Cuando la financiación de las campañas políticas no está enmarcada en los principios de máxima publicidad y transparencia, afecta el ejercicio de la política y la democracia. Si el dinero es factor determinante de los resultados de los comicios, contribuye a la inequidad en las contiendas electorales.

Además, la financiación puede ser una fuente —real o potencial— de riesgos de corrupción, de incidencia o presiones indebidas en la gestión de los elegidos y de cooptación o captura del Estado.

Las cifras de las últimas elecciones legislativas muestran que a mayores ingresos recibidos por los candidatos, en particular los provenientes de recursos propios o de aportes privados, mayores probabilidades de ser elegidos: los 20 senadores electos que más ingresos reportaron concentran el 31% del total de ingresos registrados y ocho de ellos forman parte del grupo de los 33 cuestionados por la Fundación Paz y Reconciliación por vínculos con la ilegalidad.

Asimismo, los 20 elegidos a la Cámara de Representantes con mayores ingresos reportados concentran el 26% del total de ingresos para las campañas. De estos, seis están en la lista de los cuestionados y obtuvieron curules en Bolívar, Sucre, Cesar, Atlántico y Santander.

Los ingresos de las campañas de todos los elegidos provinieron en un 70% de recursos propios o de sus familiares y de contribuciones, donaciones y créditos en dinero o especie de particulares. Si bien en principio son aportes legítimos, es difícil hacerles seguimiento, identificar su verdadera procedencia, y refuerzan la inequidad generada por el dinero. Adicionalmente aumentan el riesgo de que intereses privados incidan en las decisiones de los eventuales elegidos. Por ejemplo, se encontró que entre los donantes hay personas que son o han sido contratistas del Estado, funcionarios o exfuncionarios públicos. El problema es la precariedad de los mecanismos de seguimiento con los que cuenta la autoridad electoral para investigar y eventualmente sancionar las violaciones a normas existentes sobre estos temas. En cuanto a los créditos de personas jurídicas, también hay representantes de empresas que han contratado con el Estado o participado en concursos públicos y licitaciones.

Las 30 personas jurídicas que dieron mayores recursos a las campañas representan el 45% de las donaciones. Entre estas sobresalen las principales cadenas de radio y televisión, empresas de los sectores inmobiliario, turístico, extractivo, constructor y farmacéutico, así como de entidades financieras y aseguradoras. Muchas de ellas reciben recursos por publicidad —que representan el 42% de los gastos de los candidatos—, contratos o seguros.

Tanto las autoridades como los electores de los congresistas que se posesionaron el pasado 20 de julio debemos vigilar la gestión de los elegidos, para identificar posibles favorecimientos indebidos a sus financiadores o a quienes por otros medios, no siempre lícitos o legítimos, hicieron posible su elección.

Análisis realizado por el equipo de Transparencia por Colombia a partir de la información sobre la financiación reportada por el 93% de los candidatos a las elecciones legislativas en el aplicativo Cuentas Claras al CNE.