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Miércoles 19 de Septiembre del 2018

Ley del ‘Montes’: La aplanadora del fiscal Montealegre contra Sandra Morelli

Publicado en:

Correo Confidencial  | 

Autor(a): Óscar Montes  |

Fecha: 08/09/2014

 

El país acaba de conocer un nuevo episodio en el enfrentamiento entre los dos funcionarios que se han acusado mutuamente en público.

La batalla campal que venían librando el fiscal general, Eduardo Montealegre, y la excontralora general, Sandra Morelli, que tuvo su origen en las investigaciones adelantadas por el organismo de control contra Saludcoop –antiguo cliente de Montealegre en sus tiempos de abogado litigante– tuvo su desenlace esta semana con la salida de Morelli del país hacia Italia, donde permanecerá hasta tanto Colombia le brinde garantías procesales para afrontar las denuncias que contra ella interpuso la Fiscalía General por varios delitos, entre ellos el detrimento patrimonial.

La excontralora sostiene que “la persecución de la que he sido víctima se generó directamente por mi gestión como Contralora General de la República de Colombia”. En concreto, Morelli sostiene que desde el inicio de su gestión –en septiembre de 2010– debió abordar un sinnúmero de quejas sobre “desvíos de recursos públicos, una de ellas la presentada por el mismo Gobierno Nacional, directamente y a través de su Viceministra de Salud, en torno al desvío de los recursos de la salud”.

En su defensa, Morelli alega que dentro de su gestión de control fiscal quedaron en evidencia “sectores de la economía fuertemente cuestionados por mi gestión como Contralora, que enmarcan de forma precisa el origen de la mayor presión y persecución de la que he sido víctima”. Concretamente se refiere a la sanción fiscal por más de 1.4 billones de pesos, impuesta a la EPS Saludcoop y a su presidente Carlos Palacino Antia, de naturaleza privada cooperativa, que administraba recursos públicos de la salud de los colombianos.

Ocurre que el actual fiscal general, Eduardo Montealegre, se desempeñó como el principal asesor jurídico de la EPS Saludcoop y de su presidente, Carlos Palacino, de quien –sostiene la excontralora– “declaró en sus impedimentos el Fiscal General de la Nación, que es su amigo íntimo”.

Pero no solo Montealegre ha tenido vínculos con Saludcoop. También –afirma la excontralora– el excontralor general, Julio César Turbay, “sus hijos tenían vínculos y negocios con la EPS Saludcoop”. “La actual Auditora General de la República, Laura Emilse Marulanda –alega Morelli– quien juzga y audita la gestiones administrativas de mi ejercicio como Contralora General de la República, fue una de las funcionarias del contralor Julio César Turbay, que destituí de la Contraloría General durante mi administración, como Contralora General”.

La excontralora sostiene que de lo que se trata es de una “persecución periodística, judicial y administrativa que se acentúa con el tiempo, sin permitirme una defensa justa, con garantías procesales de imparcialidad y la existencia de un juez natural objetivo que juzgue mis conductas conforme al derecho”. En dicha persecución –dice Morelli– se ha visto involucrado su hijo, un menor de edad, quien ha sido objeto –junto con sus compañeros de colegio– de dicha persecución.

Montealegre vs Morelli: el nuevo edificio, la manzana de la discordia

Luego de conocer que el Gobierno había decidido comprar el edificio donde funciona en la actualidad la Contraloría General, en el Centro Comercial Gran Estación de Bogotá, el fiscal Eduardo Montealegre envió al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, una carta en la que le notifica que teniendo en cuenta la política de prevención del delito de lavado de activos “me permito informarle oficialmente que en la actualidad la Dirección Nacional de Fiscalía Especializada en Extinción de Derecho de Dominio se encuentra adelantando una investigación de extinción de derecho de dominio relacionada con la construcción del Centro Comercial Gran Estación, en atención a que se tiene evidencia que al parecer algunas de las empresas de la familia Guberek Grimberg, cuyos miembros fueron extraditados por el delito de lavado de activos y que en la actualidad pertenecen al empresario Alberto Aroch Mugrabi, participaron en la construcción del complejo comercial”. La misiva tiene fecha del 27 de agosto pasado, un día después de que Cárdenas se reuniera con la excontralora Morelli y expresara el deseo del Ejecutivo de adquirir el inmueble. El 28 de agosto, Morelli informó a la opinión pública que sobre el inmueble no existe ningún tipo de restricción y que -inclusive- la Superintendencia Financiera, así como la Unidad de Información de Análisis Financiero (UIAF), autorizaron la celebración del contrato de arrendamiento del inmueble. Además, informó que sobre la presunta participación de Aroch Mugrabi en el delito de lavado de activos, “la Contralora General verificó en la propia embajada de los Estados Unidos que no existía investigación alguna en el gobierno de los Estados Unidos respecto del señor Aroch y que –según la embajada– no hacía parte de ninguna lista Clinton”. Agregó también que “para la época de la celebración del contrato de arrendamiento, ninguna de las entidades consultadas, incluyendo la Fiscalía, reportó proceso alguno que, directa o indirectamente, tuviese relación con el contrato de arriendo en referencia”. El anterior episodio –de cruce de comunicados ante altos funcionarios del Gobierno y la opinión pública– muestran el grado de intolerancia y enemistad al que llegaron Montealegre y Morelli, cuyo desenlace se dio esta semana con la decisión de la excontralora de salir del país rumbo a Italia, con su hijo menor, ante la falta de garantías que –según ella– le ofrece quien está al frente de la Fiscalía.

El caso político de una Fiscalía politizada

La Fiscalía General anunció que le imputará cargos a la excontralora Morelli, que solicitará medida de aseguramiento carcelaria y que pedirá a la Interpol la expedición de circular roja. Debería recordar el Fiscal General que esa institución ya ha pedido tres circulares rojas y todas se las han negado. Se trata de Luis Carlos Restrepo, María del Pilar Hurtado y Andrés Felipe Arias. Y aunque la situación de ellos es muy distinta a la de Morelli, todas las han negado por la misma razón: la percepción de Interpol de tratarse de asuntos con alto contenido político. ¿Cómo creen que se verá en Lyon, sede de la Secretaría General de la Interpol, una solicitud contra la señora Morelli –madre cabeza de hogar y quien tiene bajo su custodia a su hijo menor de edad– excontralora general, suscrita por quien hasta hace poco se cruzaba acusaciones con ella en público y se desempeñó como abogado del mayor defraudador de la salud pública del país, a quien ella investigaba fiscalmente y contra quien no avanzaban las investigaciones en la Fiscalía? A ello se suma que Palacino –el excliente del fiscal Montealegre– ha sido citado, si acaso a entrevista, tranquila y cómodamente, no bajo la mediática y judicial en que se citó a la entonces Contralora, a la que cuatro fiscales sometieron a interrogatorios de más de 30 horas durante tres días seguidos, algo inédito en la historia judicial del país. Los casos de Restrepo, Hurtado y Arias, operarán en Interpol como antecedentes negativos de la circular roja. A ello se suman los comentarios editoriales, incluso de quienes se autodenominan “víctimas” de la excontralora, para que en Lyon se concluya sin duda alguna que se trata de un caso evidentemente político, adelantando por una Fiscalía General politizada, como lo evidencia, además, el proyecto de reforma que acaba de presentar el Gobierno Nacional, que decidió reformar la justicia mediante una reforma política.

Montealegre, Saludcoop y Palacino

En las sociedades modernas mediáticas y mediatizadas, a veces resulta más importante la percepción que la realidad. Esa verdad es particularmente cierta en materia de Administración de Justicia y en especial en el área Penal, pues no solo debe ser imparcial y respetuosa de las garantías procesales, sino que debe parecerlo, pues se trata de imponer la más severa sanción a un ciudadano: privarlo de su libertad, de sus bienes y quitarle su presunción de inocencia. En el caso de la Fiscalía General vs Sandra Morelli Rico, la percepción que se tiene es que se trata de una vulgar persecución contra la excontralora a causa de sus investigaciones y denuncias fiscales contra Saludcoop y Carlos Palacino, el cliente más importante y el que más dinero le pagaba al actual Fiscal General, cuando éste se dedicaba a sus negocios privados. Juristas amigos del fiscal Montealegre afirman que él se declaró impedido y que está separado del conocimiento del asunto. Ese argumento resulta imposible de creer, puesto que en una institución que funciona verticalmente, donde todos los fiscales son delegados del Fiscal General, la independencia no existe. Peor aún: el instructor del caso es el Vicefiscal, su hombre de confianza. De modo que el grado de independencia del vicefiscal Jorge Perdomo es nulo. Por esa razón es urgente que en la Fiscalía General se introduzca una norma que obligue a la designación de un Fiscal Ad Hoc cuando la causal de impedimento concurra en el propio Fiscal General. En un país cuyo mayor rasgo de idiosincrasia del funcionario judicial es la obsecuencia y la lambonería con sus superiores, es imposible que cualquier delegado del Fiscal General actúe de manera independiente no solo de lo que él quiere, sino algo peor: de lo que el subalterno cree que él prefiere.

Inseguridad jurídica, el tema de fondo

Uno de los grandes problemas que tiene el país es la tragedia en que se ha convertido el ejercicio de cualquier cargo público. Aceptar un cargo público hoy en Colombia es poner en riesgo la libertad personal y el patrimonio familiar. Y no es que todos los servidores públicos se hayan vuelto corruptos de la noche a la mañana, o que todos hayan decidido alzarse con el erario. Corruptos ha habido desde cuando Jesús expulsó a los mercaderes del templo e incluso antes, cuando a Roma la robaban desde los optiones hasta los emperadores, pero lo de hoy en Colombia va más allá. Pasa por las construcciones teóricas de funcionarios judiciales del campo penal, en las que mediante elucubradas tesis, casi todas con asiente original en Alemania, han decidido llevarse por delante ese principio penal que hasta no hace mucho era inamovible: el de legalidad estricta. Por cuenta de todas esas teorías dogmáticas, importadas acríticamente, la Fiscalía está convirtiendo todas las equivocaciones de los servidores públicos en casos de corrupción. Allá deciden no solo cuándo un contrato cumple con los requisitos, sino que le crean los requisitos. Ellos –que pueden pedir la captura de todos los otros servidores públicos del país– también deciden cuando un contrato celebrado entre una entidad pública y otra –pública o privada– es oneroso, sin tener en cuenta, como ocurrió en el caso de la sede arrendada por Morelli para el funcionamiento de la entidad a su cargo, todas las garantías contractuales y de seguridad que le ofrecía el nuevo inmueble. La Fiscalía decide, pues, cuando ese tipo de contratos resultan “perjudiciales” para una entidad. Y los fiscales lo hacen desde la óptica estrecha de quienes jamás han comprado o arrendado nada, o peor: de quienes jamás han tenido que tomar una decisión. Desde allá se decide cuándo es que un General de la República debe responder por crímenes cometidos fuera de su jurisdicción y mando. O también se decide porque unos abogados que asesoraron y recibieron dineros –digamos– de DMG, son absolutamente inocentes, mientras que otro que simplemente aconseja a su cliente ejercer su derecho a guardar silencio, es procesado. Eso es inseguridad jurídica. Es decir, la valoración subjetiva de los hechos, dependiendo del grado de odio o afecto del fiscal de turno, que en el caso de la excontralora Morelli es evidente el “matoneo” al que está siendo sometida por parte de la Fiscalía General. Hecho que la llevó a salir del país hacia Italia, pues aquí carece de las garantías procesales que le permitirían demostrar su inocencia.

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