El ministro del Trabajo, doctor Garzón, exlíder sindical de renombre revelo en varias tertulias, según mis informantes, que el ministro de Hacienda, doctor Mauricio Cárdenas, se salió de los trapos para amenazar con renunciar si el Congreso aprobaba nivelar los aportes a la salud tanto de los trabajadores en ejercicio como de los pensionados, como lo prometió el presidente Santos ante empresarios y centrales obreras un 25 de diciembre de 2013 en Cartagena, después de acoger los planteamientos de la Sociedad Democrática de Trabajadores Pensionados.
El presidente Santos admitió y ordenó prohijar un proyecto que cursaba en una de las cámaras legislativas. Lo acolitaron el ministro liberal del gabinete, doctor Rafael Pardo y el vicepresidente aspirante Germán Vargas Lleras, quien, además de ponerse indumentaria de obrero de construcción, prometió ocuparse de corregir aquella patente injusticia. Muchas de sus frases, de altivo tono de apoyo, quedaron grabadas. Aspira uno que este prohombre no las mande a borrar.
Quienes son ministros deben ser leales con el Presidente y cuando no se está de acuerdo con él se escribe la renuncia. En lugar de hacerlo, el ministro de Hacienda se rebeló y se ha opuesto a la directiva acordada en forma solemne en Cartagena entre el doctor Juan Manuel Santos como Presidente de la República y las centrales obreras con sujeción estricta a la Constitución, que protege los derechos sociales de los trabajadores.
¡El ministro alega que no se puede por razones de sostenibilidad fiscal!, pero a sabiendas de que la Constitución (A. L. 03 de 2011) ordena que no se puede alegar la sostenibilidad fiscal como pretexto para afectar los derechos sociales de los trabajadores, y mantener el 12% de aporte a la salud para los pensionados (de la tercera edad en su inmensa mayoría), quienes ganan menos pero pagan más que los trabajadores activos, lo que es agravio al derecho y al propio texto constitucional.
El ministro Cárdenas induce a que su criterio de sostenibilidad fiscal se imponga a pesar de estarle prohibido por la Constitución. Y lo peor y vergonzoso: tiene ya preparada la “mermelada” para cubrir de indignidad a nuestro Congreso. ¡Pobre país, con tanta deshonra encima!
PD. Corolario. El Ministro del Trabajo debe renunciar. Su función privativa, otorgada por decreto, es llevar la voz del gobierno en los proyectos sociales tramitados en el Congreso de la República. Pero fue desplazado por El Régimen, diría Álvaro Gómez.
También el Ministro de Hacienda debe hacerlo para no ser desleal, porque miles y miles de pensionados confiaron en la palabra del presidente Santos, quien quedaría como incumplidor de sus promesas por cuenta del presuntuoso ministro Cárdenas.
