Mary Anastasia O’Grady es editora de la columna de las Américas del Wall Street Journal.

El presidente de Colombia Juan Manuel Santos dice que ahora sabe por qué tantos colombianos se opusieron a su reelección, la cual ganó en una disputada segunda vuelta en junio: no confiaban en sus negociaciones en La Habana con el grupo terrorista marxista conocido como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Santos me dijo en una reciente entrevista en Nueva York que su gobierno ha llevado a cabo un estudio para entender a aquellos que no votaron por él. Muchos, en su opinión, creían que está “planeando darle la economía a Castro o Chávez, o deshacerse del Ejército o poner a un comandante de las FARC como jefe de la policía o expropiar el territorio alrededor de las ciudades”. Ahora se ha dado cuenta de que “subestimó el poder de tal cantidad de mentiras” y “nunca creyó que la gente las creería”.

Es por eso que el mes pasado “pusimos las cosas en claro al publicar lo que se ha acordado” en las negociaciones de La Habana, para mostrar que “no estamos entregando al país a los brazos del comunismo”. No obstante, la publicación de acuerdos parciales podría aumentar la desconfianza de los colombianos.

Las negociaciones secretas entre las FARC y el gobierno de Santos se habían llevado a cabo en La Habana durante un año antes de que se hicieran públicas en agosto de 2012. El 4 de septiembre de 2012, Santos dio un discurso en el que dijo que “las conversaciones no tendrán tiempo ilimitado, se medirán en meses, no en años”. El presidente asegura ahora que expresó eso como su “esperanza”. Aún cree que las FARC negocian de buena fe, pese a sus continuos ataques a los civiles y la infraestructura.

Le pregunté a Santos sobre la acusación en Colombia de que sus negociaciones ponen a los terroristas de las FARC al mismo nivel moral con la democracia. “Qué extraño que la misma gente que dice eso se sentó por dos años con los mismos terroristas, u otro grupo al mismo nivel, [el Ejército de Liberación Nacional] en Cuba”, dijo. “La única diferencia es que mi predecesor falló y yo, hasta el momento, he tenido éxito”.

Su predecesor, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, ha hablado públicamente en los últimos años sobre sus esfuerzos por llegar a un acuerdo con las FARC para liberar a secuestrados. En dos ocasiones extendió una propuesta en buena fe, pero las FARC no cumplieron con sus compromisos. Uribe también me dijo la semana pasada en un email que su gobierno exploró un diálogo con el ELN en La Habana. Dijo que su esfuerzo no fructificó porque los rebeldes se negaron a su condición de que cesaran su actividad criminal. El gobierno de Santos no respondió a mis solicitudes de copias de los documentos que Santos asegura que muestran que “absolutamente no hay diferencia” entre los dos esfuerzos por la paz. Sólo me envió un refrito de notas de prensa de lo que ya se sabe sobre las iniciativas de Uribe.

Las FARC ven una diferencia. En septiembre escribieron en su sitio web que negocian con el gobierno de Santos porque este reconoce la violencia como un “conflicto armado” (esto, por supuesto les da estatus beligerante), mientras que Uribe siempre ha insistido en que no son más que terroristas.

En cuanto al éxito que se atribuye Santos, aún está muy lejano. La periodista María Isabel Rueda escribió en una columna en el diario colombiano El Tiempo del 28 de septiembre que el número de temas “pendientes” en los acuerdos parciales la “sorprendió”. Le preguntó a Alfredo Rangel, un prominente politólogo colombiano y actual senador de la oposición, qué tan importantes son.

Sus ejemplos de lo que queda por negociarse incluyen los derechos de propiedad rural, los acuerdos de libre comercio, política minera y de energía, y la desmilitarización del campo. Rangel asegura que la agenda aún incluye negociaciones sobre la “democratización de la información y la comunicación”, lo cual sugiere un mayor control estatal de los medios y suena como sacado del libreto de Hugo Chávez. Otra meta, el “control popular de los tratados internacionales” implica un debilitamiento del gobierno representativo mientras que la “suspensión total de la fumigación” para destruir las plantas de coca es crucial para la financiación de las FARC.

Santos también dijo que aunque no habrá impunidad para aquellos que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, “cómo se define la cárcel y qué tipo de cárcel, esas son cosas que tenemos que negociar”.

Tales discusiones ponen nerviosos a muchos colombianos, al igual que la idea de que las guerrillas obtengan derechos políticos especiales, que es otro tema de negociación. Lo más preocupante es la sugerencia del gobierno de que podría poner la aprobación final del acuerdo a consideración del país como un voto a favor o en contra en vez de pedir una aprobación punto por punto.

Le pregunté a Santos si los rebeldes merecen la legitimidad que las negociaciones les conceden. “¿Cuál sería la alternativa?”, respondió. “¿No negociar y continuar viviendo con el terrorismo y otros 50 años de guerra?”.

Eso sugiere a algunos que los terroristas tienen al gobierno justo donde lo quieren. No es de sorprenderse que los colombianos sigan sin convencerse de que el país pueda deshacerse de este terror mafioso a través de las negociaciones sin sacrificar la libertad.

Este artículo fue publicado originalmente en The Wall Street Journal (EE.UU.) el 6 de octubre de 2014.

Este artículo ha sido reproducido con el permiso del Wall Street Journal © 2011

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