La reciente noticia sobre la decisión del Grupo Santo Domingo de suspender el proyecto agroindustrial que adelantaba en el Vichada por falta de reglas claras en la política de tierras es preocupante, y pone en evidencia la fragilidad de la inversión cuando esta no cuenta con las condiciones adecuadas para prosperar.
Colombia en la última década logró atraer con gran éxito capitales del exterior, dirigidos principalmente hacia los sectores de hidrocarburos y minería, pero también hacia los de manufacturas, comercio y servicios. Gracias a la mayor seguridad, al aumento de la demanda mundial por materias primas (de las cuales Colombia posee una gran riqueza) y al enorme potencial del mercado colombiano, la inversión extranjera se multiplicó por nueve en estos años, pasando de US$1.720 millones en 2003 a US$16.772 millones en 2013. El reto ahora es mantener y superar los niveles alcanzados.
El proyecto del Grupo Santo Domingo no es el primero que se frustra por falta de claridad en las reglas. De hecho, por esta misma razón, es poco lo que queda del ambicioso plan del gobierno Santos de reactivar la actividad forestal mediante la siembra de un millón de hectáreas.
Los inversionistas chilenos, a quienes el presidente invitó como pioneros de este programa, llegaron efectivamente, pero desistieron rápidamente de la iniciativa. La incertidumbre generada por la Ley de Tierras y el posterior fallo de la Corte Constitucional que declaró inexequible la reforma a la UAF contenida en el Plan Nacional de Desarrollo, hicieron que perdieran todo interés. Lo mismo sucedió con muchas otras empresas que entraron al programa. Una incluso optó por hacer la inversión en Ecuador.
Pero no solo son los proyectos forestales y agroindustriales los que están haciendo agua. La dificultad para resolver los temas sociales y ambientales en los proyectos de minería, energía, hidrocarburos e infraestructura están afectando la inversión en estos sectores. Muchas veces incluso la solución de los mismos es tan onerosa en términos de tiempo y dinero que los vuelve inviables. Un ejemplo es lo que está pasando con el oleoducto Caño Limón – Coveñas, que ha estado sin operar durante un mes porque la comunidad UWA no permite su reparación. El costo: dejar de bombear 72.000 barriles diarios con las implicaciones que esto tiene.
Colombia es un destino atractivo para los inversionistas y aún sigue llegando inversión. No obstante, la falta de reglas claras, la poca efectividad que ha demostrado el Gobierno para resolver de manera coordinada los problemas con que tienen que lidiar los inversionistas y la ausencia de límites a las peticiones de las comunidades están poniendo en riesgo las perspectivas de la inversión hacia el futuro. Un lujo que no podemos darnos. La inversión es indispensable para el crecimiento y la transformación productiva del país.
Colombia es una opción más de las muchas que tienen los inversionistas para llevar a cabo sus proyectos. Competimos con otros países por la inversión. En este sentido, si se quiere preservar y aumentar los niveles de inversión de los últimos años, no hay alternativa diferente a hacer lo que sea necesario para solucionar definitivamente los obstáculos que están alejando a los inversionistas.
