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Miércoles 18 de Septiembre del 2019

Los reparos a dos contratos bandera del Fiscal General

Publicado en:

El Tiempo  | 

Autor(a): Temas del Día  |

Fecha: 12/09/2015

 

Natalia Springer, politóloga, Eduardo Montealegre, fiscal general y Baltasar Garzón, juez español - Foto: Archivo / El Tiempo

Comisión de Acusación tiene informes sobre contratos con juez Baltasar Garzón y Natalia Springer.

A las reservas internas en la Fiscalía sobre los procedimientos y conclusiones de al menos uno de los contratos de asesoría firmados con la firma de la politóloga Natalia Springer se suman también las de la Contraloría frente a una de las asesorías del ‘superjuez’ español Baltasar Garzón.

Garzón, reconocido por su labor como juez en España y como asesor de la Corte Penal Internacional, ha firmado desde el 2012 tres asesorías con la Fiscalía por un valor total de 1.380 millones de pesos. Sobre el segundo de esos contratos, el 042 del 2013, que tenía por objeto “apoyar en investigación de macrocriminalidad en justicia transicional” y que valió 580 millones de pesos, la Contraloría hizo serios reparos en un informe conocido por este diario y que fue enviado a la Comisión de Acusaciones en julio del 2014. (Además: Dudas sobre polémicos contratos de Springer, a Comisión de Acusación)

Entre otros hechos, la Contraloría encontró que con Garzón se pactó un contrato de prestación de servicios que incluía pagos mensuales por 18’982.240, “sin la entrega de informes mensuales o producto alguno”. La auditoría encontró además que “la ejecución del contrato se inició cuando aún no se había aprobado la garantía única, requisito previo y legalmente exigido para su ejecución”.

La evaluación evidenció que, al menos en lo conocido por la Contraloría, “no existe un documento del supervisor en donde se evidencie un análisis del resultado obtenido con los productos del contrato y su aplicabilidad a los fines legales de la Fiscalía”. Y remata el informe cuestionando que, dados los objetivos que se buscaban, el negocio no debió entregarse de manera directa sino a través de un concurso de méritos” que hubiera permitido al menos contemplar otras posibilidades.

Esta semana, en entrevista con EL TIEMPO, el fiscal Eduardo Montealegre defendió los logros puntuales de las asesorías de Baltasar Garzón y afirmó que han sido puntales para el cambio de enfoque de las investigaciones, que ahora apuntan a atacar la macrocriminalidad y no sus manifestaciones independientes.

“La capacitación que hizo el destacado defensor de derechos humanos Baltasar Garzón sobre cómo perseguir a la criminalidad organizada ya ha dado unos réditos palpables en términos de justicia –dijo Montealegre– (…) Por ejemplo, del 2014 a la fecha, se ha logrado dar duros golpes a 1.419 a estructuras delincuenciales en realidades que le afectan duramente al ciudadano de a pie, como el homicidio, microtráfico y hurto callejero”.

Como la Contraloría no tiene competencias para investigar al Fiscal General –así lo determinó una decisión de tutela, promovida por el mismo Montealegre y que señaló que el fuero de Fiscal y magistrados es integral, incluso frente a procesos por el manejo de los recursos públicos–, el informe se remitió a la Comisión de Acusación. A pesar de que eso fue hace un año, en la Comisión reportaron que no tienen conocimiento del asunto.

El caso Springer

En la Comisión de Acusación reposa desde hace más de un año un documento con las reservas que existían dentro de la misma Unidad de Contexto de la Fiscalía frente a los resultados de un contrato del 2013 con la firma de la politóloga Natalia Springer.

Poco después de que se elaborara ese oficio con las críticas a Springer, el jefe de la funcionaria que dio el concepto, Alejandro Ramelli, salió de manera sorpresiva de la Unidad de Contexto de la Fiscalía.

El documento analizó un primer informe que la consultoría de Springer entregó como parte de un contrato con la Fiscalía del 10 de septiembre del 2013, por 895 millones de pesos. Pese a esos reparos, no solo se le pagó a Springer, sino que volvió a ser contratada en el 2014 y el 2015 por casi 4.000 millones de pesos.

En el del 2013, la firma de Springer debía hacer un análisis cualitativo y cuantitativo sobre el delito de secuestro cometido por las Farc. El equipo de Ramelli concluyó que el documento que presentó “no cumple con las obligaciones estipuladas en el contrato y no es útil para el desarrollo del trabajo que se viene adelantado en la Unidad de Contexto”. Por ejemplo, dice el oficio, el informe de la politóloga no hacía una distinción clara sobre “las modalidades de secuestro, como ‘pescas milagrosas’ y secuestros individuales”. Tampoco deja claro “cuáles fueron las estructuras de las Farc detrás de los secuestros”.

Además, según la Unidad de Contexto, “metodológicamente, el documento se fundamenta principalmente en publicaciones del Centro de Memoria Histórica”.

Allegados a Springer aseguran que la politóloga rebatió los reparos sobre su informe y que por eso finalmente se le pagó el contrato.

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