Algo hace tres meses impensable, sucedió en Bogotá: Gustavo Petro, el candidato del partido Progresistas, ganó. Lo que indica muchas cosas de la ciudadanía votante. En primera medida, que los sectores en su contra no lograron unirse nunca (esos votos se dispersaron entre Peñalosa, Parody, Galán, Luna, demostrando a su vez el poder que en la capital tiene el voto de opinión frente al llamado “voto útil”). Pero en segunda medida algo que, sin duda, debe calificarse como histórico: el hecho de que Bogotá le confíe el segundo cargo más importante del país a un ex guerrillero que se desligó de las armas y decidió defender sus ideas haciendo política legal. Que su programa tenga problemas o que los retos que le esperan sean enormes, hace parte de otro tema. Pero en un país con un conflicto armado de 40 años, con muchos odios y resentimientos de unos contra otros, esto es sin duda muy importante y diciente.

El panorama en las otras grandes capitales y departamentos del país es esperanzador. Que muchos ciudadanos hayan salido a votar en contra de candidatos con un pasado dudoso, investigaciones encima o relaciones escabrosas, es un punto a favor que deja muy bien parada la imagen del fortalecimiento de la democracia y el deseo por la transparencia. Asimismo, el uso del voto en blanco —una de las formas democráticas menos usadas, pero a su vez, probablemente, la que expresa un deseo ciudadano limpio— en algunas ciudades, como Bello, Antioquia, que tenía candidato único lleno de sospechas, renuevan en gran medida el sueño electoral.

Sin embargo, el tramo que queda por recorrer para poder hablar de legitimidad democrática en el país sigue siendo muy grande. En muchos otros municipios la situación continúa siendo muy grave. Se hizo de todo para evitar que las mafias o los candidatos con investigaciones en curso ganaran. Desde el Gobierno, encargando a la Corporación Arco Iris una investigación sobre los candidatos y las relaciones con grupos armados ilegales, o la Procuraduría presentando un informe en el que 550 candidatos estaban inhabilitados, hasta ONG y medios de comunicación que denunciaron los problemas de muchos de ellos, la corrupción y las asonadas.

Tal vez como nunca antes hubo información detallada y seria para que se eligiera mejor. Y, sin embargo, en los municipios de la periferia las personas siguen eligiendo a los mismos que han sumido a sus pueblos en la corrupción y la pobreza. Un mensaje claro deja este capítulo de elecciones locales: muchas de las experiencias vividas en esas grandes ciudades hay que replicarlas en las menores. Será una labor institucional dura, que sí debe emprenderse desde el centro, donde se demostró que hay más fuerza institucional, pero sin caer en el facilismo ya comentado hace un tiempo de pretender eliminar la descentralización (una verdadera locura en términos de autonomía de los municipios de toda Colombia).

Las elecciones han transcurrido de manera tranquila, tal y como lo expresó Germán Vargas Lleras, pero dejan el sinsabor del poder local de la ilegalidad para influir en ellas. Los nuevos alcaldes y gobernadores deberán enfrentar retos muy grandes, por supuesto. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (aplicable sólo a nivel local) será apenas uno de ellos. Con todo, el gran cuestionamiento de la transparencia queda abierto: ¿Qué experiencias deben replicarse en los municipios menores para que sus ciudadanos no voten por candidatos oscuros? Ojalá el tema no se esfume hasta las otras elecciones sino que, aprendiendo de éstas y de algunos avances en lugares significativos, puedan hacerse los ajustes necesarios para un nuevo capítulo.