Las lógicas de reformar la política

La extensión de los períodos viene acompañada por la unificación de los calendarios electorales. Colmo de males.

¿Cuáles son los argumentos en favor de ampliarles el período a los alcaldes y gobernadores? Cecilia Orozco le preguntó al nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en días recientes (El Espectador, 10/8/14).

Cuatro años serían pocos para “la ejecución de un programa de gobierno”, fue su respuesta. Habría “consenso” sobre la conveniencia de prolongar el período. Además, añadió el Ministro, “es lógico que si se modifica el período del Presidente, se haga lo mismo con el de los mandatarios territoriales”.

Ante todo, es necesario cuestionar aquello del ‘consenso’. No es claro que exista. Ni entre los diversos partidos políticos, ni en el debate público. El senador Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, prefiere, por ejemplo, la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores en vez de la extensión del período (una peor receta). Entre las pocos artículos de opinión publicados sobre el tema, no emerge consenso alguno. ¿A qué ‘consenso’ se refiere, pues, el ministro Cristo? ¿Quizá al expresado en los foros de alcaldes y gobernadores?

Las opiniones de los mandatarios locales, por supuesto, deben tenerse en cuenta. Sin embargo, por más convergencia que exista entre ellos, la opinión que debe importar en últimas es la de la ciudadanía. Y si queremos lograr reformas duraderas y poder salir así del revolcón sin fin en el que parecemos sumergidos, es necesario obtener los mayores niveles de consenso posibles sobre las reglas del juego entre quienes se disputan el poder.

El primer argumento del ministro Cristo es que cuatro años son pocos para gobernar. ¿Cuántos años se requieren?

Imposible decirlo. Solo un año de mal gobierno puede parecer una eternidad. Desde que se aprobaron las elecciones de alcaldes y gobernadores, ¿han abundado más los malos que los buenos gobiernos? ¿Dónde y cuándo la experiencia ha sido más efectiva en mejorar la condición de vida de los respectivos habitantes de municipios y departamentos?

No lo sé. Ni conozco estudios que aborden nacionalmente el tema. Pero las respuestas a tales interrogantes deberían anteceder cualquier propuesta de reformar el sistema existente. Sabemos sí que bajo los actuales períodos, incluso en menos de cuatro años (y antes de la elección de alcaldes y gobernadores), muchos mandatarios locales en muchos rincones del país pudieron ejecutar planes de gobierno.

De ser válido, el argumento de la falta de tiempo para ejecutar es además insuficiente en democracia. Por definición (no me canso de evocar a Juan Linz), la democracia es un sistema de gobierno de tiempo limitado. Lo contrario es la tiranía.

¿Limitado por cuánto tiempo? Pregunta del millón. No obstante, puede adelantarse otro principio: mientras más prolongados sean los períodos, más oportunidades para los abusos del poder y el desgobierno.

El segundo argumento del ministro Cristo es mucho más débil: si se modifica el período del Presidente, nos dice, deben modificarse los de alcaldes y gobernadores. Es una “lógica” inaceptable.

Para comenzar, las bondades de extenderles el período a los presidentes no son evidentes. Y si se extendiera, no se deduce de allí necesariamente que debería hacerse lo mismo con los tiempos de los gobiernos locales. La misma filosofía que inspira la descentralización indicaría racionalidades distintas para unos y otros.

La extensión de los períodos viene acompañada por la unificación de los calendarios electorales. Colmo de males. Que atenta contra el supuesto propósito del Gobierno de equilibrar los poderes. Su efecto sería todo lo contrario.

Difícil entender la lógica de esta propuesta. El Gobierno haría bien en reconsiderarla.

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