Buen ejercicio hace la oposición al generar debate sobre la multimillonaria contratación del Fondo para la Paz. El Gobierno tiene que garantizar transparencia y rendir cuentas caso por caso.

El ejercicio legítimo de la oposición política tiene de positivo para una democracia, que permite que muchas informaciones y documentos que permanecen desconocidos -así sean de carácter público- pueden salir a la luz para generar un debate útil y necesario.

En esta misma semana ha habido pugnacidad, mensajes cargados de críticas desde la oposición contra el Gobierno y desde este contra aquella. Es lo normal en democracia, conveniente para un sistema que valore el pluralismo, la libertad de opinión y el control al ejercicio del poder.

Ahora se sabe que a través del Fondo de Programas Especiales para la Paz, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de la Presidencia de la República ha destinado multimillonarios recursos para contratar con entidades públicas, privadas y mixtas toda una serie de servicios y asesorías.

Esta información ha dado lugar, como no podía ser menos, a un intensa polémica. Y aquí vale la pena reivindicar la idea que esbozábamos al principio: la oposición está en todo el derecho de preguntar, pedir explicaciones, impugnar, sin traspasar injustamente los linderos de la honra de personas o entidades que bien pueden haber contratado con entera buena fe.

El Estado está legitimado para contratar expertos que coadyuven a la ejecución de políticas, máxime en temas de alta complejidad. Pero debe justificarlos caso a caso. Por eso el Gobierno, los funcionarios públicos y los responsables de la contratación están en la obligación de brindar toda la información con plena transparencia y dar cuenta no solo de los fines y medios para suscribir tan cuantiosos contratos, sino también de su utilidad social, de su cumplimiento y del grado de satisfacción en los objetivos trazados.

Ha llamado la atención, especialmente y con todo fundamento, que dentro de las entidades contratadas esté la del excandidato presidencial y exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus. El objeto del contrato -FP 093 de 2014- es “promover mensajes e ideas estratégicas para invitar a una movilización ciudadana que promueva el respaldo social ante las conversaciones del Gobierno Nacional y las Farc-Ep en La Habana”. No hay que ser experto jurista para entender lo que allí se encomienda. Con su hoja de vida limpia y su trayectoria de político creíble, es de lamentar que haya relación entre ese contrato y la convocatoria a una “Marcha por la Vida” liderada por él. Mockus y el Gobierno han desmentido que lo uno tenga que ver con lo otro. Pero más que un problema ético -que puede haberlo- es estético. No es ilegal, pero sí despierta suspicacias. La duda que queda es justificable, y por eso tienen derecho a interrogar. Como tienen derecho a preguntar a corporaciones que se presentan como independientes, pero cuyos contratos los dejan en posición de juez y parte.

También hay otros contratos con objetos francamente indeterminados -mírense bien los de la Federación Nacional de Cafeteros, o los de algún exfuncionario del Gobierno- de cuya utilidad tendrá que informarse a la ciudadanía.

No todos los contratos son injustificados, por supuesto. Ojalá el debate no se reduzca a lanzarse epítetos (“corruptos”, “fascistas”), pues tanto la oposición puede ofrecer un buen ejercicio de control político (o derivar en un inconducente abuso mediático), como el Gobierno demostrar su tan promocionada apuesta por la transparencia. Hay todo un país pendiente de ello.