Este lunes fue citado a audiencia el periodista Juan Esteban Mejía por delito de injuria.
Mejía escribió un artículo para la revista Semana sobre las malas prácticas del médico general Carlos Ramos Corena, en cuya clínica fallecieron varias pacientes de cirugía estética. El artículo fue revisado por el equipo editorial de Semana que, como es normal, hizo varios cambios en el texto. Por ejemplo, en la versión original entregada por Mejía, decía “Un médico general logró fama y reconocimiento como cirujano…” y en la versión final se lee “Un hombre sin licencia se convirtió en uno de los cirujanos…”. Sobre esa imprecisión (era un médico general, no un hombre sin licencia), que en principio no fue culpa de Mejía, versa la denuncia por injuria. Ramos inicialmente denunció a Semana, pero la revista le dijo a la Fiscalía que el responsable de la nota era el periodista, que hoy ya no trabaja para ellos.
El error en el texto fue un error humano. Los periodistas somos personas, y por eso no somos infalibles. Incluso trabajando en equipo se producen errores como este, una imprecisión cuyo “daño”, si es que lo hay, no se compara de ninguna manera con las mujeres muertas vinculadas a las malas prácticas de Ramos, que hoy está siendo imputado por la misma causa en Puerto Rico. Si bien estos errores son comunes, normales, rectificables, y la mayoría de las veces no se alcanza a probar real malicia, y en definitiva menos graves que lo que se denuncia en el texto, suelen ser los puntos de donde se agarran montones de denuncias por injuria y/o calumnia: el método más popular hoy en día para atacar la libertad de prensa. Nada más en el 2014 la Fundación para la Libertad de Prensa registró 436 denuncias de este tipo contra periodistas.
Sería injusto prohibirle a la gente denunciar, pero la frecuencia de este recurso y la situación de vulnerabilidad y desprotección de los periodistas terminan por inhibir el ejercicio de la libertad de prensa. La mayoría de los periodistas no gana lo suficiente para tener la solvencia económica que requiere enfrentar un proceso legal y, como muestra este caso, no todos los medios son solidarios con todos los periodistas cuando ocurre algo así. Los periodistas rasos, los “cargaladrillos”, tienen que pensar dos veces antes de publicar cualquier cosa, pues ni siquiera hace falta mentir para ganarse una denuncia por injuria y calumnia; basta con chuzar el avispero equivocado. Entonces, ante preguntas como ¿cuánto costaría un abogado? ¿será que el medio que publicará la nota después se lavará las manos?, muchos caen en la autocensura. Por otro lado, los apoyos jurídicos que ofrecen los medios están más orientados a “quitarse un costoso problema de encima” que a defender la libertad de expresión.
Los textos periodísticos se construyen en equipo y, salvo por las columnas de opinión, el medio que los publica es el primer responsable por sus contenidos. Todos los periodistas, incluso los principiantes, deberían sentir el apoyo de su medio para hacer su trabajo. Son sus compañeros y supervisores quienes tienen la responsabilidad de hacer las primeras críticas a los textos, y esas críticas a su vez los entrenan para ser mejores periodistas. Sin ese respaldo, a un periodista cualquiera no le quedan ganas de tener audacia o de denunciar una injusticia. La única manera de hacer frente al acoso judicial es con redacciones fuertes y apoyo por parte de los colegas. Sin un gremio fuerte y solidario, lo que quedan son periodistas solos y desprotegidos. Esas son las condiciones para un periodismo inocuo y mediocre, que sirve para ocultar crímenes y corrupción y no para fortalecer una democracia. Después de todo, “lo escrito, escrito está” (así lo dijo Poncio Pilatos).
