Se conocen noticias que aumentan la sensación de que la Fiscalía está incurriendo en gastos desbordados. Ahora también tiene diplomacia propia. ¿Quién controla, quién rinde cuentas?

Hace dos años el Congreso otorgó facultades al presidente de la República para que ejerciera una potestad legislativa de carácter extraordinaria -es decir, que en principio compete al Congreso pero que éste declina a favor del Jefe del Ejecutivo- y procediera a reformar la estructura de la Fiscalía General de la Nación.

Esa vía expedita de reforma, que se materializó en enero de 2014, dejó satisfechos a los tres protagonistas: al Congreso, que pasó la responsabilidad al Poder Ejecutivo y eludió los debates que habrían podido molestar al fiscal general; al propio fiscal, que evitó que la reforma que venía pidiendo fuera discutida por las diversas corrientes políticas en el Legislativo; y al presidente, que pudo entregarle al fiscal una reforma a la medida, basada en los borradores preparados por el propio Eduardo Montealegre y su equipo.

Dentro de las novedades contenidas en la reforma se incluyó la creación de “consejeros judiciales en comisión al extranjero para misiones especiales”. Según el decreto ley 021 del 9 de enero de 2014, estos consejeros tendrán como función “cumplir misiones de interés para la Fiscalía General de la Nación, mantener vínculos en materia de investigación y facilitar el flujo e intercambio de información relevante para los procesos penales que se adelanten en el país”.

Su nombramiento lo hace el presidente de la República, ya que estarán adscritos con el rango de ministros plenipotenciarios a las embajadas de Colombia en los países a los cuales se destinen, pero su escogencia la hace el fiscal general, que quedó con la potestad de enviar funcionarios a los países más importantes, por períodos que pueden llegar a los cuatro años.

Según el Informe de Gestión 2014-2015 presentado, en febrero pasado, por la Fiscalía General de la Nación, “los consejeros judiciales que hasta el momento han sido nombrados se establecerán en Estados Unidos de América y en la República Federal de Alemania”.

En los últimos meses han sido nombradas dos consejeras judiciales más. Una en Londres, Ángela María de la Torre Benítez, en comisión especial desde el 20 de julio hasta el 31 de diciembre de 2015. Y otra en Madrid, Faride Alexandra García Ramírez, quien es la Directora de Gestión Internacional de la Fiscalía y que estará en comisión especial entre el 7 de agosto y el 31 de diciembre de este año.

En los decretos de nombramiento se hace referencia a las funciones genéricas del cargo, sin asignarles misiones especiales, que seguramente serán especificadas mediante directrices internas, reservadas por razones que pueden entenderse. Y se les asignan las remuneraciones: por cinco meses y diez días, a la consejera judicial en Londres le pagarán algo más de 276 millones de pesos, y a la consejera judicial en Madrid casi 265 millones por cuatro meses y 24 días. Unas sumas considerables aún para ciudades caras como estas. Y que exigen, por tanto, plena justificación sobre su necesidad y sobre los resultados de gestión obtenidos.

Son varias las noticias que dan cuenta de las necesidades y vacantes que tienen que surtir las fiscalías regionales, como en Medellín y Antioquia, donde un solo fiscal maneja hasta 400 casos, entre represados y los que entran a investigación.

En el poder público pocos quieren o pueden ejercer un control sobre tan poderosa entidad, ni examinar sus gastos ni auditar sus cuentas, ni mucho menos correr el riesgo de que parezcan peleas con su funcionario titular, lo que podríamos denominar “síndrome Morelli”, por como le fue a la excontralora.

Se podría pensar que queda solo la prensa, no exenta ni mucho menos de sufrir retaliaciones y presiones, como puede interpretarse la citación que recibió María Isabel Rueda, por sus denuncias periodísticas.