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Lunes 23 de Abril del 2018

Las sospechas de corrupción ensombrecen la gestión de los fondos para la paz en Colombia

Publicado en:

El País - España  | 

Autor(a): Francesco Manetto  |

Fecha: 07/04/2018

 

Juan Manuel Santos y "Timochenko" estrechando manos - Foto: elpueblopresidente.com

El Gobierno asegura que actuará "sin contemplaciones" una vez que la Fiscalía depure responsabilidades

Las sospechas sobre la gestión de los recursos para el posconflicto en el Fondo Colombia en Paz, que se nutre de aportaciones internacionales, han sacudido esta semana los programas de implementación de los acuerdos de paz con las FARC. Este organismo, señalado por supuestas irregularidades en la asignación de contratos, se encuentra ahora bajo el escrutinio de la Fiscalía, que ya ha abierto una investigación, y de la Contraloría, entidad de vigilancia de las partidas públicas. El presidente, Juan Manuel Santos, prometió actuar “con toda contundencia y diligencia”. Y este viernes el vicepresidente, Óscar Naranjo, aseguró tras una reunión con embajadores y la comunidad internacional de donantes que el Gobierno no tendrá contemplaciones una vez la justicia depure responsabilidades.

Todo empezó con una carta remitida por los embajadores de Noruega, Suecia y Suiza al Ministerio de Hacienda. Sus inquietudes estaban relacionadas con la falta de transparencia en el manejo de los cerca de 200 millones de dólares que destinaron a la construcción de la paz en el país andino con una entrega al Fondo Colombia Sostenible, que depende de Colombia en Paz.

Sus peticiones destaparon, tras la solicitud del Ejecutivo, las fallas de ese sistema, descritas en una misiva que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, envió el jueves al presidente Santos. “Las averiguaciones realizadas revelan procesos de direccionamiento de contratos, así como un alto grado de opacidad en los procesos de selección relacionados con estos proyectos de inversión”, explica el fiscal, que habla de la posible existencia de una trama corrupta. “De acuerdo con las evidencias obtenidas mediante controles técnicos y seguimientos legales, se advierte la existencia de una red de intermediarios que estaría interesada en la adjudicación de proyectos a determinados empresarios o contratistas a cambio de beneficios económicos indebidos”.

La Contraloría requirió también a la directora del Fondo Colombia en Paz, Gloria Lucía Ospina, información sobre las cantidades de dinero recibidas por el organismo y el monto de las donaciones no reembolsables procedentes de la cooperación internacional.

La entidad señalada, que lleva seis meses de operaciones, gestiona 853.000 millones de pesos (unos 300 millones de dólares), de los que 721.000 millones ya están comprometidos. Ospina reconoció, además, en la W Radio una relación con un contratista, Iván Cifuentes, aunque llegó a asegurar que se trata de una coincidencia. “No tiene que ver el tema personal en la decisión de la contratación”, dijo. Mientras tanto, cientos de contratistas han denunciado irregularidades y retrasos en los pagos.

El mensaje del Gobierno

El mandatario agradeció públicamente la intervención de los órganos fiscalizadores, apuntando que estas indagaciones responden a una petición realizada al ministerio público. “Gracias al Fiscal General por su rápida respuesta a mi solicitud. Actuaremos con toda contundencia y diligencia. Seguiremos trabajando juntos para garantizar la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos. Habrá decisiones pronto”, señaló.

El Ejecutivo busca demostrar que las conductas relacionadas con este caso no tienen que ver con los retrasos y los obstáculos logísticos a los que se ha enfrentado el proceso de paz. Naranjo, que será el principal interlocutor de los donantes, trasladó un mensaje firme al término de la reunión con los representantes diplomáticos. "Actuaremos sin contemplaciones", enfatizó, "para que una vez se depuren responsabilidades individuales por parte de la Fiscalía General de la Nación o de los organismos de control competentes todo el peso de la ley caiga sobre funcionarios o particulares que hayan querido en todo caso introducir algunas conductas que significan violación de la ley y en todo caso contaminación de la paz en términos éticos. Ese mensaje debe ser contundente". "Estaremos aquí hasta el último día de gobierno blindando la construcción de la paz de la amenaza de la corrupción", agregó el vicepresidente, antes de insistir en que "es necesario hoy no confundir las preocupaciones sobre la velocidad en la implementación de la paz con los temas de transparencia".

La canciller, María Ángela Holguín, también afirmó este viernes que no habrá "ni un solo peso que vaya a estar involucrado en ningún tipo de corrupción o de malos manejos" y adelantó que se realizará una auditoría, en colaboración con los países donantes, para despejar toda duda. Su departamento, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ya había incidido en que las inquietudes manifestadas por los donantes no prueban, de por sí, la existencia de un caso de corrupción. “Las comunicaciones enviadas por los embajadores que hacen parte del Fondo Colombia Sostenible, administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), no se pueden interpretar como señalamientos de corrupción en el manejo de los recursos de este fondo de cooperación”, sostuvo la Cancillería en una nota oficial. “Los comentarios hacen referencia a procedimientos, operatividad, funcionamiento y cumplimiento del reglamento del fondo. El Gobierno nacional está revisando estos temas y mantiene su interlocución con los donantes para atender y resolver sus inquietudes”

Aportaciones de la UE, el BID y el Banco Mundial

El Fondo Colombia en Paz es una de las cuatro entidades creadas para implementar sobre el terreno los acuerdos de paz suscritos en 2016 por el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Recibe aportaciones de la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y de los países que han apoyado el proceso de paz.

Según la W Radio, funcionarios organismos públicos decisivos para la aplicación de lo pactado con la antigua guerrilla como la Agencia de Renovación del Territorio, de la Agencia para la Reincorporación, de la Agencia Nacional de Tierras y de la Jurisdicción Especial para la Paz “han denunciado trabas en la contratación y en los pagos a contratistas”.

 

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