El exfiscal Eduardo Montealegre le dejó a la Corte Constitucional semejante tarea: que determine cuál es el verdadero significado del término “acuerdo” con las Farc, que, según él, y a la luz de las normas del Derecho Internacional Humanitario, no solo sería un texto de trámite corriente para aplicar lo pactado con la guerrilla, sino que tendría el valor de un tratado internacional, por demás de carácter supraconstitucional.

Mientras estaba en el cargo, Montealegre les produjo a los negociadores del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, una larga lista de incomodidades y malestares. Por su rango y calidades, cada cosa que decía les obligaba a los plenipotenciarios a precisar sus alcances o por lo menos les hacía morder los dientes en el silencio de su residencia del Laguito, en La Habana.

Siempre logró el exfiscal despertar suspicacias y nuevas interpretaciones en el largo camino del desarrollo de los asuntos de la justicia transicional. En pleno conflicto, sin que hubiese asomos de una tregua bilateral y definitiva entre las partes, Montealegre le dijo a Yamid Amat que “estamos en una negociación y no en un proceso de sometimiento. (…) El Gobierno y la insurgencia pueden crear normas jurídicas con fuerza vinculante que entran a formar parte del bloque de constitucionalidad”.

Su dedo en la llaga no fue para inspirar la autocrítica guerrillera frente a las víctimas y frente a sus constantes infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y sus violaciones de los derechos humanos, sino que clavó su uña larga para hurgar en las debilidades del Estado.

“Al finalizar el proceso de paz, se firmará un tratado de paz que tendrá el mismo rango de una norma constitucional y así lo debe reconocer la Corte Constitucional”, le enfatizó el señor Montealegre al periodista. ¡Ahhh, lindo!, diría un amigo muy montañero.

Otros con sorna señalaron que Montealegre, con nadaíto de perro, le ha estado haciendo favores político-jurídicos a las Farc. No tengo pruebas, pero sí reservas, dados los alcances calculados de sus aseveraciones y sus demandas ante la Corte Constitucional.

Ha dicho y ha perorado tanto Montealegre frente al proceso de paz en Cuba, sin que nadie se lo pidiera y sin que fuese necesario para darles impulso a las conversaciones, que el país se pregunta: “¿y este señor, a quién le está haciendo mandados?”.

“El pueblo no tiene competencia para dar marcha atrás a lo que se firme en La Habana”, sentenció Montealegre. Qué triste tigre este que cree en un proceso de paz que no involucre ni empodere a los ciudadanos.