparendos, en vez de crecer los infractores, deberían disminuir, porque ese es el presunto fin de las sanciones: que le ciudadano no vuelva a “pecar”. Pero sucede todo lo contrario. Cada día crecen los infractores. Y esa es la delicia real del sistema. Lo que le importa es recaudar más dinero, no el compromiso del infractor con la norma. Y es que el sistema engendra rechazo, repelencia y odio. Por la fuerza no se aprende. Hace años que en la escuela y en la familia desapareció “la letra con sangre entra”.
¿Cuáles son los resultados educativos y preventivos de la aplicación de los fotocomparendos si hasta el 13 de marzo de este año 2016 en Medellín ocurrieron 7.781 accidentes de tránsito? El Secretario de Movilidad, Juan Esteban Martínez, informó que hasta el 16 de marzo llevamos 55 muertos, que en la ciudad suceden 200 a 250 accidentes diarios y que entre el año 2010 y 2015 murieron 861 peatones.
Sin embargo el año pasado las fotomultas crecieron en un 55% y el recaudo fue de 201.324 millones de pesos y el número de infractores 1.626.482 en el país.
No es lícito al Estado democrático fijarse fines o metas sociales como una empresa más. Atribuir esta capacidad irrestricta y compartirla además con un empresario privado, equivale en la práctica, a tener de él una concepción totalitaria. La división entre el espacio público y espacio privado queda aniquilada y las personas pasan a convertirse en recursos combustibles que pueden emplear los poderes públicos totalitarios para obtener sus metas colectivas. ¿Qué queda del ciudadano cívico si la administración municipal se comporta como un ordeñador fiscal público-privado? También es cierto que, como señala Salvador Giner, una sociedad de ciudadanos plenamente virtuosos no solo sería farisaica y puritana, sino que conduciría a la imposición violenta de la virtud. Choferes o conductores completamente virtuosos no tenemos en Medellín ni en Colombia. Pero es una vergüenza que una entidad del estado municipal, como la Secretaría de Movilidad esté al servicio inobjetable de una empresa particular que abusa con los ciudadanos, como es cobrarles todos los días una misma infracción varias veces y solo informarles a los sancionados semanas y meses después, información que no equivale a notificación. Es el municipio al servicio de un recaudador cuyos fines no son la formación de ciudadanos ni de crear una comunidad pacífica y democrática, sino de enriquecer su faltriquera. Y pasarle el sobrante legal al Secretario de Hacienda, que nos maneja como una hacienda. ¡Apelación a los infiernos!.
