En Medellín el tiempo corre de la mano de la violencia, la inseguridad y el desorden social. Las autoridades de turno tergiversan la realidad pregonando la esperanza y la innovación como nuevos valores sociales, comprensible en cuanto estrategia de posicionamiento de ciudad basada en la psicología social, pero que ocultan de facto las verdaderas innovaciones que a la par desarrolla la criminalidad en el inframundode las laderas.

Cantidad de barrios distan de acoplarse a los desarrollos institucionales modernos y, por el contrario, su compleja cotidianidad transcurre bajo el reflejo del poder que ejercenlosagentes ilegales.

El objetivo: ejercer control territorial y social como fundamento esencial para dominar economías ilegales como oficinas de cobros, microtráfico, pagadiarios, regulación sobre la comercialización de productos, extorsión, hurto, entre otros.

El control social como pilar para la generación de riqueza –tanto individual como colectiva- es una fórmula probada desde la antigüedad. La diferencia sustancial entre las sociedades antiguas y modernas se basa en el desarrollo institucional en aras del orden social ajustado a las leyes, no en la autoridad per se.

Aunque muchas sociedades a nivel mundial se reconocen como modernas, distinción que no se adquiere automáticamente porpertenecer al periodo moderno, la verdad es que aún mantienen rasgos de las sociedades bárbaras. A pesar de los importantes esfuerzos como sociedad, Medellín pareciera ser una de esas ciudades que creyéndose moderna se aferra a lo pre-moderno.

En los barrios de las laderas, particularmente donde existe mayor concentración de personas de escasos recursos como en la zona nororiental y noroccidental, el control social no recae en manos de las autoridades municipales sino que lo detentan estructuras ilegales a manera de odin –organizaciones delincuenciales integradas al narcotráfico-, combos, bandas o pandillas.

Cuatro factores nos permiten comprender el desarrollo organizativo alcanzado por la ilegalidad y el fenómeno de la violencia en los barrios de la ciudad de manera integral.

En primer lugar, las estructuras ilegales se han hecho al monopolio de la fuerza, lo que les permite manejar los ciclos de paz y violencia de acuerdo a sus intereses. El control de la violencia resulta esencial para establecer territorialidad, lo que implica hacerse a la connivencia de algunos miembros de la policía quienes, ante la incapacidad de controlar vastos e inmanejables cuadrantes, terminan cediendo el poder ante las dádivas de los ilegales. De esta forma la seguridad pasa de ser un asunto eminentemente del Estado para pasar a ser una cuestión de particulares.

El segundo factor que entra en juego es la administración de justicia, pues en la medida que los ilegales logran erigirse como autoridad en los barrios, se convierten paulatinamente en los principales referentes para dirimir los conflictos entre los vecinos. Constituyen un recurso fácil, ágil y eficiente; a diferencia de la administración de justicia que brinda el Estado. En la medida que se prestan para resolver los conflictos, incrementa su legitimidad como autoridad.

Brindar seguridad y justicia es un asunto que abre las puertas a los ilegales para el cobro de “impuestos”; tercer factor de análisis. Los ilegales logran instaurar en los barrios de Medellín mecanismos de tributación paralela a los del Estado, a través de vacunas, extorsión, y cobros por vigilancia de casas, comercio y vehículos. Tal es su grado de eficacia en la garantía de seguridad y justicia, que muchos habitantes se sienten a gusto con el pago de dichas cuotas.

El cuarto factor constituye la regulación de las actividades económicas en los barrios, que a su vez representa el mayor interés de la ilegalidad, su cara más visible y el asunto de mayor preocupación para las autoridades. Algunas actividades se tiñen de legales, sin embargo, otras tantas rayan directamente con lo ilegal. La regulación de la actividad económica se presenta de mil formas, que van desde el control de la comercialización de arepas, huevos, leche, yogur, detergentes y muchos otros productos de la canasta familiar, hasta la préstamo de dinero por la vía del paga diario o el gota a gota, remplazando con éxito en los barrios al sistema financiero. En cuanto a las actividades ilegales más visibles, el microtráfico marca la parada, además del hurto de automotores y el fleteo.

En cuanto a la regulación de las actividades económicas, sin pretenderlo directamente, la ilegalidad es uno de los principales actores que, a la par del mercado legal tradicional, promueve la distribución de la riqueza en los barrios de Medellín, además de ser el único que ofrece posibilidades reales de asenso social sin el requisito de cualificación académica.

Las estructuras ilegales en la ciudad operan de manera eficiente, unas más que otras, buscando mejorar permanentemente su capacidad organizativa para mantenerse en el negocio, evadir la ley y contrarrestar el acecho de otras estructuras ilegales que pretenden competirle territorialidad. Más control territorial implica poder hacer mayor cantidad de recursos, fórmula que promueve la competencia territorial cuadra por cuadra ycircunstancia que representa la causa de las rachas de violencia que de tanto en tanto se presentan en la ciudad.

Contrarrestar la violencia y la inseguridad en los barrios de Medellín implica entender y enfrentar el fenómeno en todas sus dimensiones. Hacerlo de manera aislada como se ha venido haciendo tan solo logra la prevalencia de las lógicas de la barbaridad al interior de la ciudad. En verdad es necesario que las autoridades civiles, policivas y judiciales sean tan audaces e innovadoras como los ilegales lo han sido hasta ahora.

Además, inexpugnablemente las instituciones han de subvertir los anti valores que de manera siniestra se han establecido en la ciudad, tarea de largo aliento que quizá conduzca a aceptar dar por perdidas algunas generaciones y darse al esfuerzo de rescatar las que aún están a tiempo.

@alvaroprezmolin