Las primeras 30 preguntas del Procurador

El procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, le envió al presidente Juan Manuel Santos Calderón, el primero de agosto pasado, 60 oportunas preguntas sobre los incompletos y azarosos acuerdos de La Habana, en cumplimiento del Comunicado de la Corte Constitucional que obligó al señor presidente a presentarles a los ciudadanos “todos los elementos de juicio para tomar una decisión consciente e informada”, sobre el plebiscito de Santos. A continuación, intento resumir las primeras 30 preguntas, para quienes no dispongan de tiempo para leer las 12 páginas de la comunicación aludida.

No es de esperar que las Farc se desmovilicen totalmente, porque el acuerdo no incluye la palabra desmovilización, ni su definición. No se dice qué harán a partir del día D + 181 cuando hayan finalizado su concentración en las 31 zonas de “tolerancia”, ni a qué mecanismos de monitoreo y seguimiento se someterán para evitar la repetición. Menos aún, ¿cómo se garantizará su sometimiento a la Justicia, que no se incorporen a otras organizaciones criminales o que continúen delinquiendo.

Si el proceso pretende la desaparición de las Farc como aparato violento, su desmantelamiento debe incluir la concentración en las zonas aludidas, la identificación con huellas digitales de la totalidad de las estructuras armadas y no armadas que se encuentran articuladas bajo la sigla Farc, así como de las Milicias Bolivarianas.

Le presenta el procurador Ordóñez al presidente Santos unas siete preguntas sobre el etéreo papel de la ONU. Se sospecha que la misión de esta organización no dispone de mecanismos para determinar el número real de las armas de que disponen las Farc, solo las que voluntariamente entregarán. Harto difícil saber si escondieron algunas, si las vendieron o si las traspasaron al ELN. Imposible afirmar que la ONU pueda certificar el desarme total.

Además del supuesto cese de las hostilidades y las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las Farc, no son claros los acuerdos en cuanto a la terminación de conductas inadmisibles contra la población civil en el marco de estos, como son la extorsión, el abigeato, el secuestro, el asesinato, el desplazamiento…

Opino, el proceso de reincorporación económica, política y social de las Farc a la vida civil, no es tarea menor. Enseñarle a un joven guerrillero, secuestrado desde niño, desde cómo utilizar un celular, hasta como ganarse la vida, requerirá de ingentes recursos en el país de las promesas incumplidas.

La seguridad de los ciudadanos en las zonas de ubicación de los guerrilleros quedó en manos de las Farc, porque ya se pactó con esta guerrilla que las autoridades civiles desarmadas no podrán ingresar a los 8 campamentos donde estarán ubicados los cabecillas de las Farc. Y la población civil tendrá que convivir con guerrilleros rasos y armados, los que estarán localizados en los otros 23 campamentos ya en marcha.

¿Quién garantizará -pregunta Ordóñez- que los 290 guerrilleros de las Farc que estarán autorizados para salir de sus campamentos no resulten realizando proselitismo político en favor del plebiscito de Santos? Y el Mecanismo de Monitoreo y Verificación -Gobierno, Farc, Celac- mal integrado como está, le tolerará casi todo, muy seguramente, a las Farc.

Ante esta sarta de peligros y vacíos, tanto en los acuerdos como en los protocolos de La Habana, la recomendación es clara, en caso de duda, abstente. Vota no por el plebiscito de Santos, el cual nos cambiará un conflicto que se estaba ganando por un tenebroso socialismo bolivariano. Los protocolos publicados el pasado 5 de agosto para asegurarnos el cese el fuego bilateral y la dejación de las armas poco responden las preguntas del procurador Ordóñez.

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