Cuidado. Son propios de gran dictador. Es lo que se estila en los gobiernos socialistas del siglo XXI; leyes habilitantes las llaman en Venezuela y se otorgan con el aplauso de una sumisa asamblea. Lo que entre nosotros está proponiendo el expresidente Gaviria, para acelerar la firma de la paz, es algo peligrosamente parecido.
Como se vive en medio de contradicciones, mientras el ministro del Interior dice que, suprimida la reelección presidencial, se acaban los hombres todopoderosos y el propio presidente, a la vez crítico y usufructuario de la figura, afirma que con dicha supresión terminan los caudillismos, el suyo parece fortalecerse con la iniciativa Gaviria.
La paz está enredadísima. Hay tropiezos insalvables: uno es la propia guerra vigente, violadora incesante de derechos humanos y ambientales. Otro es la necesidad de reformas sustanciales para firmar acuerdos de coexistencia con la guerrilla, pues ésta ha negado siempre el establecimiento, con el que le tocaría convivir. Para ello habría que modificar normas fundamentales mediante asamblea constituyente, que el renunciado superministro ha dicho será inevitable y que el presidente y su comisionado han negado reiteradamente.
Otorgarle todos los poderes a una sola persona es convertir a Colombia en otra república bolivariana. Será Santos quien decida cuántas curules se darán a los recién llegados al congreso de la paz; será él, el juez de penas y de la justicia transicional; será él quien les ofrezca medios de prensa y hasta alguna peligrosa regulación de la misma; será, en fin, el dispensador de las zonas de reserva campesina, con todas las reservas, valga el giro, que tiene esa medida de entregas territoriales.
El expresidente Gaviria formula propuestas generosas con la alegría de quien no maneja grandes escrúpulos jurídicos; no es que viole la ley, pero no es su conocedor más profundo ni tampoco estudioso del derecho. Su pragmatismo puede llevar a la República a un nuevo revolcón institucional, para muchos exitoso, como fue la Carta del 91. Por supuesto que a él tampoco le suena mal la idea de una papeleta, para que la ciudadanía exija una fecha límite para la firma de la paz. Por una papeleta, sugestiva y nada vinculante, comenzó la reforma del 91, en tiempos de su gobierno, la que se hizo saltando no pocas barreras constitucionales.
Estas consideraciones no buscan ponerle trabas a la paz, como ahora se piensa por todo, sino evitar que se desborde el poder presidencial y se salten los derechos y las libertades públicas, como son amigos de hacerlo los socialistas del XXI. Basta ver dónde tienen en Venezuela a los grandes líderes populares y bajo qué condiciones de humillación y de castigo. Lejos, muy lejos, de esos desafueros debe mantenerse y preservarse la República.
