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Miércoles 18 de Septiembre del 2019

Lo bueno, lo malo y lo feo

Publicado en:

El Colombiano  | 

Autor(a): Rafael Nieto Loaiza  |

Fecha: 27/09/2015

 

Foto: channelnewsasia.com

Lo bueno: por un lado, hay fecha definitiva para que las Farc “dejen” las armas. Será el 23 de mayo, dos meses después de la firma del acuerdo final. La definición conjunta de una fecha pone presión y hace muy costoso su incumplimiento. Por el otro, al menos las Farc aceptaron la investigación, juzgamiento y sanción de sus delitos más graves. La marca de sus crímenes internacionales los perseguirá por siempre.

Lo feo: el apretón de manos entre Santos y Timochenko, en condiciones de igualdad, como si el capo de los bandidos fuera otro jefe de Estado, con el abrazo cómplice de Raúl Castro. Nadie, Santos tampoco, debería olvidar que Timochenko y los jefes de las Farc están manchados hasta los tuétanos con la sangre de miles y miles de colombianos muertos y mutilados. Son asesinos fríos y despiadados, por mucho que justifiquen sus crímenes en motivaciones políticas. Esos delitos podrán o no ser perdonados por sus víctimas, pero no deberían ser olvidados nunca. La firma de este acuerdo, se alegará, era indispensable. Pero era innecesario y riesgoso desde una perspectiva del derecho internacional, que lo hiciera Santos. Podían haberlo hecho, como antes, los negociadores. Que la escena fuera avalada por Castro, además, debería indignar a quienes creemos en la democracia. Cuba es una dictadura y los Castro unos tiranos, aunque Santos, Obama y el Papa se hagan los de la vista gorda. Feo, también, que no nos permitan conocer el texto del acuerdo sino solo el comunicado conjunto. ¿Acaso no hay aun acuerdo? ¡Pero si el diablo está en los detalles! Y si no lo hay, ¿qué firmaron en La Habana?

Lo malo: para empezar, el tratamiento como iguales a las Farc y el Estado. Las Farc se empeñaron y consiguieron que Santos les diera un tratamiento simétrico que borra cualquier diferencia legal y ética entre ellos y nosotros. La consecuencia es que se da el mismo tratamiento judicial a la Fuerza Pública, encargada de hacer cumplir la ley y de perseguir a los delincuentes, y a los criminales que la violan: “la Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las Farc-EP y a los agentes del Estado”. Igualar a las Fuerzas Armadas y a los terroristas es un espanto. Malo, también, el aval del Gobierno para juzgar empresarios y políticos. ¿A Santos también?

Después, la impunidad. El gobierno sostiene que como habrá investigación, juzgamiento y sanción, no hay impunidad. Pero sí la habrá porque, por un lado, van a amnistiar e indultar todos los delitos, narcotráfico incluido por vía de la conexidad, menos los crímenes internacionales. Y para estos las penas no serán privativas de la libertad sino alternativas, como las que le gustan a Montealegre. Basta con comparar los textos: para quienes acepten sus crímenes, habrá “restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales”. Quienes no lo hagan “serán condenados a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias”.

Malo también insistir en la desinstitucionalización. Si en el proyecto de reforma constitucional se barre con el Congreso, ahora se dinamita el sistema judicial. En lugar de fortalecerlo, que mucha falta hace, Gobierno y Farc deciden crear un tribunal ad hoc, un tribunal especial donde los jueces serán escogidos por aquellos que serán juzgados y que no respeta el derecho fundamental establecido en los tratados internacionales de ser juzgado “por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley”. El acuerdo también borra la norma penal colombiana porque se juzgará con una especial, un derecho establecido por “las partes” para juzgarse a ellas mismas. Y malo que el Fiscal suspenda los procesos contra las Farc como si lo acordado fuera ya obligatorio y no necesitara el trámite constitucional respectivo.

Malo también que no se establezca que quienes no cuenten la verdad perderán los beneficios. Y malo que no se defina que las Farc deben reparar con sus bienes. ¿Será el proceso un gigantesco lavadero de activos?.

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