Matoneo a la oposición

El acoso jurídico, vía mediática, que el Gobierno nacional y la Fiscalía adelantan de tiempo atrás contra la Oposición tiene toda las trazas de un matoneo que pone en peligro la democracia y la institucionalidad.

Suena paradójico que la reconciliación con criminales de guerra conlleve a declarar como enemigos y perseguir a quienes se han jugado a través de elecciones. No estamos ante una ocurrencia o un hecho aislado sino ante una acción sistemática propiciada por quien acredita en su hoja de vida el haber intentado un golpe de estado contra Ernesto Samper.

El que engañó, no solo a Uribe, sin cuyos votos no habría sido más que un exministro, sino a toda la ciudadanía y al fin de cuentas a la Nación en la campaña presidencial de 2010.

Juan Manuel Santos rompió con Uribe y se reconcilió con Hugo Chávez, protector de jefes guerrilleros. Así fue edificando las bases de la gran enemistad con su antecesor contra quien dirige hoy todas sus baterías. Por las críticas al proceso de paz Uribe y otros líderes del Centro Democrático fueron consagrados enemigos del gobierno y la paz.

La andanada contra el uribismo la estimuló Santos cuando negoció con la Corte Suprema el cambio de terna para nombrar Fiscal. Vivián Morales primero y Eduardo Montealegre después, han judicializado colaboradores del expresidente Uribe, desde exministros, secretarios, funcionarios de alto rango hasta oficiales de la República sin las debidas garantías procesales.

En su propósito de alcanzar y validar la paz, que considera al alcance de la mano, Santos quiere acallar el cirirí que arma ruido con los “avances” del proceso. El presidente, en principio, descalificó acertadamente la tregua unilateral indefinida de las Farc por la condición impuesta de que la romperían si eran atacados. De “regalo envenenado” como la llamó en diciembre, un mes después, en un giro de 180 grados, da crédito al “cumplimiento y seriedad de las Farc” y ordena negociar el cese bilateral de hostilidades, vía expedita hacia el armisticio, que les permitirá mantener las armas mientras el Estado adelanta las reformas y cumple los compromisos. Puro chantaje armado.

En el alto gobierno atribuyen la culpa de la mala recepción de ese anuncio en la opinión pública a las críticas del expresidente Uribe y del Centro Democrático, pues han afirmado que el presidente Santos está a la cola de las Farc, conduce el país hacia una reedición del Caguán y que el cese bilateral del fuego significa la paralización del Ejército.

La Oposición no toma en serio su convocatoria a subirse al “tren de la paz”, en cambio pregunta ¿Cómo se explica que ni siquiera haya sido capaz de sacar ventaja del hecho de que Cuba, en su negociación con Estados Unidos, debe demostrar su ruptura con el terrorismo, quiere decir, con las FARC y el ELN, y de que la crisis profunda de la dictadura Madurista también los afectará? ¿Cómo creer en la sinceridad de quien no solo traicionó unos compromisos programáticos sino que, además, propicia la estigmatización y alienta la judicialización de los líderes opositores?

Pareciera que al Gobierno Santos le urge neutralizar esa Oposición “cansona” y “enemiga” de la paz que, según él, sabotea las conversaciones de La Habana y por eso trata de hostigarla, enredarla, ofuscarla y sacarla de casillas judicializando a sus líderes.

En su empeño cuenta con el muy acucioso Fiscal Montealegre, el mismo que se ha dedicado a revelar el espionaje y la seguridad nacional con el consecuente sacrificio de altos oficiales leales a la Nación. Montealegre es, hoy por hoy, el funcionario que abre los primeros fuegos en todo lo que el Presidente, para evitar el desgaste, reserva para mejor ocasión.

A Montealegre le debe gratitud por su oportuna actuación en el montaje del hacker Sepúlveda una semana antes de la segunda vuelta presidencial, un favor decisivo. En cuya mesa de trabajo no hay lugar para investigar asuntos relacionados con el asesinato de Alvaro Gómez Hurtado, el tráfico de influencias en las altas Cortes y la persecución al gran crimen organizado. Como tampoco ha habido interés por investigar la compra masiva de votos ni los miles de millones de pesos gastados en publicidad oficial en la segunda vuelta presidencial.

Son demasiadas las razones para sospechar que la citación a Óscar Iván Zuluaga por su supuesta responsabilidad en el caso del hacker tiene gato encerrado. Lo hizo de forma tan burda que hasta el diario oficialista El Tiempo le llamó la atención y le advirtió que eso puede ser visto como persecución a la Oposición.

Con la citación a interrogatorio a los Zuluaga, padre e hijo, y a Luis Alfonso Hoyos, utilizando como pretexto un oscuro episodio con sabor a montaje, el presidente Santos y el Fiscal le dan entierro de tercera a cualquier acercamiento con la Oposición para un acuerdo consensuado por la paz.

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