Mala situación limítrofe

El presidente venezolano desvía la atención de sus problemas usando a los colombianos y genera persecución. Y Colombia, una vez más, muestra que no sabe cómo lidiar con su frontera.

Decía ayer mismo el expresidente socialista del gobierno español, Felipe González, en un artículo editorial publicado en El País, de Madrid, que “hay una crisis institucional en Venezuela. El Estado, que ha concentrado sus poderes en el Ejecutivo, no funciona más que para hacer declaraciones responsabilizando a los demás de su fracaso”. Y agregaba que “el señor Maduro no puede seguir ocultando su fracaso inventando conspiraciones del «imperio», de la extrema derecha interna e internacional, del eje Madrid-Bogotá-Miami”.

Es posible que el exmandatario español, reconocido como uno de los políticos mejor informados del ámbito internacional, haya escuchado, antes de escribir su artículo, las declaraciones de Nicolás Maduro, el pasado miércoles, en las que comparaba el flujo migratorio de colombianos hacia Venezuela con la oleada de inmigrantes africanos a Europa de los últimos meses.

Pero lo mismo da. La atribución a otros, siempre a otros, de los males que su gobierno es absolutamente incapaz de resolver, es la máxima señal de identidad del presidente chavista. Sus intervenciones no se caracterizan ni por la ponderación, ni por la veracidad ni por un intento de parecer medianamente capacitado para el cargo. Así que el intento de dibujar ante sus incondicionales una Colombia como país africano, de donde huyen sus habitantes para buscar la promesa de un futuro mejor en la prosperidad chavista del Socialismo del siglo XXI, no sería para tomarla muy a pecho, salvo por el riesgo cierto de que prosigue con ella una campaña de creciente instigación a la persecución de colombianos en Venezuela.

Un país como aquel, donde el régimen asfixió a los medios de comunicación y de opinión independientes, y que solo ofrece a través de interminables transmisiones oficialistas la voz del gobierno, insiste día a día que es de aquí, desde Colombia, de donde se distribuyen todas las calamidades que sufren los venezolanos, particularmente en uno de sus peores padecimientos, como es la inseguridad y la violencia urbana.

Paradójicamente, la decisión presidencial venezolana de cerrar y declarar el Estado de excepción en la parte fronteriza por donde es más visible el flujo binacional de personas -ya que la extensa parte por donde pasan las guerrillas siempre tiene paso franco- pone a nuestro país ante una realidad que no por permanente se convierte en objeto de atención de los gobiernos. De los de allá y de los de acá. Y es el manejo, o la falta de control mejor, de la frontera. Y la dependencia casi total, comercial, económica, de suministro de bienes y servicios, de amplias zonas de Norte de Santander y su capital, Cúcuta, con Venezuela.

El intercambio sería normal, positivo incluso. Pero lo que ocurre, y a lo que los gobiernos colombianos no le han dado la atención que merece, es a las redes ilegales que allí se mueven, que cuentan con complicidades y con la corrupción de las autoridades de ambos lados.

Ayer las cancilleres de ambos países se reunieron en Costa Rica y de esa reunión salió lo que era previsible: una declaración de buenas intenciones, con compromiso de reforzar las comunicaciones y el diálogo diplomático. Ni el gobierno de Colombia va a hacer exigencias de ningún tipo ni el de Venezuela va a dejar de ordenar medidas unilaterales cuando con ellas quiera desviar la atención de sus gravísimos problemas internos.

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