Un gobierno asustado, con algunos sectores internos en estado de pánico, está tratando de socializar la adversidad que viene. La oposición debería hacerse cargo no sólo de los errores del oficialismo en el manejo de la deuda en juicio; también de sus próximas y pésimas consecuencias en una economía ya en declive.
Por senderos distintos, las parcelas de la oposición están llegando a un lugar común: decirle que no al Gobierno en su intención de desacatar al sistema judicial norteamericano. El proyecto enviado al Congreso, que declara de interés público el manejo de la deuda, podría esconder también el propósito de lograr impunidad judicial sobre los descuidos y las impericias durante el juicio en el despacho del juez Griesa. Esa certeza es la que terminó de abroquelar a la oposición, con sus diferencias, en el rechazo al proyecto.
Cristina Kirchner tomó dos decisiones en las últimas semanas. La primera fue abortar el acuerdo entre los bancos nacionales y los holdouts para postergar una solución definitiva hasta enero. Esa negociación fue promovida por la propia Presidenta. "Estuvimos a 20 minutos del acuerdo", contó el presidente de un banco. Eso sucedía en Nueva York. En Buenos Aires, Cristina descubrió, en la soledad de Olivos, que podía optar entre terminar debiéndoles un favor a los bancos o levantando la bandera contra los fondos buitre. Se quedó con los buitres, aunque significara el default parcial de la deuda y la posibilidad de un default generalizado. No frenó antes del abismo. Y después del abismo ya no hay límites.
Vale la pena detenerse en esa decisión política de la Presidenta. Antes de la refriega con los fondos especulativos, la economía venía mal, Cristina conservaba un lugar módico en las encuestas y se evaporaba cualquier ilusión de una sucesión consentida. "Patria o buitres" le dio no sólo una consigna para vivir el otoño de su poder, sino también una esperanza para los tiempos por venir, cuando ya no tenga poder. Una cosa es, no obstante, un sueño político; otra, la administración de sus consecuencias.
La segunda decisión fue la del martes pasado, que ese mismo día envió al Congreso. El proyecto cambia el lugar de pago, que será Nación Fideicomisos en Buenos Aires en lugar del Bank of New York, en los Estados Unidos. La aceptación del cambio es supuestamente voluntaria para los bonistas. Pero, al mismo tiempo, removió al banco norteamericano como agente de pago. Ahora bien, ¿dónde cobrarían entonces los bonistas que no aceptaran el cambio? Si no fuera Buenos Aires, ¿dónde? ¿Será realmente voluntaria la decisión si los acreedores no tendrán opción?
El envío al Congreso fue una decisión muy sugerente. En lo que va del año, la Presidenta anunció un acuerdo con Repsol por la confiscación de YPF por un valor total, cuando se terminen de pagar los bonos, de unos 13.000 millones de dólares. Tres mil millones más que los que pedía Repsol. Pactó con el Club de París el reconocimiento de una deuda por cerca de 10.000 millones de dólares, que no existió nunca. Aceptó pagar un 50 por ciento más de la deuda nominal por punitorios con la única condición de que no participara el Fondo Monetario. Hizo todo eso sin ninguna consulta con el Congreso.
Nación Fideicomisos no tiene ni la estructura ni la experiencia para manejar los papeles y pagos de miles de bonistas diseminados por todo el mundo. ¿Qué llevó al Gobierno a ese acto desesperado? Nadie en el Ministerio de Economía quiere firmar el próximo vencimiento, el 30 de septiembre, para depositarlo en el Bank of New York. El pago del 30 de julio pasado, unos 540 millones de dólares, quedó en un limbo jurídico y financiero. Los bonistas no cobraron por decisión de Griesa, pero tampoco ese dinero volvió al Estado argentino. Un segundo pago en esas condiciones, y ya con el conocimiento previo, podría disparar denuncias penales contra los funcionarios.
La segunda razón consiste en tratar de evitar el default generalizado. El trámite debería iniciarse cuando un 10 por ciento de los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010 le pidieran al Bank of New York una asamblea, que podría realizarse por Internet. Si el 25% de los bonistas estuviera de acuerdo en reclamar el adelantamiento de todos los pagos acordados, que son pagaderos en décadas, el banco norteamericano deberá pedir al gobierno argentino el giro del dinero por el valor del total de la deuda. Eso sería imposible. A partir de ese momento, el banco declararía de hecho el default generalizado de la deuda argentina. Eso haría el Bank of New York, pero ¿qué hará Nación Fideicomisos? Lo que le ordene Axel Kicillof. Esa es la diferencia entre un lugar y otro.
La Presidenta buscó un paraguas protector en la oposición. La primera novedad que leyeron los opositores es que en el proyecto hay párrafos duros y despreciativos contra el juez Griesa y la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Una jurisdicción judicial que decidió sobre la deuda argentina porque los gobiernos argentinos la eligieron. El artículo primero del proyecto declara, además, de "interés público" el manejo de la deuda. ¿No significaría eso que el Congreso avalaría todos las torpezas del Gobierno en el manejo del conflicto judicial con los holdouts? Desaciertos que incluyeron mantener el mismo estudio de abogados norteamericanos durante los últimos veinte años. Estos abogados sólo han sido presurosos y eficientes ante Griesa para desligarse de lo que hace el gobierno argentino. Son también los mismos abogados que asesoraron a Domingo Cavallo en el megacanje, que está siendo investigado por la justicia argentina.
La oposición reaccionó de acuerdo a sus diferentes historias. El primero en manifestarse en contra fue Mauricio Macri, a pesar de que sus asesores de marketing le aconsejaban que no nadara contra la corriente del nacionalismo cristinista. Prevaleció el consejo de sus asesores económicos, que le describieron la condición impracticable del proyecto oficial y sus consecuencias en la economía. Macri ya había dicho, al principio de todo, que el Gobierno debía sentarse frente a Griesa, acatar la sentencia y negociar el pago. Eso sucedió antes de que Griesa nombrara al facilitador, Daniel Pollack, que abrió la posibilidad de acordar formas y tiempos más amplios de pagos. Luego, Macri apoyó una negociación a través de Pollack, que es la forma de negociar con Griesa.
El radicalismo, que controla los principales bloques opositores del Congreso, también tomó una decisión rápida y de rechazo al proyecto. Más de cincuenta legisladores nacionales se reunieron en Córdoba para escuchar a Alfonso Prat-Gay y a Martín Lousteau. Después de oírlos, decidieron decir que no. "Esa ley es inviable", dijo el presidente del partido radical, Ernesto Sanz. A pesar de que existen sectores internos del radicalismo más cercanos a las teorías nacionalistas, se impuso la tesis, expresada sobre todo por Prat-Gay, de que la decisión de Cristina Kirchner no necesita la aprobación del Congreso. Preexisten facultades delegadas por el Parlamento al Poder Ejecutivo para la administración de la deuda. El radicalismo llegó a la certeza de que lo estaban metiendo en una ratonera. Debía bendecir los estropicios judiciales del Gobierno en Nueva York y, encima, hacerse cargo políticamente del default y de sus consecuencias.
Sergio Massa debió zigzaguear entre obstáculos: quería diferenciarse del Gobierno, pero no podía dejar desairado a su principal asesor económico, Roberto Lavagna, que propuso, antes que el Gobierno, el cambio a Buenos Aires del lugar de pago a los bonistas. Lavagna había pensado en la Caja de Valores, que tiene más experiencia que Nación Fideicomisos en el manejo de bonos. El proyecto de Massa, con el que trata de seducir al resto de la oposición, consiste en cambiar el lugar de pago para llevarlo a París o Basilea. Es la manera que encontró de tomar distancia del Gobierno sin apartarse de Lavagna.
El proyecto de Massa tiene un problema, que consiste en que ningún banco francés o suizo aceptará ser agente de pago y convalidar un desacato al sistema judicial norteamericano. Casi todos los bancos europeos tienen sucursales en Nueva York. Radicales y macristas anticiparon que no participarán de la idea de Massa. ¿Y si se lo aceptara el oficialismo? El Gobierno anda buscando acuerdos en el Congreso, por primera vez en mucho tiempo.
Busca, sobre todo, ser algo más que un oficialismo en decadencia a cargo de la desgracia. Los trabajadores perdieron casi el 7 por ciento del salario real en lo que va del año. La economía podría caer un 3 por ciento durante 2014. La actividad industrial se derrumbó un 3,2 por ciento entre enero y julio. A fin de año podría haber 200.000 desempleados más que en enero. La inflación de este año está prevista en un 39 por ciento, según analistas privados.
Al default se le sumó una sanción de la Organización Mundial del Comercio por los zafarranchos de los últimos años con las importaciones. El próximo gobierno deberá vérselas con la cesación de pagos de la deuda y con la necesidad de normalizar las relaciones económicas internacionales. Igual que en 2003. Nada habrá quedado después de Cristina Kirchner. Los próximos tendrán que empezar de nuevo.
