Mentiras, solo mentiras. En medio de ellas se mueve impunemente nuestra justicia, mientras que quienes defendieron la democracia se encuentran privados de la libertad.

El arma más novedosa de nuestra izquierda es hoy reescribir la historia a su antojo. Lo estamos viendo, treinta años después, con los hechos del Palacio de Justicia. A este respecto, vale la pena examinar su más reciente rosario de mitos.

Son muy llamativos, por cierto. El primero es el de ‘la ratonera’. Según esta fábula, las Fuerzas Militares conocían de antemano el plan del M-19 y habían dejado sin protección el Palacio de Justicia para que, una vez tomado por los guerrilleros, pudieran estos ser cercados y liquidados sin tomar en cuenta la vida de los rehenes y sin esperar autorización alguna del Gobierno. Prueba de lo anterior sería la rápida llegada de los tanques a la plaza de Bolívar.

Se trata de una flagrante mentira. El rumor de una posible toma del Palacio por el M-19 estaba relacionado con la visita al país del entonces presidente François Mitterrand tres semanas antes. Cuando nada ocurrió, se tomó como una falsa alarma y las medidas de protección a la Corte fueron levantadas a petición de los propios magistrados. Los tanques llegaron una hora después de producida la toma y el coronel Plazas Vega, que estaba al frente de la unidad de tanques, esperó la orden del presidente Betancur para iniciar la heroica operación de rescate que permitió la liberación de 260 rehenes y que tuvo como costo el sacrificio de once miembros de la Fuerza Pública y 31 más gravemente heridos.

Otro mito que ha hecho carrera es el de asegurar que los magistrados fueron asesinados por balas calibre 9 milímetros, propias de la Fuerza Pública, pues el M-19 no poseía tales armas. Mentira. Los terroristas no solo tenían fusiles de asalto AK-47, sino también subametralladoras israelíes UZI de 9 milímetros y pistolas automáticas del mismo calibre.

Este mito pasa por alto otra realidad: los magistrados fueron fusilados por los guerrilleros, según el testimonio de un sobreviviente de tal horror, el magistrado Hernando Tapias Rocha.

El cuarto mito, recogido sin escrúpulos por notorios personajes empeñados en reescribir la historia del país, sostiene que el incendio del Palacio de Justicia fue provocado por los rockets incendiarios disparados por los carros blindados del Ejército. Otra fábula suya. Todavía pretenden desconocer que Pablo Escobar financió la toma para quemar los archivos e impedir que aquel día, 6 de noviembre, se aprobara la extradición.

Finalmente, el más perdurable de los mitos es el de los desaparecidos. Se afirma que 11 personas salieron con vida y que una vez fueron llevadas a la Casa del Florero nunca más se supo de ellas. El único caso demostrable es el de la guerrillera Irma Franco Pineda. Retenida por miembros de la Inteligencia Militar, fue sacada en una camioneta y desapareció para siempre. ¿Ultimada tras los intentos de arrancarle una confesión? Tal vez. De ello deben responder quienes dirigían la Inteligencia en aquel momento y no el general Arias Cabrales ni el coronel Plazas Vega, cuya misión era solo la de rescatar el Palacio tomado por el M-19.

No debe pasarse por alto que muchos de los cuerpos calcinados en el Palacio quedaron sin identificar y aún están en poder de la Fiscalía. ¿Por qué se mantiene en la sombra esta realidad? La pregunta está vigente. Quienes se han encargado de sustentar el mito de los desaparecidos son los colectivos de abogados, a fin de obtener con él millonarias indemnizaciones económicas de parte del Estado.

Mentiras, solo mentiras. En medio de ellas se mueve tranquila e impunemente nuestra justicia. Procesos amañados y falsos testigos, ni un solo día de cárcel para los responsables de 220.000 asesinatos, 25.000 desaparecidos y más de cinco millones y medio de desplazados, mientras que un héroe, Alfonso Plazas Vega, lleva ocho años encerrado a la espera de que la verdad en su caso prevalezca. ¿En qué país vivimos?