Hay problemas graves en la Policía. Es oportuna la conformación de una comisión de alto nivel para que investigue y recomiende ajustes. Y para que escuche a los policías, que nadie parece oír.
Colombia lleva décadas sufriendo la incesante actividad de unas guerrillas criminales, carteles y organizaciones de narcotráfico, mafias de todo pelaje, contrabandistas, bacrim y, por supuesto, la delincuencia común que en las estadísticas es la causante del mayor número de delitos.
Vivimos, pues, en un país en permanente estado de excepción ante el reto de responder de forma continuada a tan grandes cantidades de actos delictivos contra la sociedad. Allí están al frente las Fuerzas Militares y la Policía. En los países “normales”, las competencias de dichas fuerzas están perfectamente delineadas. En nuestro medio, la Policía se militariza y el Ejército cumple también funciones policiales.
La Policía es, atendiendo su personal y sus recursos, una de las organizaciones más grandes del país. Y donde trabajar, aparte de un honor cívico, es un peligro cierto: de conformidad con los estudios del profesor Juan Carlos Ruiz, director de la Maestría de Ciencias Políticas de la Universidad del Rosario, “entre 2003 y 2014 murieron de manera violenta 2.115 uniformados colombianos, el 90 % en horas de servicio”. En promedio, unos 190 policías por año.
Las condiciones laborales de los agentes se han deteriorado. Hay un problema pensional que para la próxima década será inmanejable. La imagen de la Policía sufre altibajos. Y la relación entre los agentes de policía y la comunidad sufre vaivenes pues hay situaciones de maltrato de parte y parte. Aunque la institución sigue teniendo buen nivel de aceptación ciudadana (54 % en la más reciente Gallup Poll, la N° 109 de noviembre de 2015), el registro histórico viene descendiendo de forma constante desde que comenzó la administración Santos en agosto de 2010, fecha para la cual era superior al 70 %.
No ayudan a la legitimidad de la institución los continuos escándalos, la sensación de que la corrupción está enquistada y que desde la base del escalafón hasta la cúpula hay un afán de lucro a como dé lugar que anula cualquier otro propósito de cumplir con las funciones -múltiples, esenciales, vitales para la convivencia- que les son confiadas.
Hoy, tal y como reconoce el propio ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, hay una batalla sorda al interior de la Policía para llegar a la cúpula. El director de la Policía, general Rodolfo Palomino, reconocido por la comunidad y percibido desde hace años como trabajador y cercano, está sometido a muchos interrogantes. Vuelve la impresión de que los directores se tornan en una especie de monarcas con sus respectivas cortes protegidas e intocables.
Preguntaba el presidente Juan Manuel Santos el pasado miércoles: “¿Qué está pasando en la Policía? ¿Qué hacer con ella?”. Y anunció a continuación la conformación de una comisión para que “investigue a fondo” lo que allí está pasando, y que “dé ideas sobre qué hacer hacia adelante”. Tendrá 90 días para presentar el informe, que no se sabe si será consultivo, vinculante o meramente testimonial.
Nos parece conveniente esta comisión, de la que hacen parte dos exministros de Defensa. Ojalá, además de investigar y observar, también escuche a los agentes y conozca sus penalidades. Toda la sociedad quiere y pide una Policía transparente. Con una exigencia ética superior a la que la misma sociedad ofrece, pues hay policías y oficiales corruptos en una sociedad con muchos sectores corruptores.
La Policía es la primera manifestación de poder estatal con la que se topan millones de ciudadanos. La única que conocen tantos otros. Que funcione bien es vital para un país tan poco normal como este.
