Los estudiantes adelantados de Homero Simpson o un cadáver sin requisitos como rey de burlas del estatuto de Roma y la Cpi

Solo porque no me importe no significa que no entienda. Homero Simpson

Si pudiera resumir la tragedia de Colombia lo haría con un hombre que sufrió su patria y murió de dolor por ella, Miguel de Unamuno, la antítesis de Homero Simpson, como me lo recordaba mi padre, cántabro silencioso y dolido, que comparaba su patria de adopción, Colombia, con su madre tierra.

En la visita que le hizo Nikos Kazantzakis en la Universidad de Salamanca en agosto de 1936 reflejaba lo que quizá, en la aparente ultra católica España percibía Unamuno por debajo de la hipocresía que esconde el miedo de lo perdido, o el caos del alma. Al entrar Kazantzakis a la oficina, Unamuno le habla en tono alto y exaltado:

"¡Estoy desesperado! Desesperado por lo que está ocurriendo en España. Se lucha, se matan unos a otros, queman iglesias, celebran ceremonias, ondean las banderas rojas y los estandartes de Cristo. ¿Cree usted que esto ocurre porque los españoles tienen fe, porque la mitad de ellos cree en la religión de Cristo y la otra mitad en la de Lenin? No, en absoluto. Escuche y ponga atención a lo que voy a decirle. Todo lo que está ocurriendo en España es porque los españoles no creen en nada. ¡En nada! Como no creen en nada, están desesperados y actúan con salvaje rabia… El pueblo español se ha vuelto loco. El pueblo español y el mundo entero. Todos odian al espíritu… Conozco muy bien a estos jóvenes de hoy, a estos jóvenes modernos. Odian al Espíritu…".

Después calla Unamuno, coge un ejemplar de su última novela, San Manuel Bueno, mártir, y le lee unas páginas a su visitante. Cuando termina de leer, habla así de su protagonista:

"Mi héroe es un católico que no cree, pero que lucha por dar a su pueblo la fe que él no tiene, y de ese modo pueda tener fuerza para vivir. ¡Para vivir! Pues sabe que sin fe, sin esperanza, el pueblo no puede vivir"… "Llevo cincuenta años sin confesarme, pero yo mismo he confesado a curas, frailes y monjas. De ellos, sólo me interesan aquellos curas que aman a la mujer. Ellos son los únicos que realmente sufren. Y aquellos que han perdido la fe me interesan aún más. Su tragedia es terrible. Tal es la de mi 'San Manuel Bueno, mártir."

De manera similar, muchos no creen en Colombia, les importa un bledo, pero hablan de paz desde un apartamento en Miami. Otros no creen en Lenin, sino en el billete y despotrican contra el capitalismo. Algunos privilegiados mercadean con la justicia, pero la invocan como dama sumisa a todas las prostituciones; es decir, algo parecido a las estupideces escalofriantes de los Simpson.

Un ‘deja vu’ de la España anterior a la de 1936, llena de odios políticos, discusiones sin fin, desencuentros, se refleja involuntariamente en la columna de María Isabel Rueda en El Tiempo del 9 de noviembre de 2014, “Godo bueno, el que se va muriendo…” relacionada con el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado y la posición de la Fiscalía en la que la periodista expresa su posición: “La actitud del Fiscal Montealegre de insistir en que el de Álvaro Gómez no llena los requisitos de un crimen de lesa humanidad, como se lo solicitaron todos los expresidentes vivos de Colombia (salvo el que aparece mencionado en toda la investigación), lo deja a uno pensando si lo que esconde es la secreta intención de ayudar a alguien, que en este caso solo pueden ser dos personas: Ernesto Samper y su exministro Horacio Serpa.” En otras latitudes hubieran sido motivo de escándalo estas afirmaciones; aquí pasarán como un artículo más, lo que me llevó a consultar el Estatuto de Roma de la CPI, para ampliar el espectro del asunto.

Cabe anotar que las aseveraciones de MIR se basan “en un documento de este año elaborado por la Unidad de Análisis y Contextos, (que) parece contradecir abiertamente la tesis de su jefe, el Fiscal,” luego no son elucubraciones de la periodista. El documento de la Fiscalía dice: “Para relacionar los homicidios y atentados citados en este análisis, es necesario tomar como referencia coyuntural el proceso 8.000, es decir que el homicidio de Álvaro Gómez no es el punto nodal del fenómeno criminal, sino que puede entenderse como una víctima más del exterminio de personas que criticaron el gobierno Samper por sus presuntos nexos con el narcotráfico, los que quisieron colaborar con la investigación y los que tenían conocimiento de la infiltración de los dineros de los carteles en la campaña Samper Presidente.” Como víctimas del exterminio cita el documento 20 nombres, entre ellos el de AGH. Para corroborar los aprietos del gobierno por los señalamientos del 8.000, en el libro de Mauricio Vargas, Jorge Lesmes y Édgar Téllez “El presidente que se iba a caer” se dan pormenores de las preocupaciones del gobierno Samper, su vocero ante la Revista Semana, Juan Fernando Cristo, a quien llamaban ‘el censor’, por su vigilancia de los pormenores de investigación de los periodistas, por lo que en el momento en que se vieron seguidos y amenazados, le hicieron el reclamo al Ministro de Defensa, Fernando Botero. Además, la misma María Isabel Rueda fue testigo como directora de QAP del quite que quiso hacerle Samper a las revelaciones de Toft, Director de la DEA. Y como la 'cereza' del cocktail político Miguel Rodríguez Abadía, en entrevista con el Noticiero del Mediodía de RCN del 12 de noviembre del 2014, no deja dudas del romance entre el Cartel de Cali, el flamante expresidente y los otros contertulios de la fiesta. (De puras vainas se salvó el Cardenal Rubiano como autor del ‘elefante,’ y como un posible vicario judicial para la conciencia del presunto cómplice del cartel, al no querer leer la confesión escrita de Samper.)

Hay suficientes evidencias y pruebas; testimonios de miembros de la mafia, actos de desviación y encubrimiento para concluir que el magnicidio de AGH no fue un episodio aislado del azar. Si el informe de la Fiscalía dice que el asesinato de AGH puede entenderse como el exterminio de personas que criticaron el gobierno Samper , el exterminio es algo sistemático, AGH pertenecía a la población civil, el impacto del magnicidio pudo haber generado consecuencias sociales impredecibles. No sé qué otros requisitos quiera el Fiscal en contravía de la CPI.

Por otra parte, en el Artículo 7 del mismo Estatuto se especifican los hechos y el accionar, no el autor, para determinar qué es un Crimen de Lesa Humanidad, CLH: “A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque,” lo que quiere decir que los CLH son delitos que los puede cometer el estado, un grupo paramilitar o la guerrilla.

Agreguemos a lo anterior que para supuestamente contestar las críticas al Proceso de Paz, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, publicó en junio de 2014 el folleto “Entérese del Proceso de Paz.” En la página 11 vienen los 10 Principios para la discusión del punto 5 de la agenda: “víctimas.”

Por lo tanto sorprende que el gobierno y las Farc reconocen “que las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) con ocasión del conflicto tienen derecho a la verdad, la justicia, la reparación y a las garantías de no repetición,” ¡pero no reconocen que esos crímenes son imprescriptibles como parte de la verdad que las víctimas deben conocer! ¿Dónde está, entonces, la garantía insobornable de la verdad?

El texto es impecable, pero no deja ver la omisión venenosa. Además, las “víctimas” iletradas no podrán leer; la opinión pública educada no conoce las fuentes del DIH, por lo tanto se rige por un criterio emocional o político; a los milicianos ejecutores de las Farc no se les instruye sobre esos derechos y el ‘Alto Comisionado’ no los divulga. Es decir, hay censura por ignorancia intencional de parte de los ‘negociadores’, que es la peor. En ese escenario de evasión, quiero señalar, por lo menos, fuentes de consulta para el próximo debate sobre el tema en el Senado, si es que se da.

Estos son los principales documentos que fundamentan el DIH: La Convención de la Haya de 1954, para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado y sus dos Protocolos; La Convención de 1975 sobre Armas Bacteriológicas; La Convención de 1980 sobre Ciertas Armas Convencionales y sus cinco Protocolos; La Convención de 1993 sobre Armas Químicas; El Tratado de Ottawa de 1997 sobre las Minas Antipersona; El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados.

De acceso un poco trabajoso para los lectores sin internet, una víctima sí podría conceptualizar, no solo aceptar de oídas, en un programa educativo por televisión, cuáles son los elementos, características y circunstancias de los crímenes de lesa humanidad y las experiencias reales del enjuiciamiento de esos criminales: Asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definida por motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; desaparición forzada de persona, el crimen de apartheid, otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. Con las especificaciones anteriores, cuando se empiece a difundir la “Cátedra de la Paz” ¿tendrá claro el país qué es lo que no se puede volver a repetir en términos de CLH?

Además, a la población civil se le engaña al no explicársele que un grupo puede estar cometiendo ‘crímenes de guerra’ sin disparar un tiro cuando:

Se declaran abolidos, suspendidos o inadmisibles ante un tribunal inventado por la guerrilla, los derechos y acciones de los nacionales mediante coacción, amenaza, o por puro capricho. Ejemplo: la extorsión por decreto y otros; el mantener ‘secuestrados o ‘prisioneros’ sin un juicio; cuando se saquea una ciudad o una plaza, incluso cuando es tomada por asalto; cuando se emplean armas envenenadas; se remata a un herido; se dan tratos humillantes o degradantes; se obliga a ser escudo humano; al reclutar niños; tomar rehenes; cuando se condena sin juicio; se vuelan torres, oleoductos, puentes, carreteras, escuelas, no como muestras del ‘desespero’ de la guerrilla, como le gusta decir a Santos, sino como la comisión deliberada de un crimen de guerra.

El escenario antidemocrático y ‘anti educativo’ de ignorancia pública sobre estos delitos hace que los crímenes de lesa humanidad y de guerra se constituyan en una generalizada burla social y mundial al no identificarlos como tales, pues se han convertido en parte de la cotidianidad salvaje, indiscriminada. ¿Cómo puede entonces tener vigencia social el principio de esclarecimiento de la verdad para garantizar la no repetición? ¿Cómo se puede gozar de un derecho de defensa, si no se conoce específicamente el delito que queda sustituido por la pantomima del perdón?

Vemos entonces el hecho, pero no su calificación moral o jurídica, lo que hace que la consciencia social se forme alrededor del delito común y corriente, o de una emoción de desagrado, rechazo, y no sobre un DERECHO IMPECABLE, INAJENABLE, DEFINIDO, CONCEPTUALIZADO, ASIMILADO COMO VERDAD REAL, en el que los insultos y calificativos sobran como contentillo porque la calificación criminal que lo señala como especialmente deleznable, repudiable, contra natura, está claramente definida en los códigos y no hay campo para el engaño o la ignorancia conveniente al estilo de Homero Simpson. Esa es la realidad que la guerrilla evade, porque sabe perfectamente que si la opinión pública no ha ‘comprado,’ porque no conoce, en derecho, la verdadera naturaleza legal de cada atrocidad ¿por qué tienen ellos que vender su propia soga para el pescuezo? Se cumple así el tenebroso dicho: “Compra la verdad y no la vendas.” O secuéstrala, que es lo mismo. Así, en su edición del 2 de agosto de 2013 El Tiempo desplegaba en primera página: “Fiscalía va por 82.000 hectáreas en poder de las Farc” y “El ‘dossier’ de las tierra despojadas por las Farc” dando a conocer al camarada Romaña como el principal negociador de tierras adquiridas mediante crímenes de guerra.

Por esa desinformación pública, hoy, impunemente, ese criminal de guerra negocia en La Habana, el Fiscal calla, la CPI y el país se constituyen en reyes de burla.

Mientras tanto los indígenas del Cauca, desarmados, sacan la cara por la dignidad de toda vida humana y el país, fijan una posición clara e irreductible de defensa de la vida, ante los recovecos legales de la CPI, los constitucionalistas a sueldo y los defensores de la guerrilla en la ONU, condenando ejemplarmente, sin apelación, a los terroristas de las Farc. Y como si fuera poco, el testimonio del despiste sobre la justicia pronta y efectiva es de tal magnitud, que el 14 de mayo de 2008, Felipe Zuleta Lleras le hablaba “al oído de la CPI” y ‘denunciaba,’ refiriéndose a los paramilitares, que “el estado no ha sido capaz de juzgar a sus nacionales por delitos de lesa humanidad” interpretando la extradición de los mismos como una excusa para no juzgar, y asegurando, además, que la CPI vendría para Colombia a apresar a Uribe por lo que se tendría que mantener en el poder para evitar ese infortunio. Sueños locos de Felipe, diría yo. No conoce que el pragmatismo, o “El mal menor de una especial ética política en una era de terror” del Profesor Michael Ignatieff, ampliamente discutido en el mundo, es la única defensa de la democracia maniatada por códigos. Por lo que diríamos parodiando a un fallecido capo: “Cambio la soberanía de juzgar a nuestros criminales con penas risibles, por una gorda condena con los gringos.” Por ese motivo, Den Xiaoping diría en 1962, en un encuentro del secretariado del Partido Comunista Chino: “No importa que el gato sea blanco o negro; mientras pueda cazar ratones, es un buen gato." Es decir, con extradición o justicia nativa que sustituye ejemplarmente al sistema complaciente y corrupto que rige en Colombia, lo importante es que algún gato, con o sin pedigrí, cace ratas, pues se trata de la supervivencia de la sociedad, no de la complacencia de los jueces y las cajas de resonancia de las Farc.

Por otra parte, no sé si en alarde de mal gusto, o de personales sistemas exploratorios que pretenden sustituir la lógica, decía Zuleta Lleras en reciente columna (Santos y el corozo, El Espectador, 8 Nov. 2014) “El presidente arrancó el proceso con las Farc sin saber realmente las consecuencias del mismo. Calculó que sería más rápido, corto y fácil. Y, por supuesto, se ha dado cuenta de que nunca se midió el corozo como lo hacen los micos antes de comérselo, pues saben que si la pepa es más grande que el ano, mueren atorados. Ojalá Santos entienda que este corozo que le está haciendo tragar al país puede ocasionarles a los colombianos una oclusión intestinal, que en la práctica no es más que la destrucción de lo poco que todavía funciona.”

Saliendo del delirio freudiano de Zuleta Lleras con Santos, el ‘corozo’ no es que perdamos algo, sino las consecuencias en una sociedad que ha perdido la fe y pudiera ser, además, gobernada por sociópatas.

La historia de las comarcas latinas, caribeñas y africanas nos muestra el sufrimiento y desgracia de nuestros hermanos, bajo el mando de sociópatas, con acciones que la CPI clasifica como crímenes de lesa humanidad y de guerra: Crisis económicas paliadas con discursos, hambrunas vergonzantes escondidas, la muerte y desplazamiento lento de millones de personas a través de mares, selvas y desiertos; violencia, degradación moral, pérdida total del estado de derecho, injusticia generalizada, violación permanente de los derechos humanos, represión radical, abusos judiciales contra disidentes, violación absoluta a la libertad de expresión, saqueo del erario público, eliminación de los medios de comunicación opositores, políticas populistas degradantes en relación con la naturaleza humana, apego desmedido y patológico por el poder, depravación absoluta de sus gobernantes y muchas barbaridades más. Esa es la verdad que no se enuncia con el lenguaje justo, ponderado, fiel a la verdad, de la verdadera justicia. Lenguaje que ha sido sustituido por el del show de los escándalos.

La democracia de los últimos tiempos ha sido muy vulnerable en los países en desarrollo; frágil y propensa a caer en estos regímenes sociópatas porque muchas veces el colectivo social ha sido burlado por gobiernos anteriores, supuestamente democráticos, y la fe de las gentes se ha visto acallada por el diletantismo libertario, dando como resultado el rencor y el resentimiento social sin redención que busca compensaciones substitutivas. Estemos alertas y no seamos necios, pues “el lugar más oscuro del infierno está reservado para todos aquellos que son indiferentes.” Ese es el corozo peligroso, Felipe; no una Colombia afectada por una constipación macondiana, ni la cínica indiferencia administrada de los Simpson y las Farc.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Buscar

Facebook

Ingresar