De un artículo reciente del exmagistrado Jesús Vallejo Mejía (Pianoforte.com) quiero destacar el siguiente apartado, carente de desespero o desconfianza hacia el presidente Duque. Dice Vallejo que debemos “darle un voto de confianza a Duque”, sin perjuicio de escuchar “el justo clamor de sectores que se sienten desatendidos por sus primeras decisiones de gobierno. Hay rumbos que sería conveniente enderezar desde ya en aras de la gobernabilidad que tan esquiva se le presenta”.

Hay que entender, agregaría yo, las difíciles circunstancias que rodean la gestión del primer mandatario: la situación desastrosa de las finanzas públicas en que las dejó el expresidente Santos, la desfinanciación del presupuesto de 2019 en programas sociales, la calamitosa crisis de la justicia, el renacer de la inseguridad y de la violencia, el peligroso estado de los acuerdos de paz amenazados por el doble juego de algunos capos del Secretariado de las Farc, el auge récord de los cultivos de coca y la consecuente amenaza de descertificación por parte de los EE. UU., entre otras. Esto en relación con lo que corresponde al estado de cosas recibido y sobre el cual el presidente Duque no ha hecho el corte de cuentas que le permitiría librarse de pagar los platos rotos y las culpas de ese infausto mandato.

Por otra parte, la insoportable paridad de las fuerzas políticos que en el Congreso se declararon gobiernistas, independientes y opositoras, le amarra las manos al presidente Duque para impulsar algunas de las iniciativas claves enunciadas en la campaña, en particular las relativas a las modificaciones del acuerdo de paz Santos-Farc.

Y, por último, las limitaciones no solo de lugar y modo sino de tiempo en el mando, escasamente cinco semanas en las que ha tenido que responder a innumerables cuestiones entre urgentes y delicadas.

Pero, ninguna de las limitaciones anotadas tendría por qué conducir a desestimar algunas quejas y críticas que se vienen presentando sobre hechos puntuales en los que se observa un desliz o un error fruto, quizás, de la confusión o de los afanes. El gobierno no es solo el presidente Duque, él tiene ministros y asesores que le hablan al oído y que tienen la obligación de advertirle del peligro o los líos con algunas de las medidas tomadas por él.

Insisto, en el mismo espíritu en que lo hace con toda buena intención y respeto el exmagistrado Vallejo, en que no se trata de asuntos insolubles y en que desde fuera del gobierno se aprecian ciertas cosas que no llegan a las alturas del poder o, también, temas de las alturas cuyas dinámicas no logramos entender desde fuera, deficiencia que se puede resolver con adecuados procedimientos y canales de comunicación.

A mí en particular me inquieta la suerte que vaya a correr la promesa de introducir modificaciones al Acuerdo de paz. Los escándalos e incumplimientos que estamos presenciando por parte de Iván Márquez y otros altos dirigentes de las Farc confirman las sospechas sobre el doble juego de esta guerrilla con la paz y con la alternativa armada. En ninguna parte del acuerdo figura el compromiso de ellas a renunciar en definitiva a las armas y ahí tenemos como motivo de inmensa preocupación las llamadas disidencias en número de frentes y miembros cada vez más en aumento.

Hemos escuchado que están en curso tres modificaciones, a saber: 1. Eliminación del narcotráfico como delito conexo al delito político. 2. Que en adelante los responsables de crímenes de lesa humanidad deben ir a la cárcel y, 3. Que estos delincuentes no puedan estar en órganos de representación popular hasta tanto no paguen sus penas.

En los tres casos, en realidad, no hay modificación del acuerdo sino leyes a futuro, para algo que no ha ocurrido y no sobre sobre lo que consagró la mayor impunidad de nuestra historia. Además, mantener la figura del delito político en una democracia y un país que se dice estar en paz, es un absoluto contrasentido. De esa forma quedaríamos validando de antemano nuevos “levantamientos armados” consolándonos con interponer algunas objeciones.

Es cierto que la correlación de fuerzas en el Congreso para sacar adelante una ley de modificaciones de los acuerdos no nos da garantías de aprobación. Pero hay que intentarlo y poner el tema ante la opinión pública pues si resulta imposible hacerlo por esa vía, entonces se apele a la convocatoria de un referendo revocatorio de algunos de los puntos que mayor impunidad contienen.

La recomendación de implementar los acuerdos que hiciera el experto en solución de conflictos y reintegración y acompañante de la impune política de paz de Santos, Alejandro Eder, formulada en reciente entrevista (El Tiempo, 10/09/2018) en el sentido de que lo más indicado es consolidar “la paz”, no debe merecer la atención del presidente Duque que sintetizó la bandera de las modificaciones en la expresión “Ni trizas ni risas”. Así pues, el planteamiento de Eder nos lleva al siguiente dilema: o se renuncia a hacer las modificaciones implementando el acuerdo o se agotan todos los caminos posibles para hacer los cambios.