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Lunes 23 de Julio del 2018

Lo mismo que antes

Publicado en:

El Espectador  | 

Autor(a): Editorial  |

Fecha: 04/11/2015

 

El presidente del Consejo de Estado, Luis Rafael Vergara, acompañado de Vicente de Santis y Marta Lía Herrera - Foto: Diario Hoy del Magdalena

Todo parece indicar que el Consejo de Gobierno Judicial está condenado a reproducir los problemas que la reforma intentó solucionar.

En Colombia parece cierto que todo cambia para que todo se mantenga igual. La elección de los miembros del Consejo de Gobierno Judicial (CGJ), que entra a reemplazar la cuestionada Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se perfila como un ejemplo más de que las reformas son inútiles si no se ataca la cultura burocrática que se ha construido sobre los favores personales. Mejor dicho: cambiamos el nombre de la sala, pero no sus debilidades. Nos explicamos.

El poder del futuro CGJ no es cualquiera: sobre él recaerá la asignación y ejecución de los $3,5 billones que conforman el presupuesto de la Rama Judicial. También por él pasarán todos los temas de nombramientos y de organización de la Rama. Es un rol, al mismo tiempo, esencial y muy propenso a sucumbir ante las dinámicas típicas de la corrupción, tan presentes en todas las instituciones del poder público. Por eso angustia que desde ya, antes incluso de su entrada en funcionamiento, haya dudas sobre la integridad del proceso de elección.

Como lo publicó el miércoles este diario, y como también lo han señalado varios columnistas, las irregularidades alrededor de la conformación del CGJ son preocupantes. Por ley, el CGJ lo conforman los presidentes de las tres altas cortes, un representante de los jueces y magistrados, otro de los empleados de la Rama, tres expertos (elegidos por los magistrados y los representantes de jueces y empleados) y un gerente, que va a ser elegido por los otros ocho miembros.

¿Qué ha pasado? Primero, la lista de los 15 candidatos a estas tres plazas fue revelada apenas la noche del martes, pese a que nunca se dieron a conocer las hojas de vida de los 95 inscritos a la convocatoria. Segundo, hubo una extraña modificación de las condiciones para postularse: el presidente de la Corte Suprema, el magistrado Leonidas Bustos, extendió la convocatoria a especialistas en tecnologías de la información y profesionales con experiencia en el sistema judicial. Esto benefició a una tercera parte de los postulados y les abrió la puerta a funcionarios de la Fiscalía cuyas cualificaciones para el cargo son dudosas. Tercero, se ha documentado que entre los 15 elegidos hay personas cercanas a varios funcionarios de alto rango dentro de la Rama, como el fiscal, Eduardo Montealegre, y Celinea Oróstegui, actual directora administrativa de la Rama. Cuarto, el proceso ha sido desordenado en su formulación y ejecución. Quinto, hay una demanda que busca detener la elección de los tres expertos que van a hacer parte de esta entidad y que pide que se anule la elección de los representantes de los jueces, esto por las irregularidades en la votación (desinformación, falta de recursos para ejercer el voto electrónico). Sexto, hay denuncias de presuntas presiones por parte de magistrados de altas cortes a favor de Vicente de Santis (representante de los jueces).

Empezó bien, pues, este intento por purgar la Rama Judicial de los escándalos de corrupción que la han plagado…

Ojalá se escuchen las voces que han solicitado mayor transparencia en la elección. Sin embargo, todo parece indicar que el CGJ está condenado a reproducir los problemas que la reforma intentó solucionar. Causa desesperanza que la administración de la justicia no vaya a poder darle un parte de tranquilidad y confianza a la ciudadanía. Si no cambian las personas, y si los mismos siguen con influencia indebida, no hay ley que solucione el problema.

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