El 3 de julio de 2015 se firmó un contrato de asignación directa entre la Fiscalía General de la Nación y la empresa Springer Von Schwarzenberg Consulting Services S.A.S., de Natalia María Springer, por la bicoca de COP$3.085.600.000.

El objeto del acuerdo, según la página 3 del contrato, era “prestar un acompañamiento y apoyo jurídico y técnico especializado al señor Fiscal General de la Nación para el procesamiento de datos en casos de crímenes excepcionales/internacionales cometidos por el ELN y las Bacrim”. (Ver ContratoFiscalía.pdf)

El fiscal Eduardo Montealegre se había negado a entregar detalles de esta asesoría argumentando que tenía la debida reserva de una investigación penal, mientras que Springer hacía lo mismo catalogando su trabajo de seguridad nacional. Lo único que se sabía, aparte de las críticas, fue gracias a una entrevista del 14 de agosto de 2015 en la que el Fiscal calificó el trabajo como revolucionario. (Ver “Asesoría es primordial”: Montealegre)

Revolucionario. Nada más ni nada menos.

Ahora bien, esta semana se conoció de manera oficial el primer avance del trabajo de Springer Von Schwarzenberg en una rueda de prensa desde Washington en la que el Fiscal dijo que el trabajo fue una “macroinvestigación realizada sobre crímenes de guerra de lesa humanidad atribuidos al ELN, enmarcada en los ataques cometidos contra la infraestructura petrolera desde los años 1986 y 2014”, en particular contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas. (Ver La reaparición en Washington de Natalia Springer)

El documento entregado por la Fiscalía General de la Nación en esa rueda de prensa se titula: “Estableciendo Los Hechos. Metodología cuantitativa aplicable al análisis de casos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Colombia”. Impresionante, ahora bien, una lectura cuidadosa del reporte deja concluir que es más título que sustancia.

Basado en este documento, ya que el informe completo no se conoce, se puede establecer que el trabajo de Springer Von Schwarzenberg no ha sido revolucionario, ni tampoco innovador, y mucho menos de seguridad nacional. No.

Van los hechos: de las 46 páginas que tiene el reporte, una página es portada, una página es lo que se va a presentar y cuáles son las preguntas que se quieren responder, siete páginas son un reseña del análisis cuantitativo en investigaciones en otros países, una página es de las herramientas metodológicas utilizadas, cinco páginas contienen una incompleta línea de tiempo de la historia del ELN, una página contiene mapas del oleoducto Caño Límón-Coveñas, dos páginas traen infografías con cifras de las cuales ya se conocían algunas, 19 páginas son de gráficas que enlistan datos como el costo de las reparaciones o la cantidad de petróleo derramado por municipio, y termina con siete páginas de la valoración económica de los impactos ambientales que contienen unas confusas tablas sin ningún tipo de interpretación. (Ver Estableciendo LOS HECHOS.pdf)

Otros hechos: de las 19 páginas que contienen tablas, únicamente se citan dos fuentes que son Ecopetrol y el Sistema de información geográfica del Agustín Codazzi. Estas fuentes son públicas y la mayoría de esos datos ya se conocían, puesto que Ecopetrol y el Ministerio de Defensa publican el número de ataques guerrilleros a la infraestructura petrolera. (Ver El informe Springer sobre el Eln)

Más hechos: el trabajo de la firma Springer Von Schwarzenberg no contiene análisis, cruce de datos, interpretación y no presenta conclusiones concretas. Fuera de eso sólo habla del ELN y no menciona a las Bacrim, lo cual está en el objeto del contrato, y, para colmo de males, se conoció que los funcionarios de la Fiscalía venían utilizando esa metodóloga de trabajo hace mucho tiempo, es decir que lo de Springer no es la gran innovación. (Ver Metodología de Natalia Springer es la misma que aplica la Fiscalía hace 2 años)

Es claro que la Fiscalía y Springer querían presentar este estudio como la panacea para justificar la importante inversión que se ha hecho de recursos públicos en estas 46 páginas, pero en realidad son unos gráficos públicos y la descripción de unos datos que ya eran conocidos. Parece ser una pérdida de tiempo y de más de tres mil millones de pesos.