Los medios chillan, con razón, cada vez que sienten sus derechos amenazados. La reciente reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa  (SIP) en Panamá abogó por “establecer un clima sin restricciones, acosos, agresiones y medidas legales coercitivas que afectan la libertad de prensa y expresión en nuestro continente”.

La libertad de prensa es solamente una de las formas de la libertad de expresión pero es la más representativa. Pero aquellas leyes sobre difamación, real o supuesta, en alguna medida también atentan contra la libertad de expresión, como cuando prohíben llamar “negro” a una persona de color o “marica” a una que las señoras llaman con tanta gracia, “gay”.

La libertad de expresión está protegida, y bien protegida, por el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Sobre él hay abundante jurisprudencia de la Corte, casi siempre referida a los medios de comunicación social y casi siempre bien orientada, como la Opinión Consultiva 05 de 1985 sobre Colegiación Obligatoria de Periodistas. Pero es llover sobre mojado.

Salta a la vista que la censura previa atenta contra la libertad de expresión. Pero hay también medios indirectos como el abuso de controles oficiales de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de aparatos usados en la difusión de información u otros procedimientos encaminados a impedir la circulación de ideas y opiniones -como la compra directa o indirecta de medios críticos del gobierno-, como sucede en los países de Alba -que el Secretario de Unasur llama “democráticos”-: Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina y Nicaragua.

A estos dedica buena parte de su informe la SIP, sin descuidar los asesinatos de periodistas -impunes las más de las veces- en los que Colombia es campeón. Porque la libertad de expresión es coartada no solamente por los gobiernos sino también por los particulares.

No puede decirse que en Colombia haya limitaciones directas del Gobierno a la libertad de prensa. Pero indirectamente, a través de la tajada presupuestal en la que se reparte la propaganda oficial, sí hay una influencia clarísima a través de la cual se manipula la información. Esa puede ser una razón por la cual algunos medios han aplicado censura, vía la eliminación de columnas o programas, a la crítica al Gobierno. Los ejemplos no faltan: Fernando Londoño de El Tiempo,  William Calderón y Hassan Nassar de Cable Noticias, Álvarez Gardeazábal de Caracol (La Luciérnaga). Un editorial de El Espectador, hablando del caso Nassar, dijo: “El periodista confesó que el propietario del canal, Alberto Ravell, recibió quejas de sectores del Gobierno por la línea editorial del programa” y añade: “Nadie, por muy poderoso que se sienta, debe decirle a un periodista cómo pensar”.

De manera que si por los países de Alba llueve, por acá no escampa.

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Coda. Pretelt, como todos, tiene derecho a que se le presuma inocente hasta que no se pruebe lo contrario. Sorprende que los ministros del Interior y Justicia, sus colegas de la Corte y los medios enmermelados insistan en su retiro. ¿Por qué? ¿Por qué?