De inesperada podría calificarse la manera como el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, comunicó ayer, a través de la emisora La W, la decisión de la entidad que dirige de llamar a indagatoria a Óscar Iván Zuluaga y a su hijo, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en su reciente campaña presidencial. Estas tienen que ver con interceptaciones ilegales con las que se pretendía obtener información reservada de los diálogos con las Farc en La Habana.

Como era de esperarse, que el jefe del ente acusador haya recurrido a este canal para efectuar la notificación agitó el avispero político, sobre todo en lo que concierne al Centro Democrático. En esta orilla, fue de mal recibo que Montealegre recurriera a un procedimiento que puede considerarse poco ortodoxo.

En su reacción, el partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe aludió a una persecución de la Fiscalía motivada por su condición de fuerza de oposición. Sin entrar en este tipo de consideraciones, sí hay que llamar la atención sobre lo que implica en el ambiente político el que el partido que acaba de conseguir cerca de 7 millones de votos, y que representa a un sector importante de la sociedad, vea cómo uno de sus principales dirigentes se entera de la mencionada novedad de una forma que nada aporta a la causa que la motiva y que, por el contrario, mucho ruido genera. Es leña innecesaria para un fuego que amenaza con causar daños en la institucionalidad y cuyo bombero termina siendo el Ejecutivo, al que se le abre un nuevo frente, teniendo ya suficientes asuntos por atender.

Un cuadro así obliga a plantear la pregunta de si el Fiscal pecó esta vez por ingenuo luego de morder la manzana de la tentación que encarna la exposición mediática. La misma que con tanta frecuencia se cruza en el camino de quienes ejercen cargos en los que la serenidad y la ponderación son las mejores consejeras.

Virtudes que ocupan un segundo plano a la hora de calificar el rol que este funcionario ha asumido en otro contexto: el del proceso de paz. La página más reciente fue la de su pronunciamiento en el sentido de que no habría necesidad de refrendar los eventuales acuerdos.

Son palabras que poco ayudan a la claridad en el manejo de la información, cualidad que se ha pedido varias veces desde estos renglones. Ocurre que, con razón, no pocos sectores de la opinión pueden creer que tal postura corresponde a la del Gobierno, sin importar que este todavía no se haya pronunciado.

En este punto de la negociación de la paz, de funcionarios del nivel del Fiscal General se espera una discreción que sea funcional para su avance. Y aunque, por supuesto, la dignidad que ostenta no lo priva de su derecho a la libre expresión, el ejercicio del mismo debe guiarse por un sentido de la responsabilidad que incluye evitar generar cortocircuitos innecesarios con otras instancias del Estado.

En otras palabras, se trata de no perder de vista el marco que para el ejercicio de este cargo establece la Constitución, y tampoco que la ley –y el sentido común– es clara en que es el Presidente el encargado de la dirección del proceso de paz y, en esa medida, es quien tiene la última palabra frente a asuntos de los que hoy depende el anhelo de silenciar por fin los fusiles.