Encuentro Santos-Maduro se notó receloso. Y, para las comunidades afectadas, muy flaco. Aún no se reabren las fronteras y el tema de derechos humanos no asoma. Expectativa por reunión de hoy.

Los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro dieron en Quito pasos contados, calculados. Apenas alcanzaron, llevados por sus pares de Ecuador y Uruguay, Rafael Correa y Tabaré Vásquez, a chocar los nudillos de sus manos derechas y a guardar, para otra ocasión, los aplausos recíprocos.

Es que las heridas y los problemas que separan hoy las dos naciones no se sanan con un viaje ecuatorial. El gobierno de Venezuela sigue convencido de que el paramilitarismo y el narcotráfico permean su territorio desde Colombia, a sabiendas de que a veces, entre otras rutas, cruzan de ida y vuelta por las trochas ancestrales del contrabando, lo que nunca provocó, como ahora, tantos atropellos de la Guardia Venezolana contra nuestros compatriotas.

Había un tema sustancial porque es, además, la nuez de la crisis: el respeto de los derechos humanos y del debido proceso para los indocumentados colombianos, deportados desde Venezuela en una expulsión sorpresiva y humillante. Juan Manuel Santos reclamó lo segundo en la rueda de prensa. Sobre las denuncias y la indignación, por la crisis humanitaria de sus conciudadanos, por ahora no habló. Santos sabe medir las fuerzas de sus viejos y nuevos amigos en la cercanía, el enojo o la distancia.

Era lo conveniente, no precipitar reclamos, cuentas ni exigencias en una reunión que precisamente estaba encaminada a rebajar el calentamiento vecinal. De hecho, trascendió que la reunión no fue fácil, en particular cuando se reclamó por la invasión del espacio aéreo colombiano por parte de naves de combate venezolanas. Aquellos aviones Sukhoi de los que Maduro anunció esta semana que comprará otros 12 a Rusia.

Pero del cálculo de lo políticamente correcto para un encuentro de distensión entre los dos presidentes, al malestar en Colombia, se traza una frontera política con más guardianes: el expresidente César Gaviria anunció que convocará una reunión de exmandatarios de Latinoamérica -entre los que estarían Andrés Pastrana y Álvaro Uribe- y que denunciará a Nicolás Maduro ante organismos internacionales por “actos demenciales y aplastantes contra la humanidad”.

La canciller María Ángela Holguín reconoció que no hubo consenso en la reunión y el senador y expresidente Álvaro Uribe dijo, con razón, que los atropellos no pueden quedar en el olvido. La sensación es que el país no puede obviar las imágenes de casas marcadas y derribadas y aquel éxodo de familias por las trochas.

Esa arbitrariedad persiste en los campamentos de deportados y en las familias divididas, y también en las barreras de los pasos fronterizos cerrados por orden del gobierno bolivariano en Paraguachón, Cúcuta y Arauca. Allí la gente invocó que en el nuevo encuentro de ministros, hoy, haya avances, porque la vida comunitaria, el comercio y el transporte binacionales están reventados.

No es indicado vaticinar resultados. Mucho menos anticipar evaluaciones a la gestión diplomática colombiana para salir de la crisis. Por lo pronto, valorar con moderación que los embajadores vuelvan a sus sedes, que se investigue la situación de la frontera, que se reúnan los equipos de ministros desde hoy, que se quiera normalizar la frontera y que se prevea respetar modelos sociopolíticos en un ambiente de convivencia.

Pero debe ser imperante que se exija respeto para nuestros ciudadanos, así como Colombia ha acostumbrado dárselo a la gente de Venezuela.