Según la prensa, el Presidente Santos la semana pasada “aseguró que no se debe satanizar el término ‘mermelada’, al tiempo que defendió el derecho de los congresistas a sugerir las inversiones que requieran sus respectivas regiones. El jefe del Estado explicó que el término no se puede asimilar como un acto de corrupción, en clara alusión a los críticos de su administración que hablan de la ‘mermelada’ como un hecho ilícito”. Haciendo a continuación referencia a la distribución de recursos que hacen los respectivos gobiernos de acuerdo con peticiones que formulan los congresistas, Santos afirmó que “sucede en todas partes del mundo, en Inglaterra, en Francia”.
El presidente tiene razón en el sentido de que la mermelada, evidentemente, es una práctica común en las democracias. En Estados Unidos, como lo señala Guillermo Perry en su excelente artículo (El Tiempo, abril 6/14), a la mermelada la denominan “barril de puerco” (pork barrel) y se refiere a la financiación de los programas de gobierno cuyos logros económicos o beneficios de servicios se concentran en un área particular, pero cuyos costos se reparten entre todos los contribuyentes.
Pero el problema de fondo no es la mermelada, a pesar de que las cifras que se le arrancan al presupuesto nacional son escalofriantes: tres billones y medio de pesos. El problema de fondo es la corrupción que en Colombia generan los auxilios, dado que el Estado no tiene forma de controlar que estos recursos no sean desviados de su destino original.
Es más, a diferencia del cariño verdadero que “ni se compra, ni se vende”, la mermelada en Colombia sí se compra y se vende. Existe en el país un mercado activo, disfrazado y encubierto, de recursos de la mermelada. Por una suma en rabioso contado, que puede estar en el orden del 20 por ciento del auxilio, un congresista (por medio de un intermediario) llega a un acuerdo con otro congresista para pasarle su asignación. Operando en el mercado secundario, cinco congresistas de la Costa se quedaron con 354.000 millones de pesos en mermelada, cerca del 10% del total de los auxilios parlamentarios. Dado que estos cinco congresistas son menos del dos por ciento del Congreso, es obvio que les trasladaron cupos de otros parlamentarios. Y mientras que no se inicie una investigación penal sobre los parlamentarios que vendieron sus cupos o dilapidaron sus asignaciones, y no se establezcan mecanismos para que estos recursos no terminen en proyectos, como dice Perry, “dispersos, poco estudiados y peor ejecutados”, la mermelada seguirá siendo el aceite que lubrica la corrupción.
Hay, adicionalmente, un peligroso impacto de la mermelada con relación a la infraestructura vial del país. Parte importante de los auxilios que reparte el Gobierno está destinada a las vías terciarias, los “vasos capilares” del sistema. Si estos recursos no terminan en obras sino en los bolsillos de los políticos corruptos, todo el enorme esfuerzo que está haciendo el Estado en materia de infraestructura vial se puede venir a pique porque es inútil tener excelentes vías primarias o secundarias si los productores, que en buena parte son campesinos, no pueden sacar sus productos utilizando las vías terciarias porque una caterva de pícaros se robó o vendió la plata destinada a estas obras.
