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Martes 17 de Septiembre del 2019

Los 2 testigos que buscan hundir al nuevo poderoso de Cambio Radical

Publicado en:

El Tiempo  | 

Autor(a): ---  |

Fecha: 06/01/2019

 

La exsecretaria de Infraestructura de Santander Claudia Toledo le ofreció a la Fiscalía información sobre supuestos delitos de corrupción cometidos por Richard Aguilar (Derecha). - Foto: Archivo particular - eltiempo.com

El senador Richard Aguilar es señalado de recibir coimas por contratos por más de $556.000 millones.

El joven senador Richard Aguilar cerró el 2018 como uno de los congresistas con mayor notoriedad nacional: además de ser el ponente de la accidentada y polémica ley de financiamiento, asumió las riendas de su partido (Cambio Radical) tras la derrota en las presidenciales de su jefe natural, Germán Vargas Lleras.

Con tan solo 37 años y 76.000 votos, Aguilar logró consolidarse rápidamente dentro del espectro político, a pesar de que lo precedían los escándalos de corrupción de su colectividad y la sombra de su padre, Hugo Aguilar, condenado por nexos con ‘paras’ y procesado por lavado de activos y testaferrato.

Pero esta luna de miel en el arranque de su primer periodo como senador puede verse golpeada por un proceso judicial que la Fiscalía adelanta a gran velocidad contra dos de sus alfiles más cercanos cuando fue gobernador de Santander (2012-2015).

EL TIEMPO tiene en su poder el preacuerdo que la exsecretaria de Infraestructura de la Gobernación de Richard Aguilar, Claudia Yaneth Toledo, y su esposo, Lennin Darío Pardo, le ofrecieron a la Fiscalía para buscar beneficios en medio de la investigación que se les sigue por corrupción.

Ambos, al igual que el interventor Andrés Mauricio Díaz, fueron capturados en octubre pasado por supuestamente ser partícipes de las irregularidades que se cometieron en la remodelación del estadio Alfonso López, de Bucaramanga, obra que terminó costando 22.000 millones de pesos, un 40 por ciento más de lo presupuestado.

Según la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, 2.900 millones de pesos se desviaron para pagar coimas que habrían terminado en los bolsillos de Toledo, su esposo y del interventor.

Y aunque los tres obtuvieron casa por cárcel, ahora, a través del preacuerdo que se está cocinando, Toledo y su esposo buscan beneficios a cambio de develar a quien supuestamente sería la cabeza de un entramado de corrupción más grande: el hoy senador Aguilar.

Diputados salpicados

A través de sus apoderados –los penalistas Jaime Lombana y Luis Gabriel Chaves–, la pareja le hizo saber a la Fiscalía que tienen pruebas de cómo se habrían direccionado contratos por más de 556.000 millones de pesos durante el mandato de Aguilar y los nombres de varios diputados y hasta congresistas que resultaron beneficiados.

El ‘modus operandi’ consistía en publicar los procesos contractuales para que los ‘elegidos’ de Aguilar entraran legalmente a la puja. El siguiente paso era direccionar los requisitos para que estos salieran beneficiados y, por último, otro asesor de la gobernación se reunía con ellos para informarles cuánto debían pagar de coimas por la adjudicación.

“La matriz de colaboración incluye la entrega de información de los beneficios que recibía el gobernador a cambio de estas asignaciones, así como también los proyectos que se presentaban por los diputados y parlamentarios, junto con los contratistas de su confianza, para que los contratistas se relacionaran directamente con el asesor del gobernador para que se coordinara la adjudicación del contrato”, dice el preacuerdo ofrecido.

De hecho, Toledo afirma que su retiro de la gobernación se generó por la negativa de adjudicar uno de los contratos. Y añade que tiene la evidencia de cómo el Contrato Plan de la administración departamental –aprobado por el gobierno Santos y que superó los 2 billones de pesos– se dividió en seis licitaciones direccionadas. Una de ellas, dice, suma más de 556.000 millones de pesos, y hay otras dos que faltaron por ejecutar.

“La colaboración también incluye los nombres de los asesores del entonces gobernador, quienes se encargaban de organizar la estructura administrativa, técnica y jurídica de las supuestas irregularidades”, le dijo a este diario una fuente cercana al caso. Y agregó que, al parecer, algunos de esos asesores siguen siendo cercanos al entorno de Aguilar.

Oficialmente, el vocero de Cambio Radical solo tiene un proceso en la Contraloría General por la supuesta desviación de dineros de las llamadas raciones escolares. Pero los señalamientos de los potenciales testigos en su contra, que dicen tener pruebas y documentos para respaldarlos, lo dejarían automáticamente en el radar de la Corte Suprema y políticamente golpeado.

EL TIEMPO se comunicó con el senador, quien dijo que no conocía el contenido de la información de su excolaboradora de confianza, pero negó tajantemente cualquier nexo con hechos ilícitos.

Mientras la Fiscalía define si perfecciona el preacuerdo con Toledo y su esposo, ambos seguirán siendo procesados por interés indebido en la celebración de contrato, peculado por apropiación y falsedad en documento privado.
‘No tengo información del preacuerdo’

El senador Richard Aguilar, de Cambio Radical, le dijo a EL TIEMPO que aún no conoce el contenido del preacuerdo que dos de sus fichas cuando fue gobernador de Santander (2012-2015) le ofrecieron a la Fiscalía para buscar subrogados penales en las investigaciones que les adelanta por corrupción.

Aguilar dijo que está fuera del país, pero aseguró que al regresar reunirá a su equipo jurídico para diseñar su defensa legal y pronunciarse oficialmente sobre este tema. No obstante, afirmó que siempre ha mantenido disposición de colaborar con la justicia y ratificó que no tiene responsabilidad sobre ningún hecho ilícito.

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